El ambicioso proyecto para transformar la política de viviendas ha comenzado, pues el sábado han entrado en vigor importantes reformas legislativas que afectan a la Ley de Vivienda, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todas ellas con un claro enfoque en la vivienda accesible e inclusiva.
El decreto se publicó este 14 de junio entrando en vigor al día siguiente. Las reformas fueron aprobadas en la Cámara de Diputados el 29 de abril de este año y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado, entrando en vigor al día siguiente, conforme a lo estipulado en uno de sus artículos transitorios.
Es decir que, para esta semana, las principales dependencias ya tuvieron que haber adaptado sus protocolos para permitir el acceso pleno a estos beneficios.
Tres primeros pasos para la vivienda digna: Créditos para adultos mayores; arquitectura con perspectiva de discapacidad, adaptada y accesible para distintas discapacidades y requerimientos de servicios mínimos para el desarrollo de vivienda. Estas reformas son la antesala al proyecto más grande consistente en la posibilidad de adquirir viviendas tras el esquema de pago de rentas por 10 años así como la política pública de mayor desarrollo de vivienda.
Entre las modificaciones más significativas a la Ley de Vivienda se encuentra la obligación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) de establecer vínculos institucionales y convenios de asistencia técnica, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en coordinación con las autoridades pertinentes, deberá garantizar que las viviendas dispongan de espacios habitables adecuados y servicios esenciales como agua potable, desalojo de aguas residuales y suministro eléctrico. Además, se subraya la necesidad de asegurar la seguridad estructural, la accesibilidad y la adecuación climática de las viviendas bajo criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres.
Por otro lado, se establece que los modelos normativos y prototipos constructivos deben promover la accesibilidad, la eficiencia de los sistemas funcionales y el respeto a los recursos naturales, adaptándose a las diversas modalidades habitacionales en las distintas regiones del país.
En cuanto a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, las reformas aseguran que este grupo poblacional pueda acceder a créditos accesibles para adquirir, remodelar o adaptar una vivienda propia. Mientras tanto, en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se reconoce explícitamente el derecho a una vivienda digna y se establece que los programas de vivienda deben incorporar proyectos arquitectónicos accesibles. La reforma ordena que instituciones de vivienda brinden facilidades para la obtención de créditos o subsidios destinados a la adquisición, redención de pasivos, remodelación o adaptación de viviendas.
Anteriormente, se establecían restricciones en el acceso a créditos hipotecarios o financiamiento para remodelación evitando que los adultos mayores accedieran a ellos, aun teniendo solvencia económica para responder a la deuda, tan sólo por su edad.
Estas medidas discriminatorias aún son replicadas por instituciones bancarias, pero al menos las instituciones públicas de vivienda como el Infonavit deberá modificar sus políticas para dar cumplimiento a esto.
La piedra en el zapato se concentra en la inflación. Varios derechohabientes que tramitaron créditos hipotecarios antes del 2016, se han enfrentado desde la pandemia a la exorbitante “transformación” de cifras por haber contratado créditos en Veces Salarios Mínimos (VSM), por lo que aún están batallando en cambiar sus financiamientos al esquema de crédito en pesos, para congelar las deudas y frenar el aumento de las mensualidades con la inflación desde enero de 2024.
Frida Gómez en X: @ifridaita