Dos aspectos explican por qué no estamos en la perspectiva de culminar hacia 2024 la condición de la Guardia Nacional como una institución de carácter civil. Una primera respuesta -y la principal- es la falta de voluntad política del gobierno para hacerlo posible; la otra es la insuficiencia del instrumento de control para acompañar ese proceso, radicado en la Comisión del Senado de la República para conocer y calificar los informes anuales respectivos.
Si la convicción del gobierno y los mecanismos de control fueron las fallas para que se cumpliera el propósito original en el tiempo y la forma previstos para configurar a la Guardia, es consecuente que ahora se formule un claro fortalecimiento y un mayor rigor en la evaluación de las acciones que se emprendan a través de una Comisión bicameral con mayor injerencia y protagonismo; por otra parte, será un gobierno distinto al que le toque completar un proceso que, en el extremo, podrá completarse hasta 2028 o incluso antes.
En efecto, un nuevo seguimiento se dará desde la evaluación que realice el Congreso respecto de los informes semestrales que rindan las autoridades sobre los reportes de la integración de la propia Guardia y de la eventual comparecencia de funcionarios y mandos militares para profundizar el análisis respectivo; por otra parte, estará el foco más atento que ha puesto la opinión pública, especialistas y la sociedad sobre la materia, en condiciones de una gran visibilidad.
Se puede anticipar que uno de los temas nodales de los próximos comicios presidenciales será la desmilitarización de la Guardia Nacional. El gobierno que inicie el 1 de diciembre de 2024 tendrá un plazo, que se vencerá en 2028, para disponer de la contribución de los militares en ese órgano de seguridad; pero al tratarse de una facultad, ésta podrá, ciertamente, ejercerse durante todo el periodo establecido; en su defecto, el presidente de la República podrá optar por no hacerlo, es decir, que en algún momento y dentro de la vigencia prevista, no ejerza tal prerrogativa y la cancele de facto.
El gobierno electo para el periodo de 2024-2030 tendrá en sus manos acelerar la desmilitarización de la Guardia conforme a las decisiones que adopte y en el marco de los compromisos de campaña que haya asumido, especialmente ante el hecho que habrá de decidir las personas que sean nombradas tanto al frente de la secretaría de la Defensa Nacional como también de la Marina, dentro del marco de opciones de que disponga. Esas designaciones potenciarán los márgenes presidenciales para afirmar el papel a cumplir por parte de las Fuerzas Armadas.
Conforme a lo arriba expuesto, la vinculación entre las designaciones de las personas al frente de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, y de las determinaciones políticas que se adopten sobre la participación o auxilio de esas instituciones en la seguridad interior, estarán llamadas a conectarse.
En esta temática el gobierno dispondrá de mejores condiciones que su predecesor para decidir pautas o líneas de acción dentro de un abanico de opciones múltiples; en primer lugar estará en posibilidades de iniciar su gestión con la alternativa de recurrir a la participación subordinada de los militares en la Guardia Nacional, como parte de una definición asociada a las designaciones correspondientes al frente de las instituciones involucradas en ese cometido; podrá, en su caso, instrumentar decisiones para cancelar esa posibilidad, lo cual implicará acelerar la consolidación del carácter civil del órgano de seguridad, al tiempo de impulsar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales; por último, podrá inclinarse por agotar el plazo que se vence en 2028 para recurrir al apoyo militar.
Dentro de ese contexto, es de suponerse que la última opción sea desechada y, en su caso, se presente un curso de acción que conduzca a dar feliz término –y por anticipado– a la contribución de las Fuerzas Armadas en las labores de la Guardia Nacional en circunstancias inscritas en un diseño estratégico que evite una situación de crisis.
Supone lo anterior que se deseche la alternativa de una abrupta, imprevista y desprogramada interrupción de la colaboración militar en las labores de seguridad interior; implica también lo contrario, en tanto que ocurra como parte de un diseño cuidadoso, de modo que la transición de un modelo militarizado a otro desmilitarizado suceda de forma escalonada, acelerada tanto como sea posible, y sin poner en riesgo la seguridad pública.
El debate político, los compromisos de campaña, la expresión que tenga el voto y, como conclusión de todo ello, las definiciones del próximo gobierno deberán llevar a feliz puerto el asunto de la desmilitarización de la Guardia Nacional. Así se espera.