El reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU revela un panorama desolador en México respecto a la privación de la libertad, exacerbado por una falta de estrategia gubernamental que, lejos de remediar esta tendencia, parece empeñarse en empeorarla. A pesar de las reiteradas recomendaciones internacionales, las autoridades mexicanas no solo ignoran los llamados a respetar los derechos humanos, sino que avanzan peligrosamente hacia la militarización de la seguridad pública y la ampliación del uso de la prisión preventiva oficiosa.
El Grupo de Trabajo, tras su visita del 18 al 29 de septiembre de 2023 a diversas instalaciones de detención, 4 instalaciones federales y 11 estatales y municipales, entre centros de reinserción social (tanto para hombres como para mujeres y a nivel federal y estatal), estaciones de Policía, estaciones de detención de migrantes, centros especializados para adolescentes, refugios de protección para niños y niñas, hospitales de salud mental y separos de las fiscalías, expone datos escalofriantes: el 50% de las aproximadamente 90.000 personas que están en proceso judicial en México se encuentran bajo prisión preventiva oficiosa, muchas de ellas por más de cinco años sin una sentencia firme. Este uso desproporcionado de la prisión preventiva contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen una evaluación individualizada de cada caso, considerando riesgos reales de fuga o reincidencia, algo que México ha ignorado por completo.
Pero lo más preocupante es que, en lugar de trabajar en una solución, el Gobierno impulsa una reforma constitucional para transferir completamente el control de la Guardia Nacional al ejército, profundizando la militarización de las tareas de seguridad pública. Esto, combinado con la intención de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo actos de defensa fiscal, plantea una amenaza directa a la libertad de los ciudadanos y aumenta el riesgo de detenciones arbitrarias. Con esta reforma, no solo se expande la presencia militar en la vida cotidiana, sino que se abre la puerta a la criminalización de actos administrativos bajo el pretexto de seguridad.
Un Registro Nacional de Detenciones a medias
Desde 2019, el Registro Nacional de Detenciones fue creado para conocer información de personas detenidas máximo 5 horas después de que su libertad fue interrumpida. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana administra el registro. El informe del Grupo de Trabajo revela que alrededor de 2 millones de búsquedas en la base de datos fueron efectuadas por el público y, aproximadamente, el 30 % de esas búsquedas, revelaron que la persona estaba detenida. A pesar de que según la ley que regula este registro, las detenciones deben ser inscritas en el registro dentro de las cinco horas siguientes a la privación de libertad, en la realidad, el Registro Nacional de Detenciones no registra todas las detenciones.
El informe documenta que no se incluyen las detenciones administrativas de migrantes y personas con discapacidad psicosocial, lo que crea una brecha de información que reduce la capacidad de las autoridades para prevenir y remediar la detención arbitraria de migrantes y otras personas en situación de vulnerabilidad. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el personal militar, incluido el incorporado a la Guardia Nacional, debe registrar las detenciones en el Registro, persisten varias excepciones a este requisito. Es decir, que, si un ciudadano cae en manos de cualquier policía, es probable que su detención, aunque sea injustificada, sea registrada en esta plataforma. Pero en caso de que la Guardia Nacional haya realizado la detención, es poco probable que sus familiares o quien sea que busque a la persona pueda encontrarle a través de este sistema.
Con la reforma que se discutirá este jueves, los resultados podrían ser aún peores ya que en caso de materializarse la incorporación total de la Guardia Nacional a la Sedena, bajo su mando y disposiciones, prácticamente cualquier detención podría ser cubierta con el velo de la seguridad nacional y por lo tanto, oculta.
Militarizar como eufemismo de la política de aniquilación
El informe de la ONU también detalla la brutalidad y los abusos cometidos por las fuerzas armadas en detenciones arbitrarias. A pesar de que la creación de la Guardia Nacional se justificó como una respuesta a la creciente violencia en el país, sus operativos han estado marcados por reportes de torturas, palizas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La militarización de la seguridad pública no ha traído paz; por el contrario, ha generado un aumento en la violencia institucional, las desapariciones y los homicidios.
En México, el uso de fuerzas militares para realizar actividades de policía pública a nivel federal, estatal y municipal es frecuente, aún sin reforma. En la actualidad, se reportan más de 100.000 soldados realizando tareas policiales y de seguridad pública, así como de control migratorio. Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura.
Dice el informe de manera escandalosa: La creación de la Guardia Nacional en 2019 es un síntoma del uso extensivo de elementos militares en funciones policiales. Si bien la Guardia Nacional asumió las funciones de la Policía Federal, su personal es predominantemente militar por sus antecedentes. De sus 128.000 miembros, alrededor del 48 % proviene del Ejército y la Marina. Si bien los miembros de la Guardia Nacional están capacitados en derechos humanos y en la recolección de pruebas, el Grupo de Trabajo observa que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar. Aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina habrían disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria entre 2018 y 2023 siguen sin resolverse. El Grupo de Trabajo conoció que un número significativo de personas detenidas sufrieron violencia grave y excesiva durante su arresto. A menudo se infligen palizas y torturas para obtener confesiones. Las personas detenidas a veces se ven obligadas a dar información sobre otros presuntos sospechosos o posibles pruebas, y los malos tratos también se utilizan como forma de humillación y castigo.
A pesar de las advertencias y recomendaciones internacionales, México persiste en este camino peligroso, ignorando el derecho a un debido proceso y exponiendo a miles de ciudadanos a detenciones prolongadas sin justificación. La Suprema Corte ha sostenido que el personal militar debe registrar las detenciones, pero las excepciones a este requisito siguen siendo numerosas, perpetuando un sistema de impunidad que, lejos de garantizar seguridad, multiplica las injusticias.
El aumento de la militarización y la ampliación de la prisión preventiva representan una herencia maldita que México parece decidido a consolidar. Esta tendencia no solo amenaza con incrementar las ya alarmantes cifras de personas detenidas arbitrariamente, sino que condena a la ciudadanía a vivir bajo un estado de excepción perpetuo, donde la libertad personal se ve constantemente amenazada por un Estado que prioriza la represión sobre los derechos humanos.
POR CIERTO, el informe documenta el abuso de la figura de flagrancia. Muchos arrestos se llevan a cabo sin una orden judicial preexistente, en virtud de la figura del delito en flagrancia. Desde 2016, el proceso penal acusatorio exige que las personas detenidas en flagrancia sin orden de detención comparezcan ante un juez para que se lleve a cabo el control de la detención. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa con preocupación que se siguen utilizando interpretaciones en sentido amplio del delito en flagrancia. 38. La encuesta nacional de personas privadas de libertad de 2021 indicó que el 23 % de las personas detenidas fueron arrestadas en las calles sin una orden de arresto y que más del 40 % afirmaron haber sido acusadas falsamente de cometer un delito. El Grupo de Trabajo recuerda que, cuando no se obtiene una orden de detención por adelantado, el alcance del control judicial sobre la detención se limita a una medida ex post facto, momento en el cual una violación de derechos ya podría haber ocurrido. Hay circunstancias, como el delito en flagrancia o ser “atrapado en el acto”, en las que no hay oportunidad de obtener una orden ex ante. Sin embargo, estas deben interpretarse de manera restrictiva para evitar socavar el control judicial de la detención.
Es momento de que México escuche las recomendaciones de la comunidad internacional, derogue la prisión preventiva oficiosa y restablezca el control civil sobre las fuerzas de seguridad. El país necesita un plan integral que respete los derechos humanos y que aborde la crisis de seguridad desde un enfoque de justicia y no de militarización. De lo contrario, las escalofriantes cifras de este informe no harán más que multiplicarse, condenando a generaciones enteras a vivir bajo la sombra de la represión y el abuso institucional. Claudia presidenta de México no debe ser la insignia del verde militar. La Guardia Nacional no da abrazos, en los hechos, da balazos.