No hay forma de juzgar de manera diferente lo ocurrido a 39 personas en una estación de migración de Ciudad Juárez. Se trata de un crimen de lesa humanidad, porque lo que todos vimos en los videos que están circularon profusamente no solo a nivel nacional sino en todo el mundo, es que las autoridades no abrieron las celdas para rescatar del fuego a quienes se encontraban del otro lado de las rejas. Las abandonaron a su suerte, en medio de las llamas. Las dejaron morir asfixiadas y quemadas.
Cualquier persona que conozca un poco de leyes sabe que se trató de un crimen de lesa humanidad, de un homicidio calificado que tiene todas las agravantes que marca la Constitución y los códigos penales así como los tratados internacionales.
Estoy cierto que es momento de que reflexionemos sobre el México que tenemos y el que queremos; ¿queremos un México donde impere la violencia y haya impunidad, donde quienes deben respetar la ley la violen todos los días y se burlen de ella, o queremos avanzar y dejar de lado esas cuestiones y que haya un respeto por la gente? Lo que se percibe por mayoría es que la gente no quiere esta violencia, no quiere la impunidad.
Ahora bien, hay que decir que la falta de confianza en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) -un organismo bajo la tutela de una figura que es comparsa del Ejecutivo- lo mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la égida de Alejandro Gertz Manero, hace necesaria la intervención de organismos internacionales de Derechos Humanos para aplicar los procesos correspondientes.
Es necesaria la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Debe haber un deslinde de responsabilidades y debe haber una sanción ejemplar contra quienes han prohijado estos hechos. De hecho ya deberían de haber sido separados de sus cargos el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; y el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez; y deberían de estar arraigados bajo proceso quienes fueron responsables, los que dieron las órdenes, los que han sido negligentes, y los que han priorizado atender las órdenes de los Estados Unidos de América -a quienes les hacen el trabajo sucio-, y no los chivos expiatorios que ya tienen declarando.
Es absurdo, es una burla de las autoridades que se emitan órdenes de aprehensión contra las víctimas y se les señale de que se auto inmolaron quemando los colchones a propósito para generarle problemas a las autoridades federales.
El Gobierno Federal sigue fallando en todas las materias, y a la cuestión humanitaria, habrá que sumarle el precedente internacional que queda, de que México tiene un gobierno que prohíja la barbarie, el crimen, el horror, el caos, donde no impera el Estado de derecho y donde la Constitución es materia muerta en su aplicación.
El miércoles pasado, la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, en entrevista expresó su consternación por la muerte de los 39 migrantes en el incendio en la estación provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, y criticó la política migratoria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Eso no puede ser la imagen de México, no debe de ser, ¿dónde hemos perdido el compás moral?”, dijo la diplomática en entrevista con Carlos Loret de Mola para Latinus.
Bárcena responsabilizó al gobierno del siniestro, debido a la manera en la que estaba siendo operada la estación por el personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Hay que ver quién estaba a cargo de la seguridad, hay que ver quién era la cabeza de esa estación. ¿Cómo es posible que en medio del inicio de un incendio no hayan sacado a la gente de detrás de las rejas?, ¿cómo es posible que los hayan dejado asfixiarse y morir?”, dijo.
La ex embajadora afirmó que lo ocurrido es una de las tragedias más graves que el país ha tenido en materia de migrantes: “Es imputable al Estado mexicano”, afirmó.
Además, Martha Bárcena dijo que las autoridades tienen que informar si las víctimas habían sido deportadas por el gobierno de Estados Unidos bajo la política de deportación Título 42 o por el programa “Quédate en México”, con la que los solicitantes de asilo deben de esperar en nuestro país la respuesta del gobierno estadounidense.
“Si fuese así, diríamos que este incidente en Ciudad Juárez está directamente relacionado con los acuerdos a los que se llegaron con la administración (de Donald) Trump y ahora la administración (de Joe) Biden, debemos de tener estos datos precisos en la investigación para poder sacar conclusiones”, finalizó.
Lo que ha ocurrido es una tragedia. Es un crimen de lesa humanidad completamente imputable al Estado. Y me parece que no merecemos esto como nación ni como sociedad ni como personas.
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