Los derechangos (conservadores, les dice muy decentemente el compañero Presidente) andan ahora muy acelerados queriendo acusar de corrupción al gobierno de la 4T. Ya se han topado con pared muchas veces, y ya deberían estar convencidos de que no pueden acusar a AMLO de corrupto. Por más que lo han intentado, quedan en ridículo una y otra vez. Si antes, cuando gobernaban y tenían a su servicio al CISEN y al SAT nunca pudieron encontrarle nada ilícito o siquiera irregular, ahora menos.
Antes del 2018, se cansaron de inventarle cosas como su mansión en el fraccionamiento La Toscana, vivir siempre del erario sin trabajar, que una vez recibió dinero de Manuel Camacho Solís para levantar su plantón en el Zócalo, etc. Todas esas estupideces nunca prosperaron. Ahora están intentando hacer los mismos ataques pero dirigiéndolos a su primer círculo de colaboradores o a su familia. Se trata de desprestigiar a toda costa la lucha contra la corrupción que ha emprendido la 4T.
Veamos algunos de estos ataques. Han llegado a decir estos comentócratas y pseudoperiodistas: “es que tienen muchas propiedades”. ¿Y eso les extraña a sus acusadores, muchos de ellos enriquecidos al amparo del poder público? Son cínicos a más no poder. ¿Robaron para comprarlas? Hasta ahora no hay absolutamente ninguna acusación en ese sentido, ni siquiera en investigaciones periodísticas. Han acusado a Manuel Bartlett de corrupto, y de que es protegido por el gobierno de AMLO, para seguir impune. Y su argumento principal es que Irma Eréndira Sandoval, ex secretaria de la Función Pública, realizó una investigación y “lo exoneró”. A ella y a su esposo, el académico John Ackerman, también les adjudicaron muchas propiedades, y que es muy “sospechosa” la forma en que se hicieron de ellas.
Lo curioso es que hacen sus acusaciones sin aportar ninguna prueba. Irma Eréndira, siendo todavía secretaria, emitió un comunicado en el cual señaló que jamás ha recibido ningún inmueble como regalo o donación de funcionario o político alguno, y que su declaración patrimonial es pública, al igual que la de todo el gabinete. Sus propiedades son producto del trabajo de ella y su esposo, el distinguido académico de la UNAM, el Dr. John M. Ackerman.
Manuel Bartlett es uno de sus blancos favoritos. Siguen recordando desde la famosa “caída del sistema” hasta el asesinato de Manuel Buendía. Sin embargo, en toda su carrera como funcionario público, Bartlett nunca ha sido acusado de corrupto. Lo han acusado de muchas otras cosas, desde nexos con capos del narco hasta cómplice de asesinatos, pero sin prueba alguna. Al igual que cualquier miembro del gabinete, ha mostrado sus bienes en su declaración patrimonial.
Otro ataque lo dirigen a los hijos mayores del presidente, José Ramón, Andrés y Gonzalo. Ahora resulta que estos han utilizado fondos públicos para echar a andar sus dos “enormes fábricas, de chocolates y de cerveza”. Han utilizado fotografías de José Ramón con su esposa en diferentes partes del mundo y en aviones privados como pruebas de lo anterior. Tuvo José Ramón a su primer hijo en un hospital de Houston. No tardaron en salir los derechangos y sus bots mascotas a decir, por ejemplo: “¿pues qué se cree este pelagatos? ¿Por qué no lo tuvo en una clínica del IMSS o del ISSSTE, no que muy austeros?”
En primer lugar, no existen las “enormes fábricas de chocolate y de cerveza”. El abuelo materno de los muchachos inició la fabricación de chocolate, ya que en Tabasco tenía sus plantíos de cacao. Esos plantíos, así como la fábrica artesanal, los heredó a Rocío, la fallecida primera esposa de AMLO y madre de los tres hijos mayores. Lo único que han hecho recientemente es utilizar nuevos canales de comercialización que les han funcionado muy bien.
De igual modo, han empezado a fabricar cerveza artesanal, proyecto que está en sus fases iniciales. En segundo lugar, José Ramón no gasta como si fuera multimillonario, ninguno de ellos lo hace porque ninguno es multimillonario. Les han inventado que son dueños de un Lamborghini o hasta que usan tenis de 8 mil dólares. Puras estupideces y falsedades, que han sido exhibidas una y otra vez. Lo único cierto es que José Ramón se casó con una chica que es de nacionalidad brasileña-estadunidense, muy preparada, y que trabaja como alta ejecutiva de una empresa transnacional del sector energético. Los aviones privados que han sido mostrados pertenecen a esa empresa o rentados por la misma, no a Carolyn Adams, la esposa. La chica viaja por todo el mundo, y ocasionalmente la acompaña José Ramón. Su primer hijo nació en Houston porque ahí radican sus padres.
Luego, a raíz de una “maravillosa investigación” del equipo de Carlos Loret (LatinUS) encontraron que José Ramón vivió en una enorme residencia en Houston con alberca. Al principio, manejaron la nota como si él fuera el dueño de la mansión. Luego resultó que la dueña de la casa era la empresa Baker Hughes, del sector energético. Ya con eso, dedujeron estos sagaces reporteros, se configuraba un conflicto de intereses con abundante corrupción. A los pocos días, este entramado se cayó como castillo de naipes: el dueño de la casa no era esa empresa, sino un ejecutivo de la misma que nunca había hecho negocios en México porque sus funciones estaban en otra parte. Había dado la casa a una empresa administradora para que consiguiera inquilino y cobrara por su cuenta las rentas, lo cual es de lo más común en Estados Unidos. Esta empresa se la rentó a Carolyn por un año y el dueño ni siquiera sabía quiénes eran sus arrendadores. Por muy calenturientas que tuvieran sus cabecitas, es muy difícil pensar que una empresa pueda obtener jugosos contratos con Pemex rentándole a cambio al hijo del Presidente de México una residencia con alberca. La empresa Baker Hughes tiene un historial como proveedor de Pemex de más de 40 años.
José Ramón y su esposa tienen todo el derecho del mundo a vivir como quieran y donde quieran, lo hacen con su propio dinero. Podrá quizás no gustarle a AMLO la ostentación de lujos que hace su nuera, pero recordemos que José Ramón no es servidor público y Carolyn no tiene negocios en México, ni la empresa para la que trabaja, Cava Energy.
De tal manera que ni ha podido acreditarse el supuesto conflicto de interés ni nada parecido. A este grado de absurdo han llegado, con tal de intentar señalar a AMLO, a su equipo de trabajo o a sus familiares con dedo flamígero y decir: “¿Ya ven? ¡Son iguales!”. Con ello quieren decir que son iguales a sus dueños que les pagan por elaborar estos infundios. ¿Esto es tan difícil de comprender? No lo creo. Lo que sí creo es que las ganas de estar jodiendo son muchas.
Otros casos recurrentes en su narrativa anti-AMLO son los casos de los hermanos de López Obrador y de Felipa Obrador (prima). En el primer caso, han exhibido videos donde se les ve recibiendo dinero para el movimiento antes del 2018. ¿Cuál es el delito que cometió Pío? Ninguno, la prueba es que no existen acusaciones contra él. No robó a nadie, y la simple entrega de dinero de esa manera no es prueba de nada. De hecho, en las campañas que hicimos de Morena, siempre estábamos aportando los militantes del movimiento, ya fuera con recursos o en especie.
Hubo empresarios que aportaban mucho dinero. La ley electoral lo permitía y lo permite. Hasta ciertos límites, claro. Lo importante en todo caso es que se acredite que ese dinero se entregó al movimiento o a la campaña que se tratara y que exista la documentación correspondiente que así lo avale. Por eso el Presidente declaró que es necesario que se investigue y que se transparente todo. Hasta donde se sabe, ni el INE ni la FEPADE ni el Tribunal han señalado alguna irregularidad. El caso de la prima Felipa es diferente. Ella es una empresaria que trabaja desde hace más de veinte años vendiendo servicios y productos al gobierno. En licitaciones donde había participado, ganó varios concursos y los contratos los exhibieron como prueba de “corrupción y nepotismo”. ¡Había contratos desde el sexenio de Fox y aun de antes!
Y recientemente PEMEX había celebrado unos nuevos contratos con las empresas representadas por Felipa Obrador. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está la corrupción? Creo que sin importar el parentesco, Felipa Obrador tiene el derecho a seguir ganándose la vida con sus negocios, que son lícitos y transparentes. Sin embargo, el compañero Presidente, al salir a la luz dichos contratos, ordenó que se cancelaran. A mí en lo personal me parece injusto.
Pero, al actuar así se está sentando un precedente de que los negocios de amigos y familiares al amparo del poder público están prohibidos. Algo impensable en los gobiernos del PRIAN. Hay un hecho incontrovertible: la derecha seguirá buscando la manera de desacreditar y de desprestigiar al gobierno de la 4T. De eso podemos estar seguros. Su única labor es la destrucción del gobierno del Presidente López Obrador y el desprestigio de la Cuarta Transformación. Y es labor nuestra el desenmascarar a esos hipócritas.