Después de la reforma electoral de 1946 que creara la Comisión Federal de Vigilancia Electoral (primer antecedente del actual INE), comenzó un amplio ciclo de actualización y modificaciones a la legislación en la materia, que dentro de la larga etapa de predominio priista se caracterizó por su impulso a la llamada reforma democrática.
Cada acción de reforma se caracterizó por significar una ampliación de horizontes dentro de un ciclo que en su primera etapa se orientó a mejorar la organización de las elecciones; la segunda etapa miró a modificar el sistema electoral hasta incorporar y depurar la representación proporcional; la tercera etapa ha tenido que ver con perfeccionar las disposiciones relativas a las fases anteriores, así como a generar las condiciones de la competitividad política, el fortalecimiento de la pluralidad y permitir la alternancia en el poder.
Se trató de una línea de ascenso incremental para mejorar y hacer justas las bases de la lucha por el poder; la excepción a esa mítica la caracterizó la reforma de 1986, toda vez que fue destinada a proteger la permanencia del partido en el gobierno para las elecciones de 1988 mediante dos pautas significativas. La primera con la incorporación del partido mayoritario al reparto de las diputaciones por la vía proporcional, de la mano del incremento en la conformación de la Cámara de Diputados, que pasó de una integración de 400 a otra de 500 miembros. La otra fue mediante la conservación de la presidencia y dominio en el órgano electoral, entonces Comisión Federal Electoral, por parte del gobierno a través de la secretaría de Gobernación.
A la postre ambos factores fueron fundamentales para intentar resolver el entuerto de los comicios presidenciales de 1988; mediante la primer vertiente fue posible que el partido en el gobierno alcanzara la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la cual no hubiese obtenido con las disposiciones anteriores de una integración con 400 legisladores y sin que el partido mayoritario tuviese acceso a la representación proporcional, tal y como ocurría; la segunda techumbre, aseguró que el gobierno dominara la organización de las elecciones y el cómputo de los votos, hasta el grado de después permitir y cobijar la famosa caída del sistema cuando las tendencias le eran adversas a su partido.
El hecho a destacar es que la controversia de esas elecciones se desahogó por las condiciones que ofreció una reforma electoral instrumentada en el segundo trienio del gobierno, y con el papel relevante de quien presidió -cosa de paradojas- una CFE, entonces electoral y que ahora se mantiene en otra CFE, pero de electricidad.
Es de pensarse si en ese paralelismo entre una reforma que se diera en la proximidad de las elecciones presidenciales de 1988, tiene que ver con el signo y naturaleza de la que ahora ha pretendido instrumentarse en el entorno de las elecciones presidenciales de 2024, y en ese sentido ser el mecanismo para asegurar la permanencia del partido en el poder.
¿De qué otra manera explicar la obsesión del gobierno en una reforma electoral en los linderos de los comicios presidenciales? ¿de qué otra manera entender la insistencia del partido en el gobierno de dominar en los nombramientos de los consejeros del INE que deberán ser electos y designados?
Nada bueno puede esperarse de la prioridad que el gobierno concede a ambos temas, pues así confiere la mayor importancia a dominar en la definición de las reglas que ordenan la competencia política, así como en la integración del cuerpo que las aplicará. Todo parece una ecuación para disponer de un preparativo para ganar en la mesa y en los dictados para desahogar la lucha política.
En esos retornos que a veces parece formular el gobierno aparece uno más, en el sentido de regresar a la ecuación de 1988 en donde la disputa política se resolvió a favor de quien tenía la sartén por el mango. La precaria mayoría del partido en el gobierno gracias a su concurso en el reparto de las plurinominales que planteó esa reforma previa, le otorgó las condiciones para prevalecer en el Colegio Electoral que calificó los comicios de entonces.
Dicen que el agua vuelve sobre sus cauces; todo indica que esta agua busca esos mismos cauces, a pesar de que la lección que dejó fue fatal y de que tuvo que ser desplazada por un caudal de nuevas reformas electorales, a su vez instrumentadas con una intensidad nunca vista, pues se practicaron con una fruición inédita en 1989, 1993, 1994 y 1996. Tal fue la difícil cirugía para superar las lastimaduras que legó el diseño y la operación de lo que se hizo en 1986 y se practicó en 1988.
Todo indica que el Plan B y la decisión de tener el control sobre el nombramiento de los consejeros (as) del INE forma parte de un cerrojo, como lo fue la reforma de 1986. El espectro de la CFE electoral de entonces se aparece como reedición de una vieja conjura, pero ahora más acuciante y letal que entonces.