La justicia en Andorra ha quedado bajo sospecha, y no es la primera vez. Stéphanie García y el funcionario Joan Carles Moynat Rossell han tejido una red de corrupción y abuso de poder que ha puesto en jaque a empresarios internacionales, incluido un grupo de mexicanos que aún no recuperan su patrimonio tras más de una década de embates judiciales arbitrarios. El caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) se ha convertido en el epicentro de un sistema que, bajo la apariencia de combatir el lavado de dinero, esconde un mecanismo de despojo de capitales, donde las víctimas son los empresarios que alguna vez confiaron en ese sistema financiero.
Un sistema que criminaliza a la inversión extranjera
La trama más reciente, que involucra a un empresario mexicano, deja al descubierto los métodos que utilizan García y Moynat para prolongar la congelación de activos bajo pretextos infundados. Este empresario, quien prefiere mantener su anonimato, ha sido perseguido durante más de diez años por acusaciones de lavado de dinero, a pesar de que auditorías internacionales han demostrado la legitimidad de sus recursos.
Este esquema de persecución es una clara muestra de cómo la justicia puede ser utilizada como herramienta de extorsión. Joan Carles Moynat Rossell, utilizando su posición de poder, no solo ha emitido órdenes de aprehensión sin fundamento, sino que ha buscado chantajear al empresario para que renuncie al 70% de sus activos retenidos, a cambio de levantar las medidas cautelares. Un intento desesperado por parte de las autoridades andorranas para justificar el despojo.
Andorra: el nuevo rostro del abuso financiero
El problema no es solo legal, sino ético. El hecho de que la jueza Stéphanie García haya desestimado pruebas y documentos oficiales provenientes de las autoridades mexicanas —que exoneran al empresario de cualquier delito— evidencia un patrón de discriminación y prejuicio. García ha señalado en privado que no confía en la información oficial de México, alegando corrupción en el país, un pretexto conveniente para continuar con su estrategia de dilación y enriquecimiento ilícito.
Este es un insulto flagrante, no solo a los empresarios que han invertido legalmente en Andorra, sino también a los acuerdos internacionales de cooperación judicial. Las autoridades del principado han solicitado reiteradamente asistencia jurídica a México, pero cada vez que la información enviada favorece a los empresarios, simplemente la descartan, alegando que no es confiable. ¿Qué tipo de justicia es esa que solo confía en la información cuando sirve a sus propios intereses?
Un patrón de violación de derechos humanos
Este caso ha encendido las alarmas entre juristas y defensores de derechos humanos, tanto en México como a nivel internacional. La retención arbitraria de fondos bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero es solo una fachada para lo que realmente es un despojo sistemático y coordinado. Las autoridades andorranas han creado un entorno de opacidad en el que los derechos de los empresarios extranjeros, especialmente de aquellos provenientes de países como México, son pisoteados con impunidad.
El empresario mexicano ha sido claro en sus declaraciones: “He sido perseguido y discriminado por mi origen. Las autoridades de Andorra han dañado mi integridad y mi patrimonio, y ahora intentan vincularme con delitos que jamás cometí”. Este testimonio no es solo una denuncia individual, sino una muestra de cómo opera un sistema judicial que utiliza la nacionalidad como justificación para la discriminación y el abuso.
¿Dónde están los controles internacionales?
Es aquí donde surge la pregunta inevitable: ¿quién controla a los jueces y funcionarios corruptos como García y Moynat? La falta de transparencia en el sistema judicial andorrano ha permitido que estos actos continúen sin que exista una rendición de cuentas. En un país tan pequeño y hermético como Andorra, los funcionarios parecen actuar con total impunidad, seguros de que las denuncias internacionales no llegarán a afectarles.
La comunidad internacional no puede seguir ignorando estos abusos. México, en particular, tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y de exigir que se respeten los acuerdos de asistencia jurídica internacional. El caso de este empresario mexicano no es el primero ni será el último si no se toman medidas inmediatas.
El costo de confiar en un sistema corrupto
El daño que este empresario ha sufrido es incalculable, no solo en términos económicos, sino también en su reputación y bienestar personal. Ser objeto de una persecución prolongada por más de una década ha dejado cicatrices profundas que ni siquiera una resolución favorable podría borrar por completo. Sin embargo, la lucha continúa.
El equipo legal del empresario ha puesto su confianza en las autoridades mexicanas, que ya han emitido un documento oficial donde declaran su inocencia y hacen un llamado al Principado de Andorra para que respete los acuerdos internacionales. Pero, ¿será suficiente? La maquinaria de despojo de Andorra sigue activa, y mientras funcionarios como García y Moynat mantengan el control del sistema judicial, los empresarios extranjeros seguirán siendo vulnerables.
Un llamado a la justicia
La justicia internacional no puede permitirse ser cómplice de estos abusos. Andorra, un país que en su día fue visto como un refugio seguro para la inversión, ha mostrado su verdadero rostro: un sistema judicial opaco y corrupto que prefiere enriquecerse a costa de los empresarios que alguna vez confiaron en su estabilidad.
Es momento de que las autoridades mexicanas y la comunidad internacional exijan responsabilidad y transparencia en el caso de Andorra. No se trata solo de un empresario mexicano, sino de la necesidad urgente de garantizar que ningún país pueda seguir utilizando la ley como pretexto para el robo y la extorsión.
Andorra debe responder por sus acciones, y Stephanie García y Joan Carles Moynat Rossell deben ser investigados y, de ser necesario, removidos de sus cargos. El futuro de la justicia internacional depende de que casos como este no se repitan.