Grupo México es una corporación acostumbrada a hacer lo que le da la gana, no tiene una pizca de humildad y mucho menos deseos de contribuir en nada al desarrollo del país.
En Sonora hemos tomado nota desde hace años de la actitud que tiene la empresa que encabeza German Larrea, el segundo hombre más millonario de México, quien se ha enriquecido justamente por obra y gracia de quienes le concedieron en operación las minas y los ferrocarriles que tanto dinero le han dado.
A cambio Larrea no ha regresado absolutamente nada y el caso de Sonora hace patente esa situación.
Concesionario por obra y gracia del salinismo de las minas Buenavista del Cobre en Cananea y La Caridad en Nacozari, Grupo México ha dejado por mi tierra un rastro enorme de contaminación e impunidad y ha sido a pesar y no gracias a su operación, que en el estado los mineros obtienen utilidades inusuales.
De hecho la empresa tiene pendiente aún culminar con el proceso de reparación del daño ambiental generado a partir de los derrames de miles de toneladas de metales pesados en el lecho del Río Sonora y sus secuelas.
La razón de fondo es que la empresa multimillonaria fue protegida en su momento por el presidente Enrique Peña Nieto, que no fue capaz de exigir a Larrea que culminara de manera correcta con el proceso de remediación.
Hoy 9 municipios de Sonora siguen a la espera de que se repare el daño ambiental y se restituya a nivel de economía, lo que esos derrames trajeron a mi tierra hace ya más de 8 años.
Ese es solo un ejemplo del carácter depredador en que incurre la empresa que hoy le pelea al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un tramo de apenas 120 kilómetros de vía ferroviaria.
Grupo México —no hay que olvidar— fue beneficiario de las ventas de garaje que organizaron los gobiernos neoliberales, primero con Carlos Salinas de Gortari, que puso la mina de cobre más grande del mundo en manos de Germán Larrea por la irrisoria cantidad de 1,100 millones de dólares en 1993.
Hoy en día esa unidad minera —Buenavista del Cobre— es capaz de generar en un solo mes las utilidades que equivalen en dinero el costo de esa operación.
Después la misma empresa fue beneficiaria de otro acto descarado de despojo del patrimonio nacional, cuando obtuvo prácticamente regalado el Ferrocarril del Pacífico, que con 2 mil 700 kilómetros de vía une a el noroeste mexicano con el centro del país, a través de Guadalajara.
Ernesto Zedillo fue quien en 1997 en una decisión absurda malbarató ese patrimonio de todos los mexicanos, poniéndolo en posesión de Larrea por la irrisoria cantidad de 7 millones de dólares.
Ese acto acabó con el transporte de pasajeros por ferrocarril desde Mexicali y Nogales, pasando por Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Mazatlán y Tepic para permitir la llegada de viajeros hasta Guadalajara y la Ciudad de México.
El argumento en su tiempo es que era incosteable, pero desde entonces (hace 26 años ya) en la región seguimos a la espera de que se restablezca el servicio.
Germán Larrea como muchos otros potentados mexicanos, hizo su fortuna al amparo de los gobiernos neoliberales, y hoy suma miles de millones de dólares que se han hecho a costa del influyentismo y la corrupción, a partir de la explotación de los recursos naturales y de concesiones que le fueron entregadas prácticamente como regalos.
Hoy que Grupo México fue requerido para entregar de regreso un tramo de 120 kilómetros en la zona del Istmo de Tehuantepec, su respuesta fue absurda, primero negando que hubiera platicas y negociaciones y después tirándose al piso, argumentando haber sido víctima de un despojo artero.
Habrá que recordarle a la empresa que lo que tiene en sus manos son concesiones del gobierno, para explotar vías de ferrocarril y minas, y que sin embargo esos bienes al ser de interés estratégico nacional, bien pueden ser requisados a conveniencia de sus verdaderos dueños, es decir el pueblo de México.
Aquí conviene revisar la semántica y entender que solo bienes de propiedad privada pueden expropiarse, las concesiones son eso, permisos del gobierno para que un tercero, en este caso una empresa explote un recurso, o bien utilice una vía u ofrezca un servicio, ante la perspectiva de que el gobierno sea incapaz de hacerlo.
Sin embargo a partir de la concepción de que esos recursos o servicios son de interés público, con base a la reglamentación vigente, el gobierno puede extinguir y por lo tanto retomar en sus manos dichos derechos, siempre en función del interés público y por supuesto indemnizando de manera correcta a la parte afectada.
La empresa Grupo México es un caso digno de estudio, pues se trata de una empresa poco interesada en las comunidades y regiones de las que obtiene millonarios beneficios, es una entidad contaminante y las más de las veces debe obligársele a cumplir con la reglamentación o legislación vigente.
Sin embargo se le permite a partir de las concesiones de que hace usufructo, obtener en el ínter ganancias millonarias.
Lo dicho, la empresa está acostumbrada a hacer lo que le da la gana y en su actitud de cerrarse al dialogo y los acuerdos y de demandar el pago de 9 mil 500 millones de pesos por retornar al gobierno un bien de uso público, se mostró tal como es.
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