La naturaleza ciudadana del procedimiento de la consulta para la Revocación de Mandato a aplicarse para el presidente de la República no sólo tiene que ver con el evento mismo que tendrá verificativo el próximo 10 de abril, protagonizado por ciudadanos que acudirán a las urnas para depositar la cédula que marque su voluntad en el sentido de que el titular del poder ejecutivo continúe en el ejercicio de su mandato o que, en su defecto, se separa de él.
Desde la detonación del procedimiento de la consulta, se expresó esta como una motivación acreditada a través de la iniciativa de ciudadanos para llevar a cabo el procedimiento consultivo, lo cual se reflejó en las firmas reunidas para tal efecto, y que tendrá su concreción a través de la convicción individual de quienes han resuelto manifestarse a través de la propia consulta, acudiendo a los centros donde se instalarán las urnas respectivas en la fecha arriba mencionada.
Se trata de un diseño que se supone no responde al desarrollo de una campaña o contienda política entre partidos y, en la cual el gobierno, que está sujeto a valoración respecto de si debe continuar o, por el contrario, someterse a la interrupción del mandato que le diera origen, está llamado a abstenerse de participar activamente en el sentido de pretender orientar el sentido en que habrán de hacerlo quienes acudan a la consulta, pues ésta, conforme al número de los que participen en ella, podrá tener carácter vinculatorio.
En efecto, la consulta no será un mero mecanismo para medir la aprobación o rechazo hacia el gobierno, a la manera de una encuesta de opinión, pues tiene una naturaleza política inscrita como procedimiento formal de consulta y, en tanto tal, un posible efecto legal. De ahí la importancia sobre la observancia de las disposiciones y reglas del proceso que la hace posible, en la insistencia de su naturaleza y mística ciudadana.
Toda esa conceptualización está desvirtuada; de entrada, ha sido el propio gobierno el principal impulsor de la consulta a través de múltiples declaraciones que van desde el presidente de la República, hasta otros funcionarios de la administración pública y del partido en el gobierno, quienes impulsan una perspectiva que troca o pervierte la revocación en ratificación. En ese sentido, la posibilidad de poner fin al mandato político que da su fundamento al gobierno se ha tornado en un mecanismo inverso, pues plantea su eventual robustecimiento, a partir que, desde el principio, se careció de evidencia sobre la existencia de una motivación o corriente ciudadana que planteara y pretendiera fracturar el mandato que da soporte al ejercicio de la administración. A su vez, el propio gobierno ha exhibido un precoz e intenso interés sobre la realización de la consulta, al tiempo de mostrar un activismo que desvirtúa su naturaleza ciudadana.
Así, se ha despojada la consulta de su carácter ciudadano, se ha distanciado de ser una expresión que registre la conciencia libre e individual de los ciudadanos que participen en ella, para devenir en una campaña que es alentada desde el gobierno y que ha puesto en juego tanto a su maquinaria política, como a su estructura burocrática, para así lograr la máxima concurrencia posible.
Conforme a esa trasfiguración, no se medirá la intención de la ciudadanía sobre la temática de la consulta, sino la capacidad del gobierno para movilizar, no a ciudadanos, sino a clientelas comprometidas, y lo hará desde una mascarada vergonzosa que desfigura, sin recato alguno, un procedimiento de carácter cívico. Sea cual sea el número de los participantes en la consulta, esta perdió su carácter ciudadano, quedando convertida en un burdo mecanismo movilizador que sólo se entiende en la narrativa del populismo.
La consulta ciudadana ha sido, desde ya, derrotada; en su lugar se encuentra un gobierno ansioso por mostrar un poderío que se soporta en su capacidad de alinear voluntades y de alejarlas de una auténtica expresión ciudadana en libertad de conciencia, de opinión y de expresión. La maquinaria de gobierno busca convertir a los ciudadanos en masa prendaria; no en individuos conscientes, más bien en clientelas de beneficiarios que son seleccionados a partir de procedimientos caracterizados por la opacidad y la discrecionalidad a través de programas que pretenden destinar mayores recursos, pero con resultados más que controvertidos y que son denunciados de manera brutal en las cifras de índices de pobreza que en vez de disminuir se incrementan.
La consulta ciudadana del 10 de abril próximo, ni será consulta, ni será ciudadana; se ha convertido en consigna de la maquinaria política y burocrática del gobierno para movilizar a su clientela; movilización que pretende mostrar fuerza; fuerza que busca implantar dominio; dominio que se convierte en amenaza por instaurar una hegemonía autoritaria que mira hacia las elecciones de 2024.