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Los opositores a la Reforma Eléctrica que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual actualmente se discute en el Congreso, alegan que con estas modificaciones a la legislación en la materia se corre el riesgo de desmantelar a la industria de energía renovable y cancelaría la transición a fuentes limpias, dando preferencia a la producción de electricidad con combustóleo que es un material de alto costo y que tiene efectos negativos al medio ambiente.
La preocupación de los opositores se basa en que hay una producción muy grande de combustóleo por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que este energético no tiene mercado y por eso se usaría en la generación de energía eléctrica; sin embargo este argumento es especulativo y no corresponde a la realidad, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no contempla la construcción de nuevas centrales termoeléctricas que usen este producto y en cambio sí está en sus planes la edificación de nuevas plantas hidroeléctricas, así como su modernización. Además, se planea la construcción de una central solar en Sonora.
En la actualidad la hoy empresa productiva del Estado que dirige Manuel Bartlett cuenta con 157 centrales para la generación de electricidad y, de estás, 69 crean energía limpia (hidroeléctricas, nucleares, geotérmicas, solares y eólicas); además cuenta con 20 centrales de ciclo combinado a gas que representan el 28% del total de la energía producida por la compañía estatal, así como tres plantas de generación eléctrica a base de carbón que representa tan solo el 10% de toda la energía creada por la empresa.
La CFE cuenta hasta hoy con 19 termoeléctricas y de éstas solo cinco producen a base de combustóleo mientras que las otras 14 son duales, que lo mismo pueden trabajar con gas que es un energético que si bien no se puede considerar como producto limpio, no provoca daño al medio ambiente.
De las cinco plantas termoeléctricas que usan combustóleo, unas se encuentran ubicadas en las penínsulas de Yucatán y de Baja California, ya que a esas zonas del país no se invirtió en el transporte de gas y por eso se abastece del energético con el combustible refinado y las otras se encuentran en las refinerías de Tula y Salamanca y en la primera el 80% se usa el gas para la generación de electricidad y el 20% sí es combustóleo.
Datos de la Comisión Federal de Electricidad nos hablan que sólo 5.5% de lo que produce la compañía estatal de energía se crea con combustóleo y representa tan solo 2.6% del total del consumo de todo el país.
La empresa productiva del Estado está construyendo una central de ciclo combinado en la refinería de Salamanca para dejar de generar electricidad con combustóleo y está trabajando en la península de Yucatán para que el gasoducto conocido como Mayakan funcione y surta de ese energético a las plantas generadoras de energía y el combustible contaminante.
El combustóleo no solo sirve para la generación de electricidad, también es un combustible usado por locomotoras y barcos, así como las refinerías, por lo que tiene demanda a nivel internacional.
Los argumentos de los opositores a la Reforma Eléctrica del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) se refieren a que estas modificaciones legales al sector eléctrico del país traerán consecuencias negativas para el país por posibles sanciones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (IT-MEC), por generación de energía de fuente fósiles como el carbón y el combustóleo.
Los datos que no tiene la oposición son que en la actualidad Estados Unidos tiene 252 centrales de generación de electricidad a partir del carbón que representa el 19% del total del consumo de ese país y que este es casi igual a la demanda total de México.
La nación de las barras y las estrellas usa para la extracción de gas el método del fracking que causa severos daños al medio ambiente y por eso está prohibido en México.
Otro dato muy revelador que deberían considerar los opositores a la iniciativa de Ley del presidente es que las emisiones de CO2 de efecto invernadero de los mexicanos son mucho más bajas que la de los Estados Unidos y Canadá.
Es penoso que legisladoras y legisladores de la oposición, así como académicos y columnistas de diarios de circulación nacional usen datos sin sustento y especulativos que no favorecen el debate.
Los opositores hablan muchas veces de lo que no ha pasado y hacen análisis con base en datos inexistentes.