El 30 de marzo de 2025 marcó el inicio de una etapa democrática inédita en la historia política de México: las campañas electorales para la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Este proceso, resultado de la reforma judicial de 2024, permitirá que, por primera vez, la ciudadanía elija directamente a 881 funcionarios judiciales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tradicionalmente, las personas juzgadoras han comunicado sus decisiones y criterios a través de sus sentencias, manteniendo una distancia deliberada de la arena política, de la opinión pública y de los propios justiciables. En parte, aunque es tema de otro artículo, eso llevó a la pésima percepción ciudadana que hoy se tiene de este Poder Judicial de la Federación, pero también de los 32 poderes locales.
Sin embargo, este nuevo modelo democrático les obliga a adaptarse y dirigirse directamente a la ciudadanía para obtener su respaldo. La inexperiencia en campañas electorales representa un desafío significativo para estos profesionales del derecho, quienes deben aprender a equilibrar su tan cantada imparcialidad con la necesidad de presentar propuestas y establecer una conexión con los votantes.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido, lamentablemente, reglas estrictas para estas campañas, prohibiendo actos masivos, financiamiento público, publicidad en medios y encuestas pagadas. Los candidatos deben basar sus estrategias en redes sociales y propaganda impresa, lo que limita sus herramientas de comunicación y complica la difusión de sus mensajes.
La jornada electoral del 1 de junio se presenta como un hito en la democracia mexicana, pero también plantea interrogantes sobre la efectividad de este modelo en garantizar la independencia judicial y la calidad en la impartición de justicia. La ciudadanía enfrenta el reto de informarse adecuadamente sobre los candidatos y sus propuestas, mientras que los aspirantes deben encontrar maneras legales, efectivas y éticas de comunicarse con un electorado que tradicionalmente no ha participado en la selección de funcionarios judiciales. Claro, ya ha habido quién arrancó anticipadamente o ha incumplido con actos masivos -qué bueno que estas personas sean las encargadas de aplicar la ley y administrar justicia-.
Este proceso electoral no solo redefine la relación entre el Poder Judicial y la sociedad, sino que también sienta un precedente sobre cómo se concibe la justicia en un sistema democrático que busca, porque así lo marcan las encuestas, una mayor participación ciudadana en la conformación de sus instituciones.