Recientemente se ha intensificado el debate sobre el uso de distintas figuras regulatorias por parte las plataformas digitales que ofrecen servicios financieros. Se ha criticado, por ejemplo, a las SOFIPOS, como Nu o KuboFinanciero, que utilizan esta figura, que en opinión de algunos fue originalmente pensada para otros propósitos, principalmente para ampliar el acceso a los servicios, y que por lo tanto no corresponde a sus modelos de negocio. Esto no es necesariamente cierto.

Existen casos de empresas digitales que han impactado positivamente el sector financiero, por ejemplo, a través de otorgar una tarjeta de crédito a millones de personas que nunca antes habían tenido la oportunidad de tenerla. Por eso, hay que deshebrar bien el argumento antes de realizar recomendaciones infructíferas como los exhortos al regulador para que los llamados “neobancos” cambien sus licencias regulatorias.

Si bien es cierto que en 2018 se aprobó la Ley Fintech que tenía el objetivo de dar sustento jurídico a la digitalización que ya estaba ocurriendo en el sector financiero mexicano, a cinco años de su aprobación es claro que dicho instrumento se quedó corto. Por eso, algunas plataformas de finanzas digitales han optado por otras figuras regulatorias, como Nu que opera ahora como SOFIPO, Stori que es una SOFOM o incluso Ualá que compró un banco. A través de distintas licencias han ofrecido productos y servicios de manera completamente digital, lo cual es inusual -aunque no indeseable- para dichos sectores. La pregunta es si estas figuras “alternativas” van a permitir que estas empresas digitales alcancen su potencial en términos de su impulso a la inclusión y a la competencia en el sector financiero.

Esto deja de manifiesto que el regulador enfrenta el reto de buscar la transición de licencias regulatorias para las Fintechs y neobancos en México, de forma que puedan seguir evolucionando y creciendo. No obstante, cualquier cambio debe ser mesurado y en beneficio de la inclusión y protegiendo los intereses de los usuarios. Además, diseñar y facilitar estas transiciones no debe de hacerse pensando en una sola figura o compañía ya que esto sería riesgoso para el sector. Por el contrario, las medidas para asegurar que las licencias se utilicen de forma que se maximice el bienestar social, o sea el crecimiento sostenible del sector, deben responder a una realidad que cada vez es más evidente: la tecnología ha permeado todos los mercados de productos financieros, independientemente de qué figura utilicen las empresas que los ofrecen.

Concuerdo en que estas empresas han alcanzado un número significativo de clientes y tasas de crecimiento aceleradas. Esto eventualmente implicará que requieran transitar a figuras más coherentes con dicho desarrollo, por ejemplo, licencias bancarias que permiten ofrecer más variedad de productos. Le corresponde al Subecretario Yorio identificar cómo enfrentar este reto, pero enfatizo en que deberá ser en beneficio de la inclusión y el usuario. Por eso, aunque presumo que bien intencionados, los llamados prematuros a que ciertas empresas cambien sus licencias podrían resultar contraproducentes.