Karla Quintana se desempeñaba hasta hace unos días como comisionada Nacional de Víctimas, con el enorme reto en sus manos de construir un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que por primera vez en la historia de México, colocó a las víctimas en el centro de la política pública. Su trabajo fue entorpecido por las Fiscalías estatales que ocultaban cifras, enviaban datos incompletos o se negaban a colaborar. Recibió críticas de organizaciones y activistas que reclamaban una altísima cifra negra de crímenes que no podían acceder al Registro por obstáculos de tipificación del delito o por no haber sido denunciados, señalando que el número de personas desaparecidas o no localizados era mucho más elevado que el que se reporta oficialmente. Su renuncia marca una etapa de maltrato hacia familiares de víctimas de desaparición después de que Andrés Manuel López Obrador declarara en la mañanera que el Registro estaba mal y que, según sus datos, era mucho menor.
La desaparición forzada es el nuevo feminicidio y también, el delito que se ha disparado tras la baja en la tasa de homicidios. En 2015, la cifra total de mujeres y niñas desaparecidas en el territorio nacional era de 1,043; mientras que seis años después, en 2021, esta cifra se disparó a 161.6%, al pasar a 2,729 mujeres y niñas no localizadas. Lo anterior según el Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas basado en el Registro Nacional oficial.
No es exagerado decir que algunas entidades son una fosa común de cara a las cifras: Jalisco encabeza el registro como la Entidad con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, con 15 mil 012, además de siete mil 41 personas localizadas con vida y mil 303 sin vida, mientras que los reportes y trámites del Registro Nacional de Personas Desaparecidas excluye a una cantidad considerable, documentada por organizaciones de la sociedad civil, el presidente y el Gobierno Federal acusa que en realidad, son menos. Particularmente, tras la disminución del feminicidio en 29% que se presume a nivel federal, se encuentra que la desaparición de mujeres se disparó hasta en un 161.6% en seis años, siendo en su mayoría mujeres jóvenes y niñas entre 15 y las que han desaparecido. El aumento es de un dramático 87% que se traduce en vidas. No sin simples números.
Karla Quintana fue una de las más grandes promesas para las víctimas de personas desaparecidas y para las organizaciones activistas dedicadas a monitorear la seguridad y los flujos de actividades delictivas a lo largo del país. La desaparición forzada cometida por particulares parece ser el crimen perfecto entre Fiscalías sin presupuesto ni herramientas de capacidades forenses para investigar los restos de cuerpos que son encontrados diariamente por buscadoras, principalmente, familiares de víctimas. Un crimen en el que no hay cuerpo del delito y poco material para perseguir a sus autores ante tantos residuos que por lo general, son dispersados en distintos puntos. Me refiero, concretamente, a que las familiares de desaparecidos suelen encontrar huesos de una parte del cuerpo, prendas, joyería o con mucha suerte, un cadáver del que se puede obtener una seña general de estatura y edad. Son madres las que realizan llamadas a otros familiares para decirles que encontraron restos coincidentes con la descripción de su familiar desaparecido y también hacer lo que el Estado no realiza, les cuesta la vida.
En las versiones de colaboradores anónimos que comentaron lo que en realidad sucedió a Proceso, se dice que por instrucciones presidenciales le fue solicitado a la comisionada encontrar un mecanismo distinto para contabilizar a los desaparecidos con el objetivo de disminuirlos, como en la mañanera se dijo. Karla Quintana se negó a maquillar las cifras, no renunció a un puesto, renunció a mentirle a más de 159 mil familias que buscan a alguien, se negó a tener que notificarles que su persona desparecida en realidad no está desaparecida aunque no se conozca a ciencia cierta donde está, solo para complacer un capricho presidencial sediento de aplausos. Renunció a negar la realidad.
Detrás de las desapariciones se encuentran otro tipo de actividades delictivas que acompañan a la impunidad y a la cobertura territorial de distintos grupos del crimen organizado: desde trata de personas, explotación y violencia sexual, violencia feminicida hasta reclutamiento forzado de personas para ser sicarios, secuestro, explotación para laborar en laboratorios clandestinos de drogas, extorsión y toda la cadena de muerte que implica la crisis de seguridad por narcocriminalidad.
Un país que ha aprendido a administrar la tragedia y digerir atrocidades en tiempo récord no debería aceptar siquiera la intención de rasurar ese Registro, que de por sí, costó años de exigencias y guarda las irregularidades de la falta de homologación en tipos penales, de las distintas causales para determinar la calidad de “desaparecido”, de la imposibilidad para acceder a ser registrado tratándose de personas migrantes y de la poca cooperación por parte de las entidades.
El presidente no sólo le cerró la puerta a los colectivos de madres buscadoras sino que enterró en una fosa gigante y sin fondo las últimas esperanzas que quedaban en su sexenio por tener verdad, memoria y justicia. Probablemente, la incomodidad presidencial tiene como origen una incapacidad no declarada para revertir la tendencia. Solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, según la versión pública del Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México han desaparecido 1,329 personas del sexo masculino (63.44% del total) y 766 personas del sexo femenino (36.56%), que representan un 20.54% más que el 2022, año en que durante el mismo periodo ocurrieron 1,738 desapariciones en total.
Solo para entender el esfuerzo de la ex-comisionada nacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra datos estadísticos de la información recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y Fiscalías de los Estados, la mayoría a través de fichas de búsqueda, mediante las herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB): Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (SU), Carga Masiva (CM), Web Service (WS) y el Portal Web de reportes de personas desaparecidas y no localizadas, en la dirección: https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/ (PW) que se actualiza en tiempo real. Tras la renuncia de Karla Quintana, ojalá que no tengamos una nueva versión de “se cayó el sistema”.