El signo de nuestros tiempos es el descontento; en todas partes, y la insatisfacción ha llevado a despreciar la democracia. En su sentido básico se refiere a autoridades electas en contiendas razonablemente justas, al gobierno acotado por el legislativo y el judicial y la constitucionalidad de los actos de autoridades y de las decisiones parlamentarias. La irrupción del populismo conduce a la autocracia, es decir, un gobernante fuerte sin los contrapesos propios al arreglo democrático.

Son varias las razones de la insatisfacción. Algunos apuntan a la incapacidad de la economía para corresponder a las expectativas sociales. No sólo es un tema de pobreza y desigualdad, también el deseo de las clases medias de mayores satisfactores, ampliación de los tiempos de ocio y esparcimiento, además de acceder a los bienes que el cambio tecnológico e informático ofrecen. La cultura de consumo crea nuevas necesidades que el sistema es incapaz de satisfacer. La sociedad ahora, más exigente, no guarda memoria de las limitaciones y la escasez de generaciones pasadas. En el caso mexicano olvidados están la inestabilidad económica y el deterioro de la economía personal.

Se puede decir que las exigencias son resultado de las buenas cuentas del pasado. En cierto sentido la insatisfacción viene del éxito del sistema; en muchos sectores sociales existe la crisis de expectativas, que giran en torno a la economía. Todo hace sentir el menor aprecio por las libertades y los derechos asociados a la democracia porque se consideran como recursos al servicio de unos cuantos o funcionales a la concentración de la riqueza y del poder.

Lo que parece ser un rasgo común en todo el mundo democrático es el descrédito del sistema de representación política o de funcionarios electos y partidos políticos. Al respecto en una encuesta del Pew Center en 2023, 24 países muestran que 59% de los entrevistados afirman no estar satisfechos con la democracia. En la pregunta sobre si los funcionarios electos cuidan de lo que piensan las personas, 74% afirma que no. En México el valor fue de 78%. En Argentina, España y Estados Unidos la respuesta fue de más de 83%. En relación con los partidos políticos 42% señalaba que ninguno de los partidos lo representaba, en México, 53%.

Un dato revelador para México es la manera como se ha normalizado la militarización de la vida pública, seguramente por el impacto de la violencia, como muestra la respuesta a la pregunta sobre si los militares mandaran sería bueno o malo para el gobierno del país. En los 24 países 83% señala que es muy malo o algo malo y 15% positivo. En México 40% afirma que es malo y 58% que es bueno. Efectivamente, AMLO propició la revolución de las conciencias, para mal.

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La sociedad actual ha migrado en su visión del gobernante sin contrapesos del Congreso y del Poder Judicial. En las 24 naciones encuestadas 26% afirma que un sistema con un líder fuerte sin interferencia del poder legislativo o de las Cortes sería bueno para gobernar al país. En México la cifra se eleva a 50%. Los únicos países que le superan son India 67%, Indonesia 51% y Kenia 52%. En Estados unidos y Canadá, 26% y 19% respectivamente. El valor más bajo lo tiene Suecia con 5%.

El estado de salud de la democracia no es muy prometedor, aunque en la mayoría de los países democráticos, incluyendo EU, los valores y actitudes asociadas al liberalismo político persisten más allá del avance del populismo y de la polarización. Europa guarda una situación singular por el aumento de la xenofobia que ha impulsado a los partidos de ultraderecha, situación no muy distinta a EU con el discurso antiinmigrante de demócratas y republicanos, especialmente Donald Trump y su movimiento MAGA.

En México el impulso antidemocrático ha trascendido a la retórica radical y ha llevado a la afectación de los fundamentos de la democracia. La militarización de la seguridad nacional, la destrucción del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte, la desaparición de los órganos constitucionales autónomos y la colonización de entidades fundamentales como la CNDH, el INE y el Tribunal Electoral dan cuenta de un nuevo régimen próximo a la autocracia. La duda es si este impulso tendrá continuidad con la afectación constitucional a las instituciones electorales y a la integración plural de los órganos de representación.