El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar parcialmente la reforma constitucional al poder judicial. Se trata de una resolución compleja y robusta, de más de 300 páginas que deben ser analizadas ampliamente, pero que en su aspecto político principal invalida la elección popular de jueces y magistrados federales.
El jueves 31 de octubre, el pleno de la Suprema Corte conocerá el proyecto del ministro Alcántara Carrancá. No se necesita ser un sabio para anticipar una votación de ocho a tres a favor de dicho proyecto. Surge la pregunta: ¿qué harán los otros dos poderes del Estado mexicano, los poderes estatales y los organismos constitucionalmente autónomos? ¿Acatarán o no la resolución de la Suprema Corte? ¿Cuáles serían sus consecuencias?
Tormenta perfecta: una Suprema Corte parcial y con mayoría opositora a la reforma, una presidenta de la república con prisa inusitada, un Congreso de la Unión irreflexivo. La resolución será presentada al pleno de la Corte el 31 de octubre y ese día o en días subsecuentes será analizada y votada. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que esperará a la votación; Ricardo Monreal, en Cámara de Diputados, ha expresado que seguirán adelante; y Adán Augusto López Hernández, en el Senado, no ha dicho nada.
Ante una posible crisis de constitucionalidad, se abren varios escenarios. El primero, el más probable, es que ocho integrantes de la Corte voten a favor del proyecto de González Alcántara. En ese momento, los otros dos poderes de la Unión, los órganos autónomos como el INE y el TEPJF, y los poderes de los estados, particularmente los gobernados por la oposición, deberán decidir si acatan o no la resolución.
El segundo escenario consiste en que al menos uno de los integrantes del bloque de ocho ministros opositores a la reforma en la Corte vote en contra del proyecto de Alcántara Carrancá, con lo cual no se lograrían los dos tercios necesarios del pleno de la Corte y la reforma se consideraría constitucional. Aunque maltrecho, el orden de la carta magna se mantendría de pie.
Un tercer escenario posible, pero muy poco probable, es que el Congreso de la Unión, la presidencia de la república y el resto de los órganos del Estado acaten la resolución de la Suprema Corte. En este caso hipotético, en junio del próximo año, los integrantes de la Suprema Corte serían electos por voto popular, como fue la propuesta original del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La política puede ser una pelea en el lodo o un juego de ajedrez. Sobre el primer supuesto, no hay mucho que decir; simplemente ganará el más fuerte, quien, hundido en el lodo, derrote al adversario.
Si fuera ajedrez, implica buenos movimientos en la apertura, en el juego medio y en el jaque mate. Aplicar táctica y estrategia. Un duelo de inteligencia, de memoria y de paciencia, de manejar el tiempo y controlar los movimientos.
Por una prisa inusitada y, diría, innecesaria, el gobierno, Morena y sus aliados podrían cometer, o ya cometieron, errores tácticos y estratégicos graves. Dar mate, pero no llegar al jaque mate.
El país necesita más jugadores de ajedrez y menos luchadores en el lodo. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
X: @onelortiz