¿Muro de contención para la delegación de La Ribera o para el megaproyecto inmobiliario-turístico Costa Palmas? Es la pregunta que me surgió cuando leí el post del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, en la que comunicaba de la colocación de la primera piedra, una obra hidráulica instalada para el encauzamiento de un arroyo que, en 2021, su poderoso caudal destruyó caminos, infraestructura e inundó terrenos de la empresa Desarrolladora La Ribera, S. de R.L. de C.V. cuyo representante legal es Víctor Manuel Liceaga Trueba. Sí, el hijo del exgobernador priista de Baja California Sur: Víctor Liceaga.
Los planes de desarrollar inmobiliariamente se pueden rastrear hasta el 16 de octubre de 2007. Con el nombre de “Construcción, Instalación y Operación del Proyecto Desarrollo Turístico-Náutico La Ribera, BCS”, Cabo Riviera recibió la autorización del gobierno de Felipe Calderón para su construcción en la desembocadura del arroyo más grande que existe en ese lugar. Sin embargo, un año después reventó la burbuja inmobiliaria que derribó las bolsas y tiró toda esperanza de ganar dinero con este pedazo del territorio sudcaliforniano. Hoy simplemente estará esta región fue renombrada con fines publicitarios como Cabo del Este incluye a Buena Vista, La Ribera, Cabo Pulmo y parte de San José del Cabos, entre otras paradisiacas playas.
“Después averiguamos”
¿Quién le dijo a Óscar Leggs que era buena idea acuerpar un megaproyecto enlodado de malas prácticas ambientales? Debido a los daños ocasionados con Cabo Riviera, al colocar en posición equivocada las escolleras y destruir la línea de costa, cambiando para siempre las dinámicas marítimas, tuvo que solicitar una autorización ambiental para enfrentar el desazolve y la erosión en la playa. Una empresa que ha conseguido sin problema de los distintos gobiernos.
Es preocupante porque el profesor morenista dio a entender que aún faltan algunos permisos ambientales: “Hoy iniciamos la primera piedra de este muro que, aunque faltan algunos detalles allí para algunos permisos que abran de liberarse, sin embargo, nosotros consideramos, me hago responsable del inicio de esta obra. Hablo y ante los medios lo digo: me hago responsable, porque la naturaleza no espera que se liberen los permisos para trabajar y proteger a nuestra gente”. Sí, bajo la vieja premisa de “después averiguamos”, el presidente municipal se vuelve una especie de mártir de la burocracia. Si los llegan a torcer, él dará la cara por el megaproyecto.
Inundaciones
En el mapa de inundación por precipitación para las localidades de Buena Vista, La Ribera, Santiago, Miraflores y Cabo Pulmo, B.C.S., para un periodo de retorno de 1000 años, el cual, podemos consultar en el Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Los Cabos (2013), se observa la zona catalogada en color amarillo, es decir, de peligrosidad media. “A nosotros obviamente nos beneficia como proyecto, beneficia la inversión futura, beneficia el desarrollo de la comunidad, seguridad de parcelas que colindan hoy con nosotros como el ejido La Ribera o Santa Cruz es de relevancia”, dijo Gonzalo Maradona Pérez, representante de Costa Palmas.
Justamente uno de los argumentos repetidos por los oradores, incluido un ingeniero de Costa Palmas, giraban en torno de proteger a la comunidad, a los terrenos de los ejidatarios que, por cierto, están a unos metros de los predios de la desarrolladora, de futuras contingencias climáticas. ¿No será que los están protegiendo para luego comprarlos y seguir expandiéndose? Los cierto es que los ejidatarios están en su derecho de vender, pero que sean claros y no inventen discursos para justificar una de las dos obras de encauzamiento que no tiene permiso.
Un megaproyecto irregular
Esto nos da una lectura contradictoria de Leggs. Para algunos activistas reconocen su labor cuando se trata de enfrentar alguna empresa que quiera agandallar un pedazo de lo poco que queda libre de las playas de Los Cabos, porque si de alguno podemos reprochar al presidente municipal es apoyar a una empresa teñida, según algunas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, en irregularidades.
Para empezar, Desarrolladora La Ribera, S. de R.L. de C.V. ingresó manifestaciones por separado, como si cada obra fuera independiente, esto genera una forma de manipular las leyes ambientales mexicanas. Con ello evitan que la evaluación de impacto de ambiental sea fragmentada y evaluada desde la delegación federal de la Semarnat en Baja California Sur.
Los delegados de Costa Palma
Los inversionistas en la nueva faceta solicitaron, por ejemplo, la autorización del “Hotel 2 Costa Palmas”, el cual, recibió mediante el oficio SEMARNAT-BCS.02.01.IA.539/17 la autorización ambiental firmada por Jorge Iván Cáceres Puig, hombre de las confianzas de Rafael Pacchiano Alamán y Alejandro del Mazo, miembros del Grupo Atlacomulco del Estado de México, encumbrados durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.
En 2018, la delegación federal manejada en ese momento por el diputado local priista Axxel Gonzalo Espinoza de los Monteros que, durante su corta estadía, no solo le autorizó la ampliación del campo de golf, según consta en el oficio SEMARNAT-BCS. 0201.IA.373/18, sino le dio luz verde a la “Obra de infraestructura Hidráulica de los arroyos Santiago y los Pocitos”. La misma que Leggs considera urgente por la “seguridad de la comunidad”.
Lo curioso es que en 2021 la mayor afectación no la tuvo el pueblo sino el megaproyecto situado en una desembocadura de dos de los arroyos más grandes del sur de la península. Entonces, ¿La desviación conviene entonces a proteger el dinero de los inversionistas o a las comunidades aledañas?