La teoría de la división y de los contrapesos entre los poderes para generar equilibrio en la vida pública y moderar su ejercicio hacia la ruta de asegurar el respeto a los derechos humanos, pronto fue derrotada por regímenes políticos que lograron ganar los gobiernos, al tiempo de disponer de mayorías parlamentarias, con lo que se fracturaban los dos factores que generaban control, pues precisamente rompieron con la separación y el contrapeso.
La vieja fórmula de la división de los poderes asumía que éstos serían expresión de intereses sociales en pugna, como lo escenificaban la monarquía, la aristocracia y la burguesía. Pero una vez que los órganos ejecutivo y legislativo emanaron del voto popular, tal pugna o tensión quedó en un referente superado, pues una sola formación política tendía a ganar el gobierno y disponer también de la mayoría en el Congreso.
El hecho es que, sorprendentemente, los regímenes fascistas lograron tomar el dominio del Estado en los países en que se instauraron, y lo hicieron por la vía de ganar las mayorías parlamentarias, como sucedió en Italia y en Alemania en la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial. La idea que la democracia como expresión de las mayorías generaría en los parlamentos una ruta de freno a los excesos del poder quedó descalificada o en entredicho.
Fua así que mayorías democráticas fueron el puente que brindó el tránsito para arribar a estructuras de dominio autoritario, que en opinión de algunos diera lugar a la dictadura de las mayorías. Así, una vez que la división de poderes fue derrotada como factor de equilibrio en el funcionamiento de los regímenes políticos, surgió la necesidad de encontrar nuevos y mejores mecanismos para moderar el ejercicio del poder.
Se trató entonces de construir frenos efectivos a la tendencia de realizar reformas legislativas carentes de límites y que pudieran contravenir el espíritu y naturaleza de las constituciones vigentes. Surgió así la necesidad de considerar procedimientos especiales para realizar reformas constitucionales; entre otras medidas, se adoptó en diversos países el imperativo del requisito de mayorías calificadas, en otros casos el establecimiento de tribunales constitucionales y en algunos más la fijación de las llamadas cláusulas pétreas o inamovibles.
Todas ellas medidas que buscaron proteger lo que se denomina constitucionalismo democrático. Vale la pena citar a las constituciones francesa, portuguesa, italiana y alemana que hablan expresamente de cláusulas pétreas. En el caso de la mexicana no ocurre lo mismo, pero puede entenderse que éstas tienen vida de forma implícita.
Si bien existe en todas las constituciones el reconocimiento a lo que se entiende como poder reformador, también resulta claro que no puede equiparase al poder constituyente que, como su nombre lo indica, da origen a un ordenamiento legal superior que comprende los acuerdos básicos que le dan lugar y legitimidad.
Dentro de ese marco llama la atención el frenesí reformador de la Constitución que invade al gobierno de Morena y, en él, su afán por modificar sin restricción alguna definiciones y cláusulas básicas que definen la identidad de la norma suprema. La tendencia del gobierno es que soportados en la super mayoría que ha conformado en el Congreso a través de su partido y de las cooptaciones que ha operado de forma inconfesable, a la manera de la mafia, delinee una Constitución a modo.
Más allá del debate que esto implica, se encuentra que la rotura de los contrapesos que quedaban por la vía de la pluralidad y de la autonomía del poder judicial, ha sido desquebrajado para dar lugar a un dominio que acredita la dictadura de la mayoría constituida.
La ruta autoritaria de México se muestra irrefrenable y sólo sujeta a las controversias que se generan en el propio partido en el gobierno, donde lucen disputas entre sus camarillas y grupos al interior, que miran y anteponen sus intereses, como sucedió con el tema de la iniciativa del gobierno para impedir el nepotismo electoral y que encendió las luces de alarma por parte de quienes ya se encaminan para impulsar a sus parientes en los cargos electivos.
La Constitución tiende a convertirse en un instrumento del partido en el gobierno para garantizar su permanencia en el poder, crear una nueva etapa hegemónica, disminuir la pluralidad y reducir a su mínima expresión a la oposición.
La mayoría construye su dictadura.