En un escándalo que ha sacudido tanto al mundo del futbol como al de la transparencia, se ha descubierto que funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) intentaron sobornar a la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT) para obtener boletos a bajo precio para el Mundial de 2026. Esta revelación no es solo un bochorno para el organismo encargado de velar por la transparencia en México, sino, para no variarle, una crítica severa a la administración de Claudia Sheinbaum, que ha prometido una nueva era de honestidad y justicia.

La crítica al gobierno federal no puede ser más contundente. Mientras se habla de transformación y limpieza en las instituciones, vemos cómo la corrupción sigue encontrando formas de infiltrarse, incluso en aquellos pilares que deberían ser los más incorruptibles. El INAI, creado para ser el guardián de la transparencia y el acceso a la información, ha sido manchado por la ambición personal de sus funcionarios, quienes buscaron aprovecharse de la pasión nacional por el futbol para su propio beneficio.

Este intento de soborno no solo pone en tela de juicio la integridad del INAI sino que también revela una cultura de corrupción que parece impermeable a los cambios políticos. La FEMEXFUT, por su parte, ha salido a la luz como una víctima, aunque también se debe cuestionar su manejo de este tipo de situaciones. ¿Qué medidas se tomarán para evitar que estos actos se repitan en el futuro? La confianza en ambas instituciones se ha visto gravemente afectada.

La administración de Sheinbaum ha hablado de erradicar la corrupción, pero casos como este demuestran que el camino es largo y lleno de obstáculos. La remoción de los funcionarios involucrados es un primer paso, pero no suficiente. Es necesario un escrutinio profundo de las prácticas dentro de lo que queda y lo que le queda en tiempo de vida al INAI, y una reforma que asegure que la transparencia no sea solo una palabra en el discurso político, sino una realidad en cada acción del gobierno.

Además, este incidente pone sobre la mesa la necesidad de una revisión de cómo se manejan los eventos de gran magnitud como el Mundial 2026. La distribución de boletos, la transparencia en los contratos y las relaciones entre instituciones públicas y privadas deben ser vigiladas más de cerca. No podemos permitir que eventos que unen al país se conviertan en oportunidades para actos de corrupción.

En resumen, este escándalo es una bofetada a la promesa de una Cuarta Transformación. El gobierno federal debe actuar no solo con la urgencia que este caso requiere sino con la visión a largo plazo de reconstruir la confianza en las instituciones. La lucha contra la corrupción no puede ser un eslogan de campaña; debe ser una batalla constante y real, donde la transparencia no sea negociable y el futbol, como símbolo nacional, se mantenga puro de las garras de la corrupción.