A fuerza de tanto repetirla, la expresión se ha vuelto casi litúrgica, pero su uso indiscriminado la pervierte; queda reducida a la retórica hueca: iremos hasta las últimas consecuencias, no descansaremos hasta encontrar la verdad, tope en lo que tope… Sin embargo, las investigaciones y los procesos judiciales pocas veces concretan responsabilidades respecto de los autores de los ilícitos o de quien o de quienes se supone los cometió.
Una de las consecuencias de ello es que acaban por ser incriminados los organismos, las instituciones a las que pertenecieron los supuestos responsables; pero tal salida es falsa, pues las organizaciones no delinquen, en todo caso lo hacen sus miembros. El paraguas sirve para encubrir y diluir las participaciones que se concretan en las personas; se deriva la sospecha a las instancias orgánicas, el ejército, el partido, el gobierno…
Mientras no se llegue a la individualización de las responsabilidades que permita responder a las preguntas de ¿Quién o de quienes?, ¿Quién lo hizo?, ¿Quién ordenó?, ¿Quiénes estuvieron involucrados?, los asuntos serán resueltos por la generalización cómoda que a todos inculpa, pero que a nadie identifica, que aporta un arma ideológica para estigmatizar a grupos. Fueron lo traidores de …, los reaccionarios de…, los contra- revolucionarios de …, los corruptos que se infiltraron a …, etc.
Se requiere acreditar las responsabilidades individuales para salvar a las instituciones de la descalificación perversa que las deslegitima. Esto es especialmente importante en el caso de presumibles abusos o ilícitos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, pues en ellas queda un reducto importante de credibilidad que a nadie conviene que se desmorone o que quede en el limbo.
En efecto no hay institución perfecta o incólume ante la pretensión de vulnerarla por parte de quienes ejercen actividades corruptoras; pero cuando los intereses aviesos logran penetrar, la mejor vacuna para evitar la metástasis es la denuncia y el desenmascaramiento de los involucrados; en caso contrario, la ruta criminal tiende a someter y alinear procesos decisorios en torno de sus intereses, de modo de amenazar la racionalidad y la legitimidad institucional para convertirla en un cascarón, en mero formalismo.
Sobran las declaraciones a favor de la integridad del Ejército y de las Fuerzas Armadas, y no falta razón en ello conforme a la disciplina que se impone a sus integrantes y de la convicción patriótica de la que están imbuidos, sin las cuales no se entendería su participación en actos que ponen en riesgo la vida de sus miembros, así como de los decesos que, lamentablemente, muchas veces experimentan en la realización de los operativos que se les encomienda.
El tema de Ayotzinapa que involucra la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal ubicada en ese poblado, y que de acuerdo a la Fiscalía Especial para la investigación de los hechos postula el presumible asesinato de dichos estudiantes en hechos ocurridos hace 8 años y que es calificado como crimen de Estado, en donde se involucra a los tres niveles de gobierno, requiere la actuación judicial que permita acreditar responsabilidades, pues un crimen de Estado no es lo mismo que un Estado criminal.
Si fue, como se señala, un crimen de Estado, quiere decir que algunas de sus instituciones estuvieron involucradas y lo hicieron a través de actos que se materializaron por la actuación de personas que servían y operaban a nombre de tales instituciones. La comisión de los hechos que imputan es imprescindible queden esclarecidos; de no ser así el crimen de Estado o bien queda sin sustento, o bien deriva en el riesgo de conducir a la criminalización del Estado a partir de una impunidad que amenaza con recrearse y reproducirse.
Para el Ejército, para las autoridades civiles de los órdenes federal, estatal y municipal, deslindarse de los hechos requiere identificar a los responsables y acreditar la comisión de los delitos que se les señala; sólo así un crimen de Estado podrá dejar incólume a las instituciones y, al contrario, reivindicarlas por su capacidad de repudiar las acciones que les son contrarias a su naturaleza y vocación.
¡Es momento de deslindar!