El Senado de la República le abrió la puerta al tema de la impugnabilidad de adiciones o reformas a la constitución. Esto, en palabras más simples, significa que no hay nada ni nadie que pueda estar por encima del poder constituyente. En efecto, la minuta llegó al pleno de San Lázaro, donde será turnado para analizar, debatir y, en esa lógica, aprobar el proyecto de decreto que modifica los artículos 105 y 107 de la carta magna. Ayer mismo, de hecho, se convocó a la asamblea para abordar el asunto en los próximos días. Es muy probable que esta misma semana, Morena haga valer su condición numérica, pero sobre todo la capacidad de defender un elemento básico para salvaguardar la autonomía del poder reformador.

Contar con un mecanismo constitucional como este, fortalece la democracia y, a su vez, se convierte en un instrumento para el equilibrio de la división de poderes, sobre todo por la intransigencia y cuestionamientos inválidos de los ministros de la corte que, a toda costa, buscan subyugar la independencia del constituyente, poniendo en práctica recursos y amparos que, además de que son inconstitucionales, hablan de la flagrante intromisión de un sesgo político tan marcado como el que ha demostrado Norma Piña. Ella, en efecto, tiene mucho interés en que las cosas no cambien en lo absoluto. La resistencia y los grupos minoritarios que se movilizan, por ejemplo, son la clara muestra de la desesperación. Junto a ello, evidentemente, transita la oposición que, durante muchos años, manejó a su antojo algunas determinaciones a través de componendas.

Desde ese punto de vista, y bajo el compromiso que adquirió Morena en las urnas, la decisión de modificar el marco constitucional es muy atinada, especialmente porque sirve de base para fortalecer la democratización del país. Según la oposición, eso es acrecentar la supremacía constitucional. No es así: el proyecto que puso en marcha Morena es, ni más ni menos, un mecanismo necesario para blindar las decisiones colegiadas que tome el poder constituyente que, como propósito principal, aboga por los intereses de la población civil. Recordemos que, hace unos meses, la sociedad, en grandes proporciones, respondió al llamado de defender la soberanía y, de paso, dar continuidad a la plataforma de transformación. Siendo así, diputados y senadores de la coalición Seguimos Haciendo Historia, por responsabilidad, tienen que actuar bajo esos principios.

La mejor forma de corresponder el cariño a la sociedad, es llevar a cabo los cambios constitucionales que, en tiempos de campaña, se abordaron una y otra vez. El propio Ricardo Monreal, líder de San Lázaro, ha hecho hincapié en ese asunto. Él mismo, ante todo, ha actuado con mucha prudencia, pero sobre todo con los principios de las causas del pueblo de México, tan es así que, en parte, el proyecto es de su autoría. De hecho, eso demuestra el profundo conocimiento en temas legislativos, pero también jurídicos. Monreal, a propósito de ello, es considerado el estratega clave de los quehaceres operativos. En pocas palabras, marca la diferencia con esa labor fundamental. Siguiendo esa lógica, los resultados serán favorables en el pleno.

Ese nivel de compromiso, desde el punto de vista sociopolítico, constituye un paso importante a la consagración de la democracia en México. Esa democratización, al final de cuentas, es la parte medular en la división de poderes. El poder judicial, por ningún motivo, debe atribuirse funciones que no le corresponden, mucho menos cuando no es competencia de ellos revisar las reformas constitucionales. Es por esta razón que Morena actúa bajo la consigna de salvaguardar la voluntad del pueblo que, hace unos meses, decidió libremente a través del voto. Esa misma participación social, una y otra vez, se ha pronunciado a favor de los ajustes que ha puesto sobre la mesa el ejecutivo federal. La misma Claudia Sheinbaum, que goza de niveles de aprobación muy importantes, ha pugnado por defender el marco jurídico de nuestra carta magna.

Las columnas más leídas de hoy

Esta misma defensa, en general, la hemos visto en las calles y en todo aquel espacio público que esté habilitado para salvaguardar la soberanía del país. Las mismas asambleas que está llevando a cabo la dirigencia nacional de Morena, son un instrumento u órgano de información, pero también de concientización. De hecho, se han registrado concentraciones muy nutridas que, sobra decir, son la muestra más clara del cariño inmenso al movimiento que hizo posible Andrés Manuel López Obrador. Todo eso, desde luego, en pro del fortalecimiento de las bases institucionales. Por ello, el poder judicial no puede ser rehén de los ministros que, acostumbrados a extralimitarse en sus funciones, están empeñados en meterse en asuntos que nos les incumben.

Aplaudo la decisión que ha tomado Morena, y sus principales referentes del legislativo federal. Por esa razón, es muy probable que, esta misma semana, esté aprobada la minuta sobre el tema de la inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la constitución. Nada puede estar por encima del constituyente, máxime cuando tiene el poder de respaldo del soberano pueblo de México.