Hay dos procesos ligados al ‘desarrollo’ de Baja California Sur que a la gente que habitamos este desierto con playas no se nos dijo: despojo y especulación. Desde que se decidió que nuestra entidad sería un sitio ideal para el turismo, entramos una dinámica de desmantelamiento de la cultura local y la destrucción ambiental. En el Siglo XXI, como lo he dicho antes, los destinos turísticos son zonas de sacrificio para el sector inmobiliario.
Despojo en Cabo del Este
Ejemplos abundan. Hoy quiero centrarme en lo que sucede en Cabo del Este, que inicia al norte de San José del Cabo, pasa por el Parque Nacional Cabo Pulmo y termina en La Ribera. Las playas son bellísimas y, por lo tanto, este corredor costero posee un alto valor inmobiliario y turístico. Ahí existen varios caminos rurales usados por la gente que habita la zona, pero el más importante es el camino rural costero que, en 1994, fue rehabilitado para beneficio de la comunidad.
En la Delegación de Santa Catarina, FAMTUES SA de CV contrató a la Junta Estatal de Caminos (JEC) desde 2021, para construir el “Camino Acceso del Proyecto Pindojo”, el cual tiene una longitud de 6,439 hectáreas dentro del Lote Le de 1,332 hectáreas, propiedad de INMACOR DESARROLLOS, S. A. DE C. V, misma empresa señalada en un principio por la activista Blanca Pedrín como la culpable del despojo de caminos tradicionales costeros y el daño ambiental en la zona.
La obra afectó la traza del camino rural costero que pasaba muy cerca de la costa. Nada mensos, la nueva brecha la colocaron unos metros más lejos del mar. En automático tenían una zona más amplia de terreno: Nosotros perdemos acceso a playas y ellos ganan más lotes para vender.
Lo grave del asunto es que tanto el Gobierno de Baja California Sur y estas compañías actúan con total impunidad, al trabajar sin autorización de impacto ambiental y forestal iniciaron, desde el año pasado, la destrucción de grandes áreas de flora. Desde el 2019 hay reproches de la ciudadanía preocupada por los accesos de la playa.
El Contrato
Conforme a lo descrito en la manifestación de impacto ambiental, aún en evaluación por la Delegación de la Semarnat, buscaban desmontar una superficie de 6.037 hectáreas con un costo en la remoción de la vegetación de 40 millones 350 mil pesos. Al parecer la cercanía del antiguo camino les estorbaba, por lo que crearon una curva para dar más espacio cerca de la playa, aunque esto significaba cerrar los accesos que los locales utilizaban.
Lo interesante es que la Junta Estatal de Caminos (JEC), al final del periodo de Carlos Mendoza Davis (2015-2021) al frente del Gobierno de Baja California Sur, contratada por 9 millones 539 mil 929.27 pesos por Famtues SA de CV, según consta en el contrato JEC-FAMTUNES-BCS-AD-OBR-04/2021, para desarrollar obras de terracerías, drenaje y señalamiento en los tramos KM 40+215.55 al kilómetro 43+387.01 con una longitud de 3,171.46 metros lineales. Le salió barato.
Aunque el contrato tiene tachado los nombres del director general de la JEC, sin embargo, gracias al recibo de anticipo con fecha del 4 de agosto de 2021, se lee el nombre Víctor Manuel Sánchez Abarca, quien asumió el puesto el 2 de febrero de 2021, unos meses antes de terminar la administración. El apoderado legal de FAMTUES SA de CV es Joaquín Armando Sánchez Tapia.
“Además, tomé protesta a Víctor Manuel Sánchez, como director de la Junta Estatal de Caminos (JEC), en sustitución de Carlos Lascurain Ochoa, a quien agradezco su compromiso para la atención de más de 3 mil kilómetros de caminos de la red estatal”, dijo el panista Carlos Mendoza Davis durante la toma de protesta.
La JEC es un órgano descentralizado creado el 20 de diciembre de 1984, según el decreto número 653 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, durante la administración del priísta Víctor Manuel Liceaga Ruibal.
Especulaciones y fraudes
Tanto FAMTUES SA de CV como INMACOR DESARROLLOS, S. A. DE C. V pertenecen a Grupo Grand Coral, tiznada por escándalos de delito de administración desleal por los negocios inmobiliarios, fraude fiscal, destrucción ambiental y lavado de dinero con proyecto inmobiliarios en el caribe mexicano.
La sociedad formada por los españoles Juan Vicente Ferri Guardiola, José Salvador Baldo Llorens y Juan Poch Vives, y los bancos Bankia y Caixa Bank o Banco de Valencia, orquestaron distintos esquemas de préstamos de créditos y especulación indebida de compra-venta de predios, no sólo en Quintana Roo sino en Baja California sur desde 2009.
En 2020, Audiencia Nacional castigó con dos años de cárcel a dos exdirectivos de Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) por negocios inmobiliarios en el Caribe. Ferri Guardiola y Baldó Llorens tuvieron que desembolsar al Fondo de Garantía de Depósitos con la cantidad de 28 millones de euros.
La CAM acusó a su exdirector general Roberto López Abad y al exresponsable de proyectos inmobiliarios, Daniel Gil, de lucrar para sí mismos con sus posiciones con apoyo de Ferri y Baldó, a través de la sociedad Valfensal, con quienes realizó cinco operaciones de “transferencia de fondos no justificada”.
El 31 de julio de 2018, el Juzgado Central de Instrucción número 003, en Madrid, España, presentó la resolución de las diligencias del proceso 0000118 /2013. El documento contiene un análisis de inversiones millonarias inmobiliarias de 2005 a 2009 entre Bancaja y Banco de Valencia con Grupo Grand Coral (GGC).
El expediente explica que el GGC constituyó un andamiaje societario usando “terrenos e inmuebles mexicanos eran detentados por sociedades mexicanas, cuyas matrices eran sociedades holandesas y eran estas últimas en las que participaban tanto socios hoteleros como las entidades Bancaja y Banca de Valencia, a través de sus sociedades participadas, así como mediante la financiación de operaciones crediticias a las sociedades inversoras”.
El 3 de julio de 2017, peritos detectaron “un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras BANCAJA y BANCO DE VALENCIA en el Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones”.
Especular con Baja California Sur
Dentro de los tres casos analizados Emerald, Zacatón y Piedra Bola, en el que participaban Perri, Baldó y Poch con entidades financieras, voy a centrarme en los dos últimos. Con el Zacatón y Piedra Bola obtuvieron una plusvalía injustificada de 138.8 millones de dólares. Dinero que terminó en cuentas del paraíso fiscal de Andorra.
El segundo es Vinoramas, en el que Ferri y Baldó consiguieron “una plusvalía injustificada, sufragada por las entidades financieras al adquirir acciones de LISMORE en VARAMITRA y al acudir a una ampliación de capital con una injustificable prima de emisión”.
En medios de comunicación mexicanos publicaron que, en Baja California Sur, se simuló la venta de los predios “Vinorama” y “Piedras bolas”, valuados en más de 370 millones de dólares, además se le acusa de no pagar 150 millones de dólares en impuestos federales y 6 millones de dólares al municipio de Los Cabos.
“Zacatón” y “Piedra Bola”
El 19 de diciembre de 2006, según el expediente del juzgado español, se concretó una serie de inversiones en el Zacatón y Piedras Bolas, en San José del Cabo, mediante la sociedad holandesa DENMARK BV, más tarde denominada BAJA CALIFORNIA INVESTMENTS BV, y de su filial mexicana INMOBILIARIA PIEDRA BOLAS SA de CV (IPB).
Lo hicieron a través de las sociedades INQUAM (GB) BV de José Baldó, ILJAFRAN BV de Juan Ferri; ACTURA SL donde el apoderado Julian Dolz García (Bancaja con el 35% del capital), BAVACUN SL siendo el apoderado Juan Carlos Zafrilla López (sociedad inmobiliaria de Banco Valencia con el 10% del capital), NORDHOT INVESTMENTS NEDERLAND BV de Juan Poch y CARAFAL INVESTMENT SLU.
El 20 de diciembre de 2006, las sociedades transfirieron desde ACTURA, BAVACUN y CARAFAL INQUAM DENMARK un total de 55 millones 275 mil dólares. Enseguida, INMOBILIARIA PIEDRA BOLAS SA de CV compró los lotes Piedras Bolas por 70 millones de pesos y, el 22 de diciembre de 2006, Zacatón por 140 millones de pesos a CONSOLTURÍA DEL MAYAB.
CONSOLTURÍA DEL MAYAB fue apenas constituida ‘ad hoc’, se lee en el informe, el 28 de septiembre de 2006. El 31 de octubre de 2006 esta sociedad se hizo de la propiedad Piedras Bolas por 16 millones 200 mil dólares y pagó por la finca Zacatón el 20 de diciembre de 2006 por 55 millones de dólares.
Un total de 210 millones de dólares que significó una plusvalía injustificada de 138 millones 800 mil dólares. ¿Cómo completaron el faltante de dinero? Fácil, Bancaja dio un crédito de 93 millones de dólares y una póliza de crédito de 31 millones de dólares y el Banco de Valencia inyectó otro crédito de 27 millones de dólares y una póliza de 9 millones de dólares. 155 millones de dólares fueron transferidos a cuentas en Andorra de Ferri, Baldó y Poch.
En 2010, INMOBILIARIA PIEDRA BOLAS SA de CV presentó la manifestación de impacto ambiental a la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para construir ‘Boulevard de Acceso al Zacatón’. Ubicado en dos propiedades, una de Grupo Mayan Resort con un tamaño de 57 hectáreas y el resto estarían en el lote de 400 hectáreas de “El Zacatón”, de los cuales, 79 hectáreas eran para el camino. Obtuvo la autorización de forma condicionada.
Lotes L y K de Vinoramas
El 12 de octubre de 2007, INMACOR SA de CV, en un principio perteneciente propiedad de Ferri, Baldó y Poch, mediante la matriz VARAMITRA BV y LISMORE BV obtuvo dos préstamos de 21 millones 888 mil 400 dólares y 58 millones 112 mil 600 dólares, así como 80 millones de dólares en créditos de Bancaja Miami para comprar los lotes L y K de la finca ‘Vinoramas’.
Pese a que por dos años no pagaron el préstamo, en 2009 cuando iba a vencer el crédito, altos ejecutivos de Bancaja no ejecutaron la garantía e invirtieron en el proyecto. El 10 de diciembre de 2010, Bancaja Hábita, Bavacun y Deproinmed compraron 160 acciones de VARAMITRA BV a LISMORE que generó una ganancia de 12 millones de dólares.
En la propuesta de inversión realizada el 20 de agosto de 2009, los lotes K y L fueron valorados con base a su potencial de edificación en 326.092.421,44 millones de dólares. La tasación de los predios la realizó un trabajador de Ferri y Baldó, a través de la empresa Alia Tasaciones.
Con esta información, el 17 de diciembre de 2009, el Consejo de Administración de Bancaja Hábitat concedió un préstamo personal de 27 millones de euros. Además, aprobaron un préstamo sindicado por 520 millones a INMOBILAIRIA PIEDRAS BOLAS, y en ésta concentró la deuda del Grupo Grand Coral. El crédito lo otorgaron hasta el 29 de enero de 2010 por parte de Bancaja y Banco de Valencia
Mientras tanto, el 26 de mayo de 2010, se otorgó el dictamen técnico favorable de suelo turístico al predio con clave catastral 4-01-013-0010 de una superficie de 1,332 hectáreas, ubicado en el sitio denominado Pindojo, a nombre de Rodrigo Sierra Belmar, apoderado legal de INMACOR DESARROLLOS SA DE CV.
El 15 de agosto de 2017 se constituye en la Ciudad de México la sociedad FAMTUES SA de CV, con un capital de 50 mil pesos. Dos meses después de su creación, el representante legal Joaquín Armando Sánchez Tapia compró los dos predios y con 2 kilómetros de playa a tan solo 10 millones de dólares, muy por debajo de su valor real.
Detrás de FAMTUES SA de CV esta toda esta enredosa historia de especulación. La empresa es la misma que contrató a la Junta Estatal de Caminos durante el gobierno de Carlos Mendoza Davis, y esto nos habla de la cercanía de este tipo de megaproyectos con las administraciones estatales de Baja California Sur que, al parecer, no importa las irregularidades que puedan esconder mientras suelten el dinero.
En 2014, una de las empresas de Grupo Grand Coral destruyó en Cancún alrededor de 8 hectáreas. En Cabo del Este arrasó con una cantidad aún no cuantificable de vegetación pese a las 4 denuncias ambientales. Qué importa el daño ambiental o el despojo de caminos, siempre valdrá la pena para algunos ‘inversionistas’, usar grandes extensiones de terrenos en un destino turístico como Los Cabos para especular y, porque no, lavarlo en algún paraíso offshore como Andorra.
Carlos G. Ibarra en Twitter: @Cachobanzi