El pasado 1 de febrero, en el marco del inicio de sesiones del periodo ordinario del Congreso de la Unión, Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, detuvo el ingreso de militares en el recinto legislativo. El contingente de la Sedena buscaba que fuesen rendidos honores a la bandera en el interior del gran salón de sesiones.
Creel, con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en mano, que a la letra dice en su artículo 12: “Los recintos del Congreso y de la Cámara son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso”, justificó su decisión con una base jurídica sólida e inequívoca que garantiza la soberanía e independencia de uno de los pilares del Estado mexicano. En adición, el panista arguyó que a la luz del artículo 25 del Reglamento interno, se prohíbe la entrada de cualquier persona armada al recinto legislativo.
La valiente decisión del diputado Creel suscitó un sinnúmero de críticas y descalificaciones por parte de legisladores de Morena y de sus aliados. Con gritos de “traidor” y otros insultos, miembros del partido oficial reclamaron al presidente del Congreso que hubiese, en palabras simples y llanas, aplicado la Ley.
Los sucesos que tuvieron lugar el lunes en San Lázaro no son únicamente una muestra tangible de la polarización política que se vive en el Congreso, sino un signo de la enorme preocupación que existe en México ante una creciente militarización del país. Basta con echar un vistazo a los intentos de golpes de Estado que han tenido lugar en otros países del mundo iniciados con la entrada de soldados armados en los parlamentos.
Cualquier demócrata, de izquierdas o de derechas, y que cree firmemente en la división de poderes, en la soberanía del Legislativo y en la democracia representativa, expresaría su repudio ante el hecho mismo de que militares, quienes hoy ostentan un poder inconmensurable derivado de las recientes reformas legales y tras la adjudicación de tareas en distintas esferas de la administración pública, ingresen en el Congreso.
En suma, Santiago Creel, quien tiene aspiraciones presidenciales, no actuó de acuerdo a intereses partidistas, ni con la voluntad de provocar a los morenistas, sino que se limitó a la aplicación de la Ley y al cumplimiento de su mandato como presidente del Congreso de la Unión.
En México la ley es la ley, y no hay lugar para que cualquier persona, trátese del presidente de la República o del secretario de la Defensa Nacional, busque atropellarla, pues únicamente el respeto a nuestro marco constitucional puede garantizar el Estado de derecho.