Los tiempos políticos transcurren por una vía que, inexorablemente, mira hacia las definiciones que marcarán el proceso electoral para elegir a quien ejercerá la presidencia de la República a partir de diciembre de 2024.
Se conforma una trama pre sucesoria colmada por el protagonismo controlado de los aspirantes del partido en el gobierno y, por otra parte, el que conforma el Frente Amplio por México entre el PRI, el PAN y el PRD; mientras el MC oscila en la definición de su papel, con la abierta sospecha de un desempeño asociado a los intereses del gobierno, como lo evidenciara la posición que jugó en las elecciones recientes de Coahuila y el Estado de México.
Las reglas que impuso el gobierno a su partido para desplegar las campañas (si así se les puede llamar) de quienes aspiran a abanderar la candidatura presidencial, han llevado a sus protagonistas a una especie de pasarela que poco aporta en cuanto propuestas y que sólo produce una información subyacente a los aspectos de la logística sobre los eventos que realizan. Lo más destacado es el gasto inmisericorde expuesto en numerosos espectaculares inocultables, pues están presentes de manera profusa a lo largo de todo el país, inscribiéndose como el medio para publicitar a los personajes identificados con la denominación de corcholatas.
Dos tipos de restricciones caracterizan la participación de las corcholatas, unas son autoimpuestas, y las otras se refieren a lo dispuesto por el INE; las primeras están orientadas a eludir discusiones y confrontaciones que puedan dejar lesiones entre quienes participan y generen observaciones o críticas al gobierno; en tanto las segundas responden a las disposiciones de la autoridad electoral. Unas pretenden conferir un halo prístino y puro a la administración, de modo de reducir a la condición de traidores a quienes osen plantear diferencias; el segundo caso se orienta a guardar apego a un mínimo de legalidad.
El estilo proselitista de quienes aspiran desde el partido en el gobierno a abanderarlo para las próximas elecciones presidenciales, se sustenta en el uso y abuso de amplios recursos para divulgar fotografías de los involucrados, en el marco de una competición centrada en exhibir su mejor ángulo, perfil o imagen situacional, a la par de una disputa expuesta a través de textos insulsos, muchos de los cuales buscan acreditar la mayor cercanía hacia el presidente de la República, lo que acaba por ceñirse a un estilo que oscila entre concursos de belleza y de prédica de lealtad al personaje en cuestión. La nominación respectiva será resuelta a través de encuestas para destacar a quien cuenta con la mayor popularidad o respaldo social, que se supone estará asociado a la cercanía presidencial.
La lucha por ganar desde las filas del partido en el gobierno tiene como principal componente el alto gasto, así queda de manifiesto a la luz de las prácticas que se han realizado ¿cómo se financia ese costo? La pregunta no tiene respuesta oficial, pero sí deja muchas dudas respecto de la empatía que debiera generar hacia un gobierno que insiste en la austeridad, al grado de acompañarla, primero de un sentido republicano y, más recientemente, de una condición franciscana.
Una información ausente sobre el financiamiento de tales gastos deja sin respuesta el cuestionamiento sobre los intereses vinculados a la promoción de las corcholatas, lo que también contraviene una de las pautas del gobierno en el sentido de disociar los intereses económicos del ejercicio de la política.
Por su parte, el Frente Amplio por México realiza otras prácticas, centradas en el esfuerzo de sus aspirantes para obtener respaldos y pasar a la etapa posterior de la consulta o votación a partir del padrón integrado para el efecto, y que contará también con una ponderación vía encuestas.
A diferencia de lo que sucede con las corcholatas, quienes contienden por el Frente ya escenificaron una reunión conjunta en el marco de la celebración de entrevistas que permitieron un primer escenario para contrastar personalidades y puntos de vista. Después tendrán lugar conferencias que darán mayor profundidad al ejercicio de conocimiento y análisis sobre los aspirantes, para llegar, finalmente, a la etapa de nominación de quien a la postre estará al frente del Frente.
Los procesos que están en marcha no podrían ser más contrastantes en cuanto a prácticas y procedimientos; desde ahí se marcan diferencias que ya se proyectan hacia las propuestas. Es claro que quienes concurren por parte del partido en el gobierno lo hacen en la lógica de continuidad del proyecto en curso y con una clara resistencia a admitir fallas, desvíos o necesidades de impulsar ajustes sustantivos.
En sentido contrario, desde la óptica de quienes aspiran por el Frente, ha quedado de manifiesto la convicción de impulsar un cambio en el régimen de gobierno para hacer posible los gobiernos de coalición, lo que implicará poner fin al presidencialismo mexicano y prospectar una modificación de fondo del sistema político.
Si los partidos son gobiernos en ciernes, queda claro lo que perfilan unos y otros; continuidad y alineamiento dogmático o cambios que se plantean desde una perspectiva de autocrítica sobre un sistema presidencialista, que ahora se ve acrecentado.
Debe recordarse que nuestro presidencialismo trastocó la moderación que le impuso el constituyente de 1856 para regresar con el autoritarismo de la etapa porfirista hacia los rasgos que tuvo con Santana; un presidencialismo del que quiso desmarcarse la Convención de Aguascalientes y que fue replicado bajo nuevas bases en la Constitución de 1917; un presidencialismo que se colmó de excesos y que buscó moderarse mediante la pluralidad política, el equilibrio entre los poderes y el surgimiento de órganos autónomos; un presidencialismo que el gobierno quiere recuperar y acrecentar, mientras el Frente pretende lo opuesto, ponerle fin por la vía de un gobierno de coalición.
Por lo pronto, de frente al Frente se atisba un gran derroche de parte de quienes lo confrontan.