El pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso histórico al aprobar reformas que buscan garantizar derechos laborales a los repartidores de plataformas digitales. Con 389 votos a favor y solo 65 en contra, el proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo propone afiliarlos al IMSS e Infonavit, sino también reconocerlos como trabajadores con pleno acceso a la seguridad social y la posibilidad de organizarse sindicalmente.
El dictamen promete transformar la realidad de miles de repartidores que hasta ahora han enfrentado jornadas extenuantes, ingresos inciertos y la falta de respaldo ante accidentes laborales. Además, introduce medidas como la transparencia en el cálculo de tarifas, el derecho a desconexión digital y la responsabilidad de las plataformas en caso de incidentes. Sin duda, estas disposiciones representan un avance significativo en un modelo de negocio que ha prosperado bajo la premisa de la flexibilidad laboral, pero a menudo a costa de la precarización.
¿Reglas claras para todos?
Sin embargo, como en toda gran reforma, el diablo está en los detalles. La propuesta establece un esquema tripartito para el pago de cuotas al IMSS, involucrando a los trabajadores, las plataformas y el gobierno. Pero surgen preguntas: ¿cómo se garantizará que las empresas cumplan con estas obligaciones? ¿Qué mecanismos de fiscalización se implementarán para evitar que las plataformas trasladen su parte del costo a los repartidores mediante tarifas o comisiones menos favorables?
El reto no termina ahí. Aunque el proyecto prevé beneficiar a unos 658 mil repartidores, expertos señalan que solo 272 mil, quienes generan ingresos superiores al salario mínimo, accederán plenamente a los beneficios. Esto deja a 386 mil trabajadores con una protección limitada, principalmente en casos de accidentes. ¿No debería la reforma abarcar de manera integral a todos los involucrados, independientemente de sus ingresos?
Más allá de la letra
Es crucial que el Senado, en la etapa de discusión, refine estos puntos para garantizar que la reforma no solo sea un avance simbólico, sino una herramienta efectiva para combatir la desigualdad. Regular el empleo en plataformas digitales es necesario, pero debe hacerse de manera que respete el carácter flexible del modelo sin perpetuar la inequidad. Ahora serán las senadoras y senadores quienes definan si es que esta reforma avanza como está, cuya aplicación, aún aprobándose de manera urgente, sería efectiva hasta el próximo año o si es que modifican o adicionan algo, en cuyo caso podría extenderse aún más el tiempo para que estas disposiciones se aprueben y pudieran entrar en vigor, haciéndose realidad para quienes tienen jornadas extenuantes desde motocicletas, bicis y electrobicis, que en algunas ocasiones, se encuentran registrados en más de una aplicación como Rappi, Didi, Uber Eats, etcétera.
El IMSS, por su parte, enfrentará el reto de diseñar criterios claros en 180 días para implementar estas medidas. Aunque el terreno está ya pavimentado, pues la experiencia para brindar seguro social a trabajadoras del hogar ha dejado claro que, tanto las cuotas como los caminos para acceder a la seguridad social, se pueden adaptar a esquemas complejos. Tal vez, lo frustrante para estos nuevos trabajadores, que ya no son simplemente “socios” de una aplicación o prestadores de servicios, será que, al toparse con la realidad del Seguro Social como larguísimos tiempos de espera y falta de medicamentos, vuelvan a su viejo estilo de vida de acudir a pequeñas farmacias, consultorios y medicamentos similares para atender urgencias, aun pagando los servicios del Estado porque simple y sencillamente, no se dan abasto.
A ello se suma la responsabilidad del SAT, que deberá evitar cambios impositivos que desincentiven la formalización del empleo.
Un avance que merece seguimiento
Celebramos que la economía digital, con su crecimiento exponencial, esté en el centro de las discusiones legislativas. Sin embargo, garantizar que los derechos laborales consagrados en la ley se traduzcan en la realidad de los repartidores será el verdadero desafío.
Las plataformas digitales han cambiado la manera en que trabajamos, pero ahora corresponde al Estado asegurar que esta transformación sea para bien. De lo contrario, corremos el riesgo de que estas reformas se conviertan en una promesa más que no encuentra eco en las calles. Es momento de pasar del discurso a la acción, con reglas claras, supervisión efectiva y un compromiso real con los trabajadores que día a día sostienen la economía de las aplicaciones.
Desde aquí, seguiremos vigilantes.