De forma autónoma estados, municipios y ciudades tendrán que impulsar acciones y políticas públicas orientadas a temas que conciernen a la población, como la creación de corredores verdes que impactan directamente al cambio climático, al mejoramiento del medio ambiente, con mejoras en áreas públicas verdes y de movilidad sustentable, entre otros aspectos.
Los alcaldes ya no deben ser simples administradores electorales ni cajas chicas para campañas, sino que deben atender lo que la realidad impone, verdaderos gobernantes que ejercen y desarrollan políticas públicas en su ámbito de competencia.
Que dentro de sus facultades exijan a la federación que se les permita la recaudación y la libertad de acciones como la creación e implementación de los corredores verdes.
El municipio debe enfocarse en impulsar acciones como la generación distribuida (paneles solares en techos de las casas, comercios e industrias), transporte público eléctrico o a gas natural, es decir, en desarrollar la infraestructura energética que impulse la sustentabilidad, así mismo, en los servicios que proporcione agua, drenaje y captación de agua de lluvia, a través de una infraestructura que permita soportar servicios como luz, telefonía, internet, gas natural, conexiones y estaciones eléctricas, y de gas para transporte público, respetando reservas territoriales para parques y espacios verdes.
Decisiones centralistas
Hasta ahora todo esto depende prácticamente de la voluntad del gobierno federal que se apropia las decisiones y lejos de incentivar, sólo han castrado la voluntad de cambio que algunas ciudades han intentado.
El reto de la presidenta electa Claudia Sheinbaum será trasladar a los estados y los municipios esas decisiones, ratificando el mandato constitucional y así fortaleciendo el pacto federal.
México no puede seguir como hasta ahora, el país está cambiando. En las pasadas elecciones se renovaron nueve gubernaturas y los municipios de 30 entidades, es decir, casi 2,000 municipios de los 2,476 en que se divide la república, este cambio, bien puede ser la transición y darse por fin el certificado de “mayoría de edad” a los municipios.
El impulso que falta
Hasta ahora, muy pocos municipios y ciudades han intentado acciones para establecer los corredores verdes. La CDMX con la implementación del Programa Especial de Infraestructura Verde, pretendía aumentar la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad, aumentar los servicios ambientales y mitigar los efectos del cambio climático. Se logró concretar un proyecto, la planta fotovoltaica instalada en la Central de Abasto con la que se dejarán de emitir 11 mil 400 toneladas de CO2; equivalente a la reforestación de 29 mil árboles de pino y a su cuidado durante 50 años y un ahorro de 3.5 millones de pesos, de un total de 13 millones que pagan cada año los locatarios por este servicio.
Esta central, si bien fue concebida e impulsada por la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se logró porque AMLO lo consintió, siempre y cuando el crédito fuese para CFE. Al final, si la CFE no hubiera aceptado, no se hubiera podido concretar.
Otras ciudades que han implementado algunas acciones han sido Monterrey, con el programa Monterrey Metropolitano 2040, que busca el uso eficiente del terreno y la coordinación de un programa de movilidad y Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, o la ciudad de Mérida con el trasporte eléctrico.
Sin embargo, hasta ahora, las decisiones en materia de transición energética, medio ambiente, sustentabilidad y movilidad, recaen en el orden federal y limitando a estados y municipios el poder de innovar, emprender y de incentivar al sector privado para que contribuya en estos trascendentales temas.
Un cambio ecológico
Es lamentable que AMLO siga insistiendo con la refinería de Dos Bocas, privilegiando el transporte y la generación de electricidad a través de combustibles fósiles que siguen funcionando con diésel, combustóleo y carbón, como las de Lerma en Campeche, de Tultitlán en Lechería, Estado de México o la de Tula en Hidalgo.
Si Sheinbaum decide seguir el camino que le trazó AMLO con la reforma al poder judicial, la eliminación de los órganos autónomos como la CRE, CNH, INAI, COFECE afectará la transición energética, ya que son organismos pilares para facultar a estados y municipios a que por sí solos generen las condiciones de aprovechamiento de movilidad, generación distribuida y medidas medio ambientales y de conservación.
La verdadera transición estará en permitir que los municipios gobiernen y no sean “hongos” del gobierno federal. No se requiere una reforma fiscal, lo que se requiere es un nuevo pacto federal ya que las ciudades y el planeta no aguantan más.
X:@diaz_manuel