Una gran felicitación a los aparatos de inteligencia y seguridad del Estado-gobierno actual por los éxitos recientes registrados en su tremenda lucha que libran por restablecer el Orden Constitucional, la seguridad y tranquilidad de los mexicanos, aportando así a la transformación de nuestro país. Honor por siempre a los caídos en esta lucha..

En nuestra entrega anterior narramos cómo la derecha continental que actúa con una gran similitud en todo el subcontinente latinoamericano y el Caribe, judicializa constantemente su oposición a las transformaciones de los gobiernos y las fuerzas del progreso y la democracia social, distorsionando el contenido político real de éstas, satanizando los cambios, inventando demonios, sin la mínima honradez intelectual, a pesar de que su voluntad de oponerse es legal y legítima, no así los medios e instrumentos usados. Se degrada también con ello la lucha ideológica inherente a la disputa del poder.

La judicialización aprovecha la formación profesional y cívica de preservación del orden legal y del statu quo del conjunto de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial y la identificación de muchos de ellos con el pensamiento conservador propio de quienes actúan en la defensa del Orden vigente.

Otra gran herramienta en esta lucha contra las fuerzas por la democracia social es el uso de los aparatos de inteligencia y seguridad del Estado de trayectoria represiva, criminal y sin control constitucional y social efectivo, quienes en alianza con algunos personajes del poder judicial han cometido las peores tropelías criminales en la historia política de nuestro continente, como cuando se fabrican cargos penales contra los líderes de las fuerzas políticas de avanzada con el objeto de derrocarlos del poder o encarcelarlos, acusándolos siempre de violar una Constitución que esa alianza siniestra ha mancillado una y otra vez a su antojo.

Son variados los casos ejemplares en nuestra subregión continental. Observen las similitudes. Los últimos casos relevantes, uno frustrado y otro exitoso: acusar a la presidenta de Argentina Cristina Fernández de ordenar la ejecución del Fiscal Alberto Nisman que integró un expediente judicial para acusarla formalmente ante el Congreso y exigir su destitución como responsable de eventos lamentables: encubrimiento de los ejecutores de los atentados terroristas a la AMIA, una organización de origen judío que representa a la comunidad hebrea en Argentina, muy poderosa, que la prensa mayoritaria y los medios y partidos de la derecha de ese país, sostienen que son de origen iraní y que el gobierno de ese país protegió y ocultó durante décadas, y se negó a extraditar para ser juzgados, en una investigación deformante que realizaron los servicios de inteligencia de Argentina (la SIDE, luego disuelta por la Presidenta Cristina, el Mossad israelí y la CIA de EU, de lo cual Cristina Fernández se hizo cómplice supuestamente al suscribir un acuerdo diplomático con las autoridades de Irán para una nueva investigación imparcial, encontrar a los responsables y castigarlos, aún en caso de que sean de origen iraní, o descartar esa tesis. Además están de por medio una serie de contratos para enriquecer uranio que Argentina suscribió en otro momento para Irán, proyecto nuclear al que se opusieron, incluso violentamente, los gobiernos de Israel y EU. Las conclusiones de los tres organismos de la inteligencia nacional fueron rechazadas por el gobierno de la Presidenta. Muchos analistas alternativos suscribieron la tesis contraria: hubo “una inmensa provocación” y un “auto atentado” con fines geopolíticos.

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Este expediente que jueces ordenaron reabrir y de lo cual se hizo cargo el abogado Alberto Nisman en calidad de Fiscal Especial, quien siguió colaborando con autoridades de Israel y EU y con los organismos de inteligencia de tales países y argentinos (SIDE, Mossad y CIA). El día que iba a presentar sus conclusiones en el Congreso argentino, que distintos especialistas judiciales señalaron tenía graves inconsistencias y por tanto, escasas posibilidades de ser aceptado, porque la defensa de la presidenta Cristina Fernández logró evidenciarlas, y muchos comentaristas alternativos denunciaron que fue revisado y aprobado en la embajada de EU, Nisman entonces apareció muerto en su departamento, expertos forenses sostienen que se vió entrar al mismo a personal de la SIDE argentina. Obviamente, de manera siniestra la muerte fue atribuida a la Presidenta Cristina. Pero fracasó ese montaje y la derecha volvió recientemente al ataque con nuevos cargos (hay más de 70 denuncias) logrando una condena de inhabilitación para la hoy Vicepresidenta para ocupar cargos públicos, sacándola así de la próxima sucesión por la presidencia de Argentina. ¿Recuerdan el juicio fallido para el desafuero contra AMLO Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que pretendía inhabilitarlo para la contienda presidencial de 2006?

A Luis Ignacio Da Silva Lula lo acusaron de peculado con recursos públicos y fue injustamente encarcelado algunos años, hasta que un juez que revisó todo el expediente estableció que eran débiles e inconsistentes las acusaciones en su contra y determinó su libertad absoluta, pero no pudo contender contra Jair Bolsonaro y éste triunfó, a pesar de que “Lula” estaba muy arriba en las encuestas. ¿Cómo es posible que lo hayan encarcelado tres años siendo inocente de los cargos penales imputados?. Precisamente por la receptividad de distintos jueces del Poder Judicial brasileño a estás conjuras nefastas de la derecha política y el conservadurismo ilegal de jueces brasileños. En este caso no se sabe hasta hoy si en la formulación de los cargos contra “Lula” actuó la inteligencia del Estado brasileño. No sabemos si habrá evidencias después.

El profesor Pedro Castillo, presidente legal y legítimo del Perú, enterado del involucramiento de su Director de la Dirección Nacional de Inteligencia José Fernández Latorre fue retirado del cargo por las investigaciones que le involucran y que son parte de lo ocurrido en Petro-Perú que se dieron a conocer durante el mes de octubre y noviembre, por encubrimiento en la compra de biodiesel B 100 a la empresa Heaven Petroleum Operators además fue apresado por orden de la Fiscalía junto al director General de la empresa estatal, al empresario Daniel Príncipe Collazos y el asesor de inteligencia Henry Shimabukuro Guevara. Todos, partícipes directos en un proceso criminal organizado para favorecer a la empresa citada con la licitación de un contrato de compra por $74 millones de USD. Ante ello el ex jefe de la DINI dijo que todo era obra del presidente Pedro Castillo, cuando se entregó a la justicia Una Auditoría ordenada por la Fiscal determinó que sí salió dinero de los fondos de la DINI para funcionarios cercanos al presidente, como Bruno Pacheco. Es decir, desde un servicio de inteligencia sin supervisión y fiscalización de recursos públicos, típico de la inteligencia de Estado opaca, soterrada y volcada a la lucha política interna, sin frenos constitucionales reales e involucrada siempre en hechos de corrupción y crimen. Nada ha probado que el Presidente Castillo esté detrás de todo ello.

Días después de su destitución el exjefe de la DINI, aseguró que un sobrino de Pedro Castillo, de nombre Rudbel Oblitas, le pidió dinero en distintas ocasiones y en cantidades crecientes, para probar lo cual presentó audios, el dinero fue para evitar la emisión de un reportaje sobre el Presidente, y para contratar una asesoría en inteligencia de origen ruso, al igual que le solicitó su colaboración para sustituir al ministro de defensa y al entonces jefe del gabinete de asesores Emilio Bobbio Rosas. Todo bajo el supuesto del conocimiento y beneficio para el presidente Pedro Castillo.

Posteriormente declaró también que el sobrino citado llegó a pedirle hasta medio millón de dólares frente al ex ministro de Defensa Walter Ayala. Y que la asesoría rusa en inteligencia era para obtener 30 millones de USD, y cuando ello se produjera regresaría el medio millón de USD solicitado a la DINI. Estas declaraciones las hizo en la TV peruana con cobertura nacional el 6 de diciembre de este año 2022. Fue uno de los argumentos para solicitar por tercera vez la “moción de vacancia”, en la sesión del Congreso llevada el 7 de Diciembre, día de la destitución del presidente Castillo, día también en que lee un discurso ante la Nación para disolver el Congreso, siendo esto entendido como un autogolpe de Estado.

Una de las banderas centrales de Pedro Castillo fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cancelar la Constitución de 1993 vigente, llamada “Constitución Fujimori” que consagra el modelo neoliberal autoritario y represivo. Ello alarmó a toda la derecha y la puso en acción y se empezó a hablar de vacancia desde el inicio. Un periodista llamó a la ofensiva sostenida contra Pedro Castillo como “una masacre mediática y política”, lo cual lo puso a la defensiva y sin capacidad de acción estratégica con relación a las reformas propuestas. Es decir, el anterior responsable de la DINI en Perú, actúó bajo los lineamientos de la vieja escuela de inteligencia criminal: espía a sus superiores, se queda con información privilegiada y la expone públicamente movido por una preferencia política de carácter faccioso.

Es parte de la inteligencia criminal volcada a la disputada política favoreciendo a una de las partes, una concepción que ha hecho un daño descomunal a los procesos políticos en la región y a las aspiraciones e instituciones democráticas. Siguiendo la línea anti-institucional, de defensa de regímenes políticos en turno con ideologías dominantes reaccionarias y de ausencia de profesionalismo y de controles a esta actividad de inteligencia.

Continuamos.