Era de esperarse, como lo comenté en un texto anterior, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a vivir este año bajo fuego. La obsesión del presidente por lograr imponer su visión respecto a una “transformación” que solo él ve, vive y siente, se ha convertido en un dardo envenenado para todo aquél que se oponga a sus designios, aunque esos oponentes lo hagan con la ley en la mano.
Su talante autoritario no le deja ver más allá de sus caprichos, y, por ende, lo incapacita para negociar con racionalidad y objetividad las soluciones a los grandes problemas nacionales. No permite puntos de vista divergentes en su gabinete y ha doblegado totalmente al Congreso de la Unión, ante la impotencia de la oposición para neutralizar decisiones a ciegas de una mayoría cuyo único objetivo es la complacencia del líder.
La destrucción de las instituciones, que parece ser el juego favorito del presidente, se facilitó en los cuatro años transcurridos de su gobierno, porque el poder judicial entró en un terrible letargo propiciado por la cercanía e incondicionalidad del entonces presidente de la Corte con el régimen, quien pareció olvidar su obligación, no solo de respetar la Constitución, sino de dar protección ágil y eficiente a la ciudadanía. Prueba de ello es la acumulación de cientos y cientos de asuntos sin resolver, para no contrariar al Ejecutivo.
La elección de la Ministra Norma Piña como presidente del máximo Tribunal fue una enorme bocanada de aire fresco para, si bien no poder modificar el rumbo, al menos enderezar un barco hundiéndose a pasos acelerados. La nueva presidente ha sido factor fundamental para proporcionar certidumbre a un México desgastado por los abusos. La inteligencia, audacia y conocimiento de la ley que la caracterizan, es algo con lo que no puede el presidente López, acostumbrado a imponer y avasallar.
Incluso, la independencia mostrada ahora por la Corte ha ido venturosamente más allá de las expectativas. El discurso defendiendo la autonomía, pronunciado por la Ministra Presidente en el aniversario de la Carta Magna, estrelló con fuerza los blindados muros de palacio, y la valiente decisión del Ministro Alberto Pérez Dayán de suspender provisionalmente el aberrante Plan B que intenta acabar con el INE, pegó en el punto de flotación del presidente López. La respuesta no se hizo esperar; en el acto de conmemoración de la bandera nacional, el pasado 24 de febrero, el Ministro Jorge Pardo Rebolledo, no obstante representar al Poder Judicial, fue relegado e impedido de participar a nombre del poder de la Unión que él representa, propinando con ello una ofensa de enormes proporciones al máximo Tribunal.
Con estos antecedentes, llegamos a un momento decisivo para el futuro de la democracia mexicana. La Suprema Corte tiene que decidir sobre la inconstitucionalidad o no del plan B, impuesto por el presidente y su grupo legislativo, con el objeto de alcanzar por la puerta de atrás una reforma a las disposiciones electorales plasmadas en la Carta Magna y defendidas con fuerza por una ciudadanía que ha hecho camino al andar y que, por la salud de la Nación, no está dispuesta a claudicar.
Así la Suprema Corte se constituye de nuevo en motivo de esperanza para las instituciones, y en piedra angular para el restablecimiento del derecho. Será la Corte el plano institucional en donde no solo deberá debatirse, sino determinarse si se impone la legalidad constitucional, o si se defiende el México bárbaro, ese que puede modificar a su antojo los logros obtenidos durante tantos años de lucha, y que hoy está representado por una mayoría multiforme en el congreso, cuya función principal es decir cotidianamente “sí señor”.
En otras palabras, la Corte deberá con firmeza dejar claras las reglas del juego democrático, pues es éste primer paso y base fundamental para restaurar nuestra nación. Enorme reto que requerirá no solo de la plena capacidad de análisis desde el punto de vista legal, sino de un profundo análisis de conciencia de los ministros que, por una razón u otra, son afectos a este régimen, pues deberán definir si defienden a la patria, o permanecen del lado del “sí señor”.
Difícil será no escuchar la voz ciudadana que hoy gritó libertad y democracia, y que demostró además una rápida, eficaz y contundente capacidad de organización para movilizarse frente a cualquier intento de regresión, que a diferencia de “los pobres”, para hacer referencia al clásico que dice que hay que mantenerlos en pobreza para conseguir sus votos, ésta no es pueblo solamente, es una ciudadanía informada, pujante, vigorosa y decidida a todo para defender sus derechos.
No hay que olvidar tampoco que el poder urbano está concentrado en la clase media y que la ciudadanía que hoy tomó las calles y las plazas, está conformada casi en su totalidad por este estrato social, cuyo peso en la población votante para las próximas elecciones federales será extraordinario.
Así que de nuevo la Corte tendrá que tomar una decisión que permeará al resto de nuestras vidas; hoy tomamos la calle, le arrebatamos el zócalo al que se había adueñado de él; el partido está 1 a 1, y como decía Yogi Berra, el legendario catcher de los Yankees de Nueva York, “esto no se acaba hasta que se acaba” y a la Suprema Corte le tocará el último turno al bat. Su decisión habremos de acatarla todos porque la ley es la ley y el apegarse a ella nos permitirá vivir el futuro en paz.
Xóchitl Pedroza