Como es bien sabido, el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes normalistas de la escuela Isidrio Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este lamentable suceso tuvo lugar apenas unas semanas después de que el otrora presidente Enrique Peña Nieto apareciese en la portada de Time con la célebre frase Saving Mexico, tras los éxitos legislativos del priista en el marco del paquete de reformas estructurales promovidas por su gobierno.
El caso Ayotzinapa hundió, sumado al reportaje de la casa blanca, el gobierno de Peña. A partir de aquel momento, las reformas pasaron al olvido, y la oposición, en aquel momento encabezada por AMLO, aprovechó la tragedia de Guerrero para acusar al mexiquense de haber sido responsable de los hechos.
Los escándalos de corrupción de gobernadores priistas, en adición a diversas sospechas dentro del gobierno de Peña, cimentaron la teoría de que el presidente, el Ejército y la Marina, léase, las fuerzas federales, habían sido culpables de la desaparición de los normalistas. Algunos medios y líderes de la oposición no escatimaron en especular que integrantes de las Fuerzas Armadas se habían coaligado con el crimen organizado para asesinar a los estudiantes.
Tras el mensaje de Alejandro Encinas relacionado con el informe brindado por la Comisión investigadores concluimos lo siguiente:
Las fuerzas federales no fueron directamente responsables de los sucesos de Ayotzinapa. La desaparición de los normalistas fue perpetrada por la policía de Iguala y entregados a la banda de Guerreros Unidos, quienes más tarde les asesinaría, incineraría sus restos y luego los arrojaría al Río San Juan en Cocula.
Esta versión confirma la teoría que tanto fue utilizada para promover la inestabilidad en el país: “Fue el Estado”. Con la participación de la policía local, y con la posible intervención de funcionarios de la alcaldía, y quizá, del gobierno de Guerrero, sí que se puede catalogar a los hechos como “crimen de Estado”.
De igual manera, a la luz del informe, y tal como fue presentado por Encinas, la participación de las fuerzas federales, y en particular, del Ejército y de la Marina, estuvo limitada al conocimiento “de la movilización de los estudiantes desde la salida de Isidro Burgos hasta su desaparición”. En otras palabras, las fuerzas federales son responsables de actos de omisión ante el conocimiento de las acciones de los corruptos policías de Iguala y de las actos de Guerreros Unidos.
La conclusión apunta a que a diferencia de lo que tanto especularon los medios y que fue reiteradamente utilizado por la oposición contra el gobierno de Peña, las fuerzas federales no intervinieron directamente en los actos. Sin embargo, sí que tuvieron conocimiento de los sucesos y no actuaron en consecuencia.
Por tanto, la verdad se encuentra hoy en medio de la verdad histórica (según la versión de Murillo Karam) y la campaña promovida desde los grupos subversivos para hacer caer al gobierno del priista, y con ello, provocar una crisis de ingobernabilidad en el país.