Su padre Melchor Soto ingresó una iniciativa ciudadana para reforzar la ley de desaparición forzada en BCS
Melchor Soto Torres y su esposa jamás olvidarán el 14 de octubre de 2010. Una fecha grabada en los más hondo de la memoria colectiva de Baja California Sur (BCS), uno de los momentos en que La Paz se nos comenzó a desmoronar.
Desde este día, la desaparición de la niña Lisset Soto Salinas de 8 años mostró una inoperante Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), una institución roída por corrupción y viejas prácticas que en nada ayudaban a las investigaciones. Una maquinaria de justicia operada para funcionar cuando se tiene el dinero o el poder suficientes.
Cuando Lisset desapareció quedó claro que cualquiera podía desaparecer en una entidad en la que, supuestamente, no pasaba nada. Un territorio en calma. Solo se hablaba de playas y su “vocación natural turística” en el sur de la Península de Baja California. Imposible que un paraíso en el que hasta los narcos solo venían “a vacacionar” pudiera existir un caso así.
Al mismo tiempo, las leyes eran obsoletas. No fue hasta el 16 de agosto de 2019 que se homologó la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Baja California Sur. Sin embargo, como suele pasar, solo fue aprobada para simular.
Por esto, Melchor Soto presentó una iniciativa para fortalecer esta ley. La iniciativa pretende hacer una serie de reformas que deriven a reconocer los derechos de las víctimas, explica, a través de un mecanismo estatal de coordinación interinstitucional para dotar y obligar al representante de la Comisión Estatal de Búsqueda de BCS sesionar cada tres meses, además de permitir la instalación de un consejo ciudadano porque esto no está reconocido en el Boletín Oficial del Gobierno de BCS.
El respeto a los derechos de las víctimas es el eje fundamental dentro de las modificaciones presentadas por Melchor. Por ello, dijo existe una correlación con la Ley de Atención de Víctimas para el Estado de Baja California Sur, señalar la necesidad de que el Estado de apoyo sicológico y jurídico para revisar las carpetas de investigación, o monetario cuando se necesite la víctima trasladarse hasta la capital.
Melchor lo sabe bien. En su odisea por encontrar a su hija sufrió la indiferencia de las autoridades estatales, por lo que se puso a estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Desde el gobierno perredista-petista de Narciso Agúndez Montaño hasta Carlos Mendoza Davis del PAN.
Ante la apatía institucional él comenzó a vincularse con movimientos de familiares de víctimas de desaparecidos en América Latina y se vinculó a esfuerzos.
La iniciativa ingresada a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas también pretende dotar de más obligaciones a quien represente a la Comisión de Búsquedas de Personas de BCS y busca que el Congreso del Estado pueda evaluar el desempeño de quien esté al frente de la misma.
El padre de Lisset solicitó a legisladores de todos los partidos políticos que revisarán el contexto del tema de desaparición y que su iniciativa sea leída este martes 19 de abril.
Actualmente es común ver redes sociales digitales ver a colectivos de familiares y amigos que no paran de buscar desde La Paz a Mulegé con pala y pico. Las cifras oficiales son imprecisas en opinión de las y los buscadores.
Melchor ahora sabe que es uno de ellos. Por ello sabe lo importante de tener un marco legal que los ampare.
Algo es seguro para él: nada lo detendrá hasta dar con Lisset.
Carlos G. Ibarra en Twitter: @Cachobanzi