Gobernar por decreto es una especie de “vía por callejones” para eludir al Congreso, y que se emplea cuando el gobierno conoce que sus propuestas o iniciativas no tendrán respaldo legislativo. Si bien esa puede ser su explicación empírica, desde el punto de vista del régimen político hacer uso de ese recurso implica la prostitución del régimen republicano, pues éste tiene como signo el acotamiento del ejercicio del poder por la vía de los famosos equilibrios y contrapesos a los que debe sujetarse.
Resulta claro que la finalidad de convertir en auténtico asunto público a las decisiones políticas implica toda una fórmula para brindar las mejores condiciones para el debate, la libertad de expresión, la capacidad de disentir, de oponerse, argumentar, exponer razones y de buscar convencer para arribar al momento de la construcción de los consensos y de la expresión de la voluntad que manifiesta el sentir de la mayoría (la res pública).
La república romana se vio fracturada con el régimen de los dictadores, cuyo caso más emblemático fue el de Julio César, quien promovió una serie de facultades excepcionales para gobernar escapando así a la intervención del Senado. Desde entonces tomó su perfil la denominación de dictadura para significar la conformación de un poder personal que no se somete a las instancias que pretenden regularlo.
Las formas de mediatizar al Congreso, someterlo o anularlo son muchas y diversas.
Una de las más burdas fue detener a los legisladores por la vía judicial, y para conjurar esa maniobra se creó el llamado fuero constitucional del que gozan los congresistas, así como de la garantía de no poder ser reconvenidos por sus opiniones y el sentido de sus votos.
De todas maneras, la historia habla de detenciones arbitrarias de legisladores para impedir su asistencia a las sesiones y distintos mecanismos para reconvenirlos; desde luego, tenemos el brutal caso del senador Belisario Domínguez y de la forma como fue mancillado como respuesta a la expresión que tuvo en contra de la dictadura de Victoriano Huerta .
Pretender gobernar por decreto es una grave grosería para el régimen republicano, al grado que conlleva a su destrucción y anulación, por más que se pretenda la apariencia que busca amparo en las facultades que tiene el jefe del gobierno para hacerlo, máxime cuando sus disposiciones lastiman de forma grave los mandatos constitucionales.
Es el caso de la decisión presidencial de emitir un decreto para trasladar la Guardia Nacional al Ejército, como parte de una artimaña donde por una ruta paralela se presenta una iniciativa de Reforma Constitucional, de modo de advertir que, en caso de no avanzar la iniciativa de reforma en cuestión, terminará por aplicarse mediante el decreto al que se alude.
Los hábitos del gobierno se encaminan por una peligrosa vía autoritaria que anuncian una propensión hacia la dictadura.
Se interpreta así que el mandato que dio lugar a la conformación de este gobierno no debe enfrentar freno alguno; implica, así mismo, que la interpretación que hace la administración de su encargo, le confiere la prerrogativa de decidir, arbitrariamente, los designios a cumplir y que las leyes sólo son observables en tanto sean compatibles con tales determinaciones; en caso contrario se toman medidas excepcionales para garantizar la clara instrumentación de las decisiones adoptadas.
El mensaje es que las instituciones de la República no son las adecuadas para el proyecto y programa del gobierno y, en tanto es así, se les confronta, anula o somete.
No basta con la actitud acrítica del partido en el gobierno, ya que suma todo su respaldo a las iniciativas de la administración, aunque existan antecedentes de opiniones distintas de algunos de sus miembros que se expresaron, en el pasado reciente, contrarios a militarizar las fuerzas de seguridad.
Ahora se trata de apoyar lo que antes se criticó, pero si la suma de sus votos no asegura la aprobación que se anhela, la respuesta es exceder el mandato y romper los límites a los que está sujeto.
El mensaje del gobierno no puede ser más agresivo.
Lo emite cuando se frisa ya la última etapa de su mandato y frente a los destellos que ya se perciben de la jornada electiva de 2024 donde se renovará la presidencia de la República.
El mensaje es que se ha decidido cerrar los caminos de la alternancia, que se ha resuelto asegurar por la ruta hegemónica la permanencia del partido en el poder, que se estira la liga para que sea así y que el verano de 2024 será sumamente accidentado; la fórmula es clara, consiste en la voluntad de debilitar las instituciones electorales, fracturar los equilibrios republicanos y hacer avanzar a las corcholatas de modo de asegurar el triunfo de aquella que alcance la nominación del partido en el gobierno.
La decretadura se ha puesto en pie, está en marcha, su poderío no admite réplica.