Consigno una confusión. En mi columna anterior señalé a Álvaro García Linera como ideólogo del proceso de cambios en Ecuador, no, es ideólogo de la revolución popular en Bolivia. Hoy hablaremos de la ofensiva derechista.
El Poder Judicial es garante del Orden Constitucional y depositario por tanto de statu quo construido por los vencedores en los procesos políticos históricos. Si hay un poder del Estado y de la República reacio al cambio es éste justamente, aunque hay excepcionalidades conforme a contextos históricos. Por ello muchos analistas lo consideran el poder conservador por excelencia. No hablamos de individualidades.
Durante la ola progresista (de Revoluciones Pasivas) en América Latina que arrancó después de la debacle del neoliberalismo en los años 90, con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela (1999), debido a las deficiencias de los procesos de cambio iniciados y la ofensiva de la derecha en cada país, surgió la tesis de los “golpes constitucionales” en donde desde el poder judicial, una serie de ministros actuaron concertadamente con los líderes partidistas en los congresos nacionales, las cúpulas empresariales, y la elite militar, para derrocar a los gobiernos legal y legítimamente constituidos, mediante acusaciones de violaciones distintas a la Constitución Política (corrupción, desviación de recursos públicos, ejercicio indebido del poder, etc.).
De ninguna manera satanizamos la lucha política de la derecha continental, están en su derecho, sino la judicialización de la lucha por el poder, en contra de los procesos reformadores, y la fabricación de campañas mediáticas ideológicamente falsificadoras para distorsionar el contenido legal de estos.
En las décadas de los golpes de Estado y de la Doctrina de Seguridad Nacional las elites militares rompieron el orden constitucional y tomaron el poder a sangre y fuego en detrimento de los civiles. Fue su estigma histórico. En los “golpes legales” se invirtieron los roles: los civiles con orientación de izquierda fueron derrocados acusados de violentar el orden constitucional. La receta se repite hoy en Perú. La construcción legaloide del “caso Pedro Castillo” para su derrocamiento es más que evidente.
En la Argentina, contra Cristina Fernández, después de decenas de acusaciones judiciales fallidas contra la hoy popular vicepresidenta, como en el caso de la posible nueva elección de Luiz Ignacio “Lula” Da Silva, las acusaciones judiciales constituyen “golpes preventivos” (en términos militares “ataques preventivos”) como lo fue la fallida acusación de Desafuero contra AMLO por Vicente Fox. A “Lula” le impidieron contender cuando las encuestas lo ponían muy por encima del ex presidente Jair Bolsonaro, y a Cristina Fernández la quieren “inhabilitar legalmente” para el siguiente periodo presidencial. Hay una sentencia ya de responsabilidad pública y una de 4 años de inhabilitación. Esta suciedad legaloide que encuentra aliados en la judicialización de los casos, recurso del que echan mano las derechas continentales, es lo que resulta absolutamente condenable y que deben combatirse además de los propios recursos constitucionales, con movilizaciones políticas masivas que hagan sentir a las élites corruptas y golpistas, el peso socio-político de las mayorías populares y el alto costo que tendrán que pagar en caso de consumar su traición. En cualquier forma, son victorias pírricas y episodios transitorios. La historia no se detiene allí y los procesos continúan hasta la victoria de la Razón y la Soberanía Popular.
Particularmente la entonces presidenta Cristina Fernández aplastó intereses poderosísimos durante sus mandatos. Uno de ellos fundamental era el que representaba y condensaba para los gobiernos, la derecha nacional vinculada a la oligarquía interna y los intereses extranjeros, como la extinción la Secretaria de Inteligencia del Estado (1946-2015), que también dirigía el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), interno y exterior, y aglutinaba a todos los organismos de inteligencia, incluso militar, dependiente de la Presidencia de la República y dirigida por un civil integrante del Gabinete de Ministros.
Muy poderosa e influyente a lo largo de 6.5 décadas, involucrada en golpes de Estado posteriores a su creación, en la ejecución de opositores, en la represión transnacional con los organismos de inteligencia de países vecinos en desapariciones masivas, tortura, etc. en la colaboración criminal con otros organismos de inteligencia, especialmente la CIA, y el Mossad (según analistas argentinos) y complicidades siniestras de todo tipo, incluyendo las de carácter financiero. La SIDE era el epicentro y eje ordenador y operativo de la más disímil concentración de intereses oligárquicos y criminales ajenos al Orden Constitucional. Desparecida por la presidenta Cristina Fernández mediante un proyecto de Ley aprobado por el Congreso en febrero de 2015, y sustituida por la Agencia Federal de Inteligencia, un organismo más acotado y supervisado, fiscalizado, luego del asesinato del Fiscal Alberto Nisman en que se probó su participación, y el cual quisieron atribuir a la presidenta.
El debilitamiento de la SIDE, su criminalización operativa, repudio social y sometimiento a intereses extranjeros, catapultó a una elite de jueces y ministros del poder judicial al rol protagónico y de instrumentalización por parte de la oligarquía nacional articulada a corporaciones extranjeras. El ejército tiene prohibido constitucionalmente intervenir en la política interna. Hasta cierto punto está neutralizado. Sin SIDE, sin ejército faccioso, quedan las oligarquías de la derecha reaccionaria, económicas y partidistas más el “partido judicial” (así llamó la propia Cristina Fernández a los ministros facciosos que pretendieron derrocarla y encarcelarla antes) para enderezar la lucha contra los procesos reformistas desarrollados por ella, hoy afectando el gobierno de Alberto Fernández, Presidente de Argentina. Un recurso adicional: el escándalo mediático con la exaltación e inflamación artificial de las contradicciones políticas e ideológicas propias y naturales en cualquier proceso de cambio y de reformas.
No olvidar que Cristina Fernández se negó a pagar la deuda externa en las condiciones en que quisieron imponerle los nuevos tenedores de los Bonos de Deuda Soberana que compraron los derechos de cobro, deuda de 30-40 años atrás comprada a precios de descuento de hasta el 60-70% de su valor nominal. Los “fondos buitre” que invirtieron en la deuda vencida de toda América Latina. Pisó los intereses de los bancos de EUA y le cayeron los jueces de Nueva York tratando de obligarla a pagar en los términos que le exigían tales fondos.
Se desató contra ella una campaña externa rabiosa, y fue atacada la base macroeconómica de sus políticas sociales de reducción del desempleo, de la pobreza, la miseria y la indigencia. Sin acceso a los créditos internacionales, nacionalizó los fondos de pensiones, y cobró impuestos a la oligarquía; le estallaron una huelga los grandes propietarios agrícolas exportadores, y se realizaron diversos ataques especulativos contra el peso (guerra económica) que detonaron la inflación creciente.
Observen: guerra híbrida, ataques políticos judicializados mediante decenas de demandas, ataques económicos internos y externos y ataques judiciales internacionales. Un cóctel explosivo que posibilitó el triunfo del liberal y pro alianza atlántica Mauricio Macri, que restituyó canonjías para el nuevo servicio de inteligencia, la AFI y para las oligarquías económicas y políticas.
Al profesor Pedro Castillo, presidente constitucional de Perú, le aplicaron la misma receta: guerra híbrida con ofensiva sostenida, y desde el primer día le han impedido de mil maneras ejercer su función de gobierno, fracasaron dos “mociones de vacancia” (equivalente a destitución) desde el Congreso por carecer de los votos constitucionales necesarios. ¿Cómo lograrlos? Aquí las hipótesis se reducen a dos principales: i) lo obligaron a leer un discurso plagado de ilegalidades e inconsistencias que lo ubicó fuera del marco constitucional al pretender suprimir el Congreso y declarar el Estado de Excepción, prometiendo nuevas elecciones legislativas en 9 meses más. Su jefe del Gabinete Técnico niega que hasta la noche anterior esa haya sido una opción para superar el constante bloqueo político al que le sometieron.
Se planeó una comparecencia en el Congreso con un discurso de defensa, que él mismo afinó. Luego de leer el discurso de disolución, llamó a la oficina del presidente AMLO y se dirigió a la sede diplomática de México en Perú. Le impidieron llegar y fue apresado y presentado ante la Fiscalía de Perú para ser investigado y acusado, previa investigación de los hechos; ii) O bien, Pedro Castillo Presidente de Perú fue víctima de una conjura desde el Congreso junto a la elite de la policía y el ejército para ser secuestrado, apresado y destituido, luego juzgado y encarcelado por varios años simulando un proceso constitucional de vacancia, ahora acusando al Presidente de intentar dar un golpe de Estado tipificado como Sedición, y ascendiendo al poder a la vicepresidenta que aceptó la conjura y pasó a representar al golpismo peruano. La insurrección nacional está dificultando y frustrando al máximo la continuidad en el poder del bloque golpista. La represión ha aparecido con varios muertos y muchos heridos.
Continuaremos.