Quienes alguna vez hemos participado en el proceso para reformar una ley en México, sabemos que lograr la aprobación de cambios, sobre todo si son estructurales o constitucionales, puede ser muy intenso además de que puede implicar un gran desgaste político para quien los promueve.
En diciembre pasado, el presidente López Obrador anunció que, en principio, en febrero de este año presentará su último paquete de reformas constitucionales que contendrá la iniciativa para reformar el Poder Judicial, con el objetivo de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto de los ciudadanos.
Para el presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “debe estar al servicio del pueblo y no de una minoría” que representa los “intereses del bloque conservador”. Ha señalado repetidamente que “al Poder Judicial, es decir, a la Suprema Corte, la debería elegir también el pueblo, como ocurre con el Poder Ejecutivo (presidente de la República) y el Poder Legislativo (Cámara de Senadores y Diputados)”.
Sin que se conozcan aún los términos en los que se propondría la mencionada reforma al Poder Judicial, ya hay en el país una fuerte polémica con posiciones enfrentadas entre la propuesta oficial y la oposición. AMLO ha dicho que, “El pueblo tiene que participar en estas decisiones (de la SCJN, eligiendo a sus ministros). La política es un asunto de todos. (…) Que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo. Además, ya fue así en la época en la que gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, en lo que se conoce como el periodo de la República Restaurada, de 1867 a 1876 (…) Fue el tiempo en el que más independencia hubo en los poderes”. “Que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857″.
En voz de algunos juristas, como José Ramón Cossío (Foro de El Financiero, mayo 2023), lo que señala AMLO debe precisarse. “En la Constitución de 1857 se previó que los ministros de la Suprema Corte serían electos y era una elección indirecta de primer grado; es decir, los ciudadanos -entonces un número muy restringido de hombres con ciertas condiciones de edad- votaban para la integración de un Colegio Electoral y este Colegio Electoral a su vez votaba por las personas que iban a ser ministros”. Para la oposición, la reforma de AMLO pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y su operación orgánica.
Estamos frente a un potencial encontronazo alrededor de un tema fundamental para el funcionamiento de una república democrática, como es el equilibrio de poderes. Un choque de posicionamientos legales y políticos que puede sacar más que chispas. Basta echar un vistazo al escenario internacional para ver lo que una reforma de gran calado al Poder Judicial, en el tenor referido, puede desencadenar.
En medio de la cruenta guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás, en Gaza, se suma hoy una posible crisis constitucional. En 2023, el primer ministro Benjamín Netanyahu, y sus aliados de extrema derecha y de vocación religiosa ultra conservadora, presentaron un paquete de reformas al Poder Judicial a los parlamentarios israelíes, con el argumento de que la Suprema Corte extralimitaba sus poderes, sobrepasando la voluntad de los votantes y las funciones del gobierno elegido popularmente, y por ello había que acotarla. Esto fue considerado por la oposición, y una gran mayoría de ciudadanos, como una intromisión al Poder Judicial y un síntoma de autoritarismo, lo que desató protestas masivas que sumieron al país en la confrontación e inestabilidad durante gran parte del año pasado.
En el primer día del 2024, la Suprema Corte israelí, reunida por primera vez en su historia en pleno, acaba de emitir una resolución favorable a la apelación de grupos opositores al gobierno de Netanyahu, para anular una de las leyes de su paquete de reformas que había sido aprobada en julio de 2023, y que buscaba limitar el poder de la Corte sobre las acciones de gobierno. Una resolución que hoy se destaca en todos los medios noticiosos porque sienta un precedente a favor del nivel de autoridad que debe mantener la Suprema Corte sobre el poder ejecutivo y el legislativo en Israel, y que marca la pauta sobre lo que seguramente se seguirá debatiendo y causando grandes fricciones y manifestaciones en esa nación.
Sin entrar en más detalle sobre las reformas de Netanyahu y su batalla contra el poder de la Corte, lo relevante es que el fondo de lo que se discute es el alcance que tienen los ministros de la Corte con sus resoluciones sobre el gobierno electo popularmente y sus acciones, lo que en mucho se asemeja a la controversia que puede presentarse en nuestro país a partir de la iniciativa que presente el presidente López Obrador.
Uno de los principales artífices de la reforma en Israel, Yariv Lenin (ministro de justicia), declaró en su red social como reacción a lo apenas resuelto este 2024 por la Corte que, “es imposible legislar o tomar una decisión parlamentaria o en el gobierno sin la aprobación de los jueces de la Suprema Corte, lo que elimina por completo la voluntad de millones de ciudadanos (que eligen a sus gobernantes y representantes parlamentarios) y su derecho fundamental de ser socios por partes iguales en el proceso de toma de decisiones en el país”. Esta aseveración se parece, en su espíritu, a la que citábamos más arriba de nuestro presidente en el sentido de que, “el pueblo tiene que participar en las decisiones… la política es asunto de todos”.
Sin duda, una iniciativa de reforma estructural al Poder Judicial de parte de AMLO y Morena que planteé la elección popular de jueces, magistrados y ministros dará lugar a un debate confrontativo sobre un asunto de máxima relevancia sobre el ejercicio de los poderes del Estado. Materia álgida que puede ser dinamita para Claudia Sheinbaum en su campaña presidencial y que, como tal, tendría que manejarse con gran sensibilidad. Habrían de evaluar si es el momento adecuado para detonar esa discusión.