El Estado de México tiene años presentando diferentes problemáticas referente a la situación hídrica. He sido testigo de esto desde que tuve la oportunidad de ser regidor en mi municipio de Huixquilucan y la constante, desde entonces, ha sido que el acceso al agua potable, aunque es un derecho humano esencial, sigue siendo negado a millones de ciudadanos.
Al día de hoy, tras una suma de factores, la situación se ha vuelto cada vez más compleja. En poco tiempo, la creciente población del sector, unida a la contaminación de acuíferos y la sobreexplotación del recurso, ha creado un escenario que demanda acción inmediata.
La imposibilidad de acceder al agua potable digna afecta no solo la salud de las familias, sino que repercute de manera directa en el desarrollo educativo y social de las comunidades. En 2024, se estimó que más de 2,000 escuelas de educación básica en la entidad carecieron de este recurso esencial.
Estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han demostrado que un simple acceso a agua potable purificada puede ser determinante en el desempeño escolar de los niños.
Ejemplo de lo anterior es el impacto negativo que provoca en el rendimiento académico de los estudiantes el no tener una hidratación adecuada.
La crisis del agua se manifiesta particularmente en las comunidades más vulnerables. A pesar de contar con redes de agua potable, muchas familias se ven forzadas a adquirir pipas para satisfacer sus necesidades básicas, destinando un significativo porcentaje de sus ingresos a este gasto recurrente. La situación es aún más precaria en zonas rurales y asentamientos irregulares, donde la infraestructura es deficiente y las opciones de abastecimiento son aún más limitadas.
En este contexto, presentaremos dos iniciativas en el Congreso mexiquense que proponen instalar estaciones de purificación de agua en las escuelas, así como ofrecer un servicio gratuito de pipas, como una propuesta de solución ante esta crisis.
Con ello, no solo buscaremos garantizar la salud de nuestros niños, sino también aliviar la carga financiera que enfrenta cada hogar. La inversión en infraestructura hídrica no es una opción, sino una necesidad urgente para asegurar un futuro donde el agua limpia y tratada esté al alcance de todos.
Es crítico que las autoridades estatales y los diputados locales nos sumemos para atender la gravedad de esta crisis y actuemos de manera contundente, ya que implementar políticas públicas que garanticen el acceso agua potable, tanto en las escuelas, como en los hogares de los mexiquenses, no puede esperar más.
La protección y gestión adecuada de recursos hídricos es un asunto que nos concierne a todos.
Cada acción cuenta, y solo juntos podemos trabajar por un Estado de México, donde el acceso al agua potable sea un derecho respetado y garantizado. La salud, el bienestar y el futuro de los mexiquenses dependen de ello. La hora de actuar es ahora.