La denominada “Éxodo de la Pobreza”, una caravana migrante compuesta por migrantes, alcanzó el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, marcando el tercer día de su travesía desde que partió de Tapachula el pasado domingo. Este movimiento pacífico, se ha convertido en un escenario en el que la desesperación de las familias se encuentra con una de las peores caras de México. Vienen desde Haití aquellos que, desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, sufren las consecuencias de la inestabilidad y la carencia. También viajan desde Venezuela y otros países de América Latina.
Desde septiembre, las condiciones de seguridad son críticas en aquella entidad. No han tenido garantizado el derecho al libre tránsito ni siquiera los chiapanecos ni los zapatistas, que han cerrado el acceso a los caracoles en medio de enfrentamientos por una disputa territorial del crimen organizado que amenaza la vida después de haber arrebatado la paz.
Hace poco, obispos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunciaron haber sido amenazados de muerte por sus actividades religiosas, evidenciando que, en México, las células del crimen organizado “ponen en peligro a la sociedad civil, sin que se haga valer el derecho del pueblo a la seguridad, el libre tránsito, la paz y otros, de manera permanente”. Hace 5 días, la empresaria Olga Alfaro fue secuestrada en Mapastepec, Chiapas y el desplazamiento forzado es pan de cada día: abandonar los hogares y territorios o morir en el intento por defenderlos.
El punto es que, frente a una caravana compuesta por poco más de 7 mil migrantes con familias completas, mujeres y menores, el reto de garantizar el paso seguro suena a misión imposible, pues aquello no se ha logrado ni para los habitantes chiapanecos ni para quienes viajan legalmente por ahí.
El origen de la violencia criminal se encuentra en la disputa del Cártel de Sinaloa que se ha instalado en la comunidad de Chamic, cerca de la frontera Comalapa, así como en la zona donde comienza Guatemala, ruta de trasiego de fentanilo, estupefacientes y personas hacia los países del sur, que buscan acaparar varios cárteles más. Como sea, los criminales parecieran jugar en el mismo equipo oficial de casa cuando se trata de migrantes.
El obstáculo legal
El contingente, compuesto por personas que han recorrido alrededor de 20 kilómetros a lo largo de la carretera costera desde Huixtla, se encontró con el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAIFT), donde operan diversas instituciones gubernamentales. A pesar de la presencia de una docena de elementos de la Guardia Nacional, se le impidió el acceso al complejo, lo que generó una protesta por parte de los migrantes que se arrodillaron y emitieron un pronunciamiento exigiendo atención.
La situación de los migrantes pone de manifiesto la precariedad de las condiciones a las que se enfrentan durante su travesía. Muchos de ellos han tenido dificultades para obtener documentos o regularizarse, sumadas a la falta de respuesta de las autoridades migratorias, han llevado a la denuncia de Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana AC, sobre la carencia de trámites legales y las acusaciones de corrupción contra el Instituto Nacional de Migración en representación de las familias en movimiento.
México, un embudo migratorio letal que se estrecha cada vez más
El hecho es que no se trata de simple incompetencia, como algunos críticos podrían acusar. Mucho menos se trata de falta de legislación al respecto: curiosamente, la ley reconoce el derecho a su libre tránsito y contempla un procedimiento para obtener el documento que les permitiría, inclusive, acceder a beneficios como programas de salud, trabajo temporal y acceso a estancias dignas.
Lo que sucede fácticamente es que nuestro país ha alcanzado niveles históricos de detenciones y deportaciones, al tiempo que las desapariciones son punto ciego cuando se trata de quienes no son reclamados.
En la compleja relación con Estados Unidos, hace apenas unos días, fueron cerrados dos puentes ferroviarios que transportan carga entre Texas y México generando pérdidas millonarias después de que fueron detectados migrantes en los trenes. La hostilidad es evidente y en opinión de esta columna, la crisis de seguridad se ha convertido en una herramienta poderosa para lograr el efecto de embudo: contener la mayor cantidad de migrantes, sea mediante el uso de la fuerza y la ley con el Instituto Nacional de Migración de la mano a la Guardia Nacional; o sea por medio de los filtros, retenes y acciones fuera de la ley de los grupos delictivos.
Aunque la estrategia de la caravana de avanzar por el interior del país antes de la reunión entre funcionarios estadounidenses y mexicanos esta semana revela la percepción de que las decisiones podrían ir en detrimento de los migrantes, la realidad es que a México también le conviene que únicamente sean mexicanos los que logren cruzar. ¿La razón? Al menos, en cinco estados reciben remesas superiores al 10% de su PIB, como revela Yolanda Morales en El Economista.
Las organizaciones civiles que acompañan y apoyan a migrantes acusan que falta de documentos está vinculada a la desigualdad económica y la corrupción en las instituciones migratorias. ¿Pero qué sería si, en realidad, es parte de la estrategia de contención?
Desde una perspectiva de “abrazos, no balazos”, recordando a las madres buscadoras de Sonora, probablemente un acto de civilidad política y humanista reside en la posibilidad de un llamado a tener un “acuerdo de paz” que permita a los migrantes seguir su camino sin que los grupos del crimen se interpongan. Tal vez, desde la mañanera.
La hora de la verdad
En dos momentos el gobierno federal podrá demostrar voluntad política: El primero será durante la reunión que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha anunciado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y una delegación de Estados Unidos integrada por el secretario de Estado, Antony Blinken, al secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, y a la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.
Con el liderazgo conciliador de Alicia Bárcena Ibarra, este acercamiento se ha tomado como una señal de diálogo, sin embargo, lo relevante del encuentro de alto nivel que se realizará en Palacio Nacional y será “meramente privado” estará en el tipo de colaboración y acuerdos que se logren.
El segundo momento será en la oportunidad de realizar un llamado abierto a la paz, que implica el reconocimiento de la situación crítica que se vive en Chiapas, en el que debería pedirse un alto al fuego a propósito del paso de la caravana migrante “Éxodo de la Pobreza”, a modo de tregua, tanto para ellos como para los chiapanecos.
Al menos, para los que aún quedan ahí.