El 19 de octubre de 2001, fue encontrado en su oficina el cadáver de Digna Ochoa y Plácido, después de haber sido asesinada de un balazo en la cabeza.
El 19 de julio de 2002, la fiscal Margarita Guerra, la misma que acuso a Alejandro López del asesinato de Abram Polo Uscanga, determinó que Digna Ochoa había cometido un “suicidio simulado”. Para lo cual se hizo de pruebas inverosímiles y monto una historia ajena a la vida y personalidad de digna Ochoa y, justificar la inadmisible teoría del suicidio.
El asesinato, la investigación, el inexistente juicio y la conclusión final son un ejemplo donde confluyen todas las agravantes, todas las formas de discriminación, de perversión del Estado de derecho, de represión, del nulo interés por la vida y la dignidad humana, pero sobre todo es el ejemplo más claro y preciso del trato que dio el régimen del PRI y la derecha a la oposición no electoral y, a las defensoras y defensores de los derechos humanos.
Originaria de Misantla Veracruz, Digna Ochoa tenía 37 años cuando fue asesinada, más de la mitad de su vida la dedicó a la defensa integral de los derechos humanos, estuvo relacionada prácticamente en todos los casos (al menos los más polémicos) en los que estuvo involucrado el Estado mexicano. Durante dos años su seguridad fue velada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era, es y seguirá siendo un símbolo de la lucha y persistencia, de la resistencia humana contra los crímenes de Estado.
A la izquierda mexicana, a veces se nos olvida que los triunfos electorales, que los beneficios económicos, que los espacios públicos y puestos de representación no sólo se los debemos a los votos obtenidos, a las plataformas electorales o a nuestro trabajo territorial. Se lo debemos a Digna Ochoa y a las personas qué murieron, que dieron su vida y trabajo, en años y años de resistencia contra un Estado de derecho, que siempre estuvo al servicio del mejor postor.
A quien no se le olvidó fue a sus familiares y algunos amigos muy cercanos; 20 años después de tocar puertas, de empujar muros, de vencer inercias políticas de funcionarios indolentes, lograron que espacios internacionales de derecho y defensa de derechos humanos se manifestaran a favor de la reapertura del caso y por una verdadera investigación y juicio por el asesinato.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 3 de marzo de 2021, que en abril del mismo año, compareciera el Estado mexicano, los familiares y la defensa de Digna Ochoa, para dar un paso definitivo en la búsqueda por la verdad y dignificación de su vida y muerte.
En el 2001 el jefe de gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador, el procurador de justicia del Distrito Federal respondía al ejecutivo, la fiscal especial para el caso: Margarita Guerra, respondía al procurador. Una cadena de mandos que siendo tan clara no explica por que Margarita Guerra (funcionaria desde el gobierno de Rosario Robles y cercana a ella), no dio muestras de ejercicio democrático y respeto al Estado de derecho.
La ofensiva del gobierno foxista contra el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Andrés Manuel ya había iniciado para entonces, tal vez así pueda explicarse la indiferencia y soslayo de un gobierno democrático, ante un hecho tan claro de represión como el asesinato de Digna Ochoa.
El 19 de octubre de 2022, el gobierno de la república y el de la Ciudad de México cumplieron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, realizaron un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y una disculpa pública a la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido y a sus familiares.
El gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, hicieron lo que debieron haber hecho sus antecesores, además de la disculpa, la calle en que se ubica la Fiscalía de la Ciudad de México recibió el nombre de Digna Ochoa, igual que otra calle en Misantla Veracruz.
Durante el evento y días posteriores a las disculpa pública, voces de dentro y fuera del gobierno llamaron a concluir las investigaciones del crimen y dar de manera efectiva con los responsables.
Digna Ochoa fue asesinada hace 23 años, la pasiva complicidad, la indolencia y desinterés de quienes se encargaban de impartir justicia aún obedecía la lógica jurídica de los gobiernos priistas.
Durante 21 años los familiares y amigos de Digna tuvieron que demostrar que no se había suicidado, en 21 años nadie investigó el crimen real.
Esa es la tarea, aquí debemos detenernos, es muy importante la disculpa que el Estado pueda dar pero, es más importante determinar quien asesinó a Digna, cómo hay que determinar quién asesinó a Abraham Polo Uscanga.
Aún hay protagonistas de esos años oscuros de la impartición de justicia, por ahí anda Renato Sales, de fiscalía en fiscalía mostrándose como lo que no es, el gran impartidor de justicia.
En este sexenio que empieza ese es un gran pendiente que le debemos a todas y a todos los defensores de derechos humanos, a todas y a todos los familiares; madres, hijas, hijos de mujeres y hombres que han sido desaparecidos y asesinados, que no han tenido la oportunidad de la justicia. En este sexenio que empieza, y a 23 años del impune asesinato de Digna Ochoa, hay que impartir justicia, eso también es democracia.