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Los créditos otorgados por la Banca de desarrollo mexicana se han desplomado en los primeros cinco meses de este año en un 35% anual, siendo su punto más bajo desde 2010, lo que significa que hay un debilitamiento del sector privado y cierre de empresas a causa de la pandemia de Covid-19 y que las autoridades hacendarias no han hecho su labor para inyectar recursos desde esas intermediarias financieras para la reactivación de la economía Todo esto representando un reto para el recién nombrado Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O.
Las instituciones financieras de desarrollo otorgaron prestamos entre enero y mayo de este año por 214 mil millones de pesos en créditos, mientras que en el mismo periodo del 2020 el nivel alcanzó 327 mil millones, tocando su máximo de los últimos 20 años.
Nacional Financiera (Nafin) redujo en los primeros cinco meses del 2021 los montos de créditos en un 32% a 107 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) presenta una caída de 52% en el monto de los préstamos otorgados a 15 mil 531 millones de pesos, su peor nivel desde 2017.
El Banco de Comercio Exterior (Bancomext) solo lleva 62 mil 577 millones en créditos otorgados, entre enero y mayo de este año lo que representa un 36 por ciento menos que en el mismo periodo de 2020.
La Banca de desarrollo que nació en la era posrevolucionaria, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía; sin embargo, en los últimos años estas instituciones financieras del Estado mexicano han perdido el objetivo para el que fueron creadas. En la actualidad estos intermediarios financieros no han podido fomentar el crecimiento económico del país, y el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) no ha podido rencauzar en la dirección correcta a estos bancos.
La institución financiera de desarrollo es un instrumento del Estado mexicano para generar y distribuir riqueza en actividades prioritarios del país; y para nivelar las condiciones de desarrollo social dados los rezagos y las desigualdades existentes a nivel sectorial, regional y en la distribución del ingreso. Su actuación es vital para alcanzar el desarrollo sostenible mediante el impulso de proyectos con gran utilidad social y para revitalizar aspectos sustantivos como son la provisión de infraestructura, vivienda y alimentos, la generación de empleos, la inclusión financiera de amplios segmentos de la población, el acceso al crédito en condiciones preferenciales de productores de bajos ingresos con potencial productivo y (ahora más que nunca) para la preservación del capital natural.
Conforme a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, las cuales forman parte del Sistema Bancario Mexicano y atienden las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidades de cada una de éstas, en sus respectivas leyes orgánicas. Tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación”.
La CNBV añade:
<i>“La Banca de Desarrollo a lo largo de los años ha sido uno de los principales vehículos del Estado Mexicano para promover el crecimiento económico y el bienestar social, apoyando con financiamiento la creación y expansión de empresas productivas, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura (obra pública), el comercio exterior y la vivienda, además de las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, hoy en día se requiere dar un mayor y sostenido impulso al crecimiento económico, el empleo y la competitividad”.</i>
Actualmente existen seis instituciones que constituyen el sistema de banca de desarrollo mexicano, con un amplio espectro en cuanto a los sectores de atención: pequeña y mediana empresa, obra pública, apoyo al comercio exterior, vivienda y promoción del ahorro y crédito al sector militar.
Estas instituciones son:
· Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin)
· Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras)
· Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (Bancomex)
· Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF)
· Banco del Bienestar, S.N.C.
· Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banejercito)
En los últimos 30 años la Banca de desarrollo se ha olvidado del otorgamiento créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) preferencia a otorgamiento de préstamos muy favorables a grandes empresas como son el diario El Universal, El Financiero, Grupo Famsa, proyectos de infraestructura como plantas eólicas y fotovoltaicas concesionados a grandes corporativos privadas mexicanos y extranjeros y que no brindan rentabilidad social.
Hace unos días la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Hacienda Arturo Herrera anunciaron el lanzamiento del programa: Impulso de Nacional Financiera (Nafin) con el que se otorgarán créditos a tasa de preferencia de 13 por ciento a micro, pequeñas y medianas empresas de la capital del país, con lo que buscan potencializar la economía y la recuperación de empleos de la Ciudad de México (CDMX) tras los estragos que dejó la pandemia Covid-19.
Los créditos para el programa de Nafin con el gobierno de la Ciudad de México es un buen comienzo para la reactivación de pequeñas y medianas empresas, pero estos recursos son muy pocos comparado con el crédito que le otorgaron al Grupo Famsa por parte de Bancomext hace cinco años que fue del orden de 3 mil 398 millones de pesos cantidad que rebasa por 698 millones de pesos todo lo disponible que se tienen para 2 mil empresas de la capital del país.
La Banca de desarrollo tiene que reestructurarse y para eso es necesario que en verdad otorgue créditos a las micro, pequeña y mediana empresas, en las mejores condiciones y que financie los proyectos de infraestructura necesarios para estrechar las brechas sociales que hay en el país.
México está en el momento de comenzar a plantear una reactivación económica a través de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que hará que poco a poco comienza a dejarse atrás el detonador de la crisis económica, la pandemia de Covid-19.
Para salir lo más pronto posible de la crisis económica, es necesario que exista un sector financiero fuerte, pero también incluyente con las micro, pequeñas y medianas empresas y es a través de fondos “semilla” como se pueden mover los recursos y generar empleos no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Se tendrá que tener mayor énfasis al sector servicios y turismo que han sido los más afectados con la pandemia de Coronavirus.
El programa para reactivar la economía de la CDMX debe de replicarse en todo el país y apoyarse a las Mipymes que son las empresas con la mayor aportación de empleo y de crecimiento del Producto Interno Bruto de México.
Para alcanzar mayores niveles de desarrollo, no sólo se requiere crecer más, sino atender los principales desequilibrios sociales, sectoriales y regionales. Situación que conlleva a una importante participación de los instrumentos de fomento del Estado, bajo la premisa de que se requiere alcanzar en forma sostenida un crecimiento del PIB de 6% anual. Por lo tanto, es necesario contar con condiciones propicias para la producción e inversión, tales como: bajo costo del capital y financiamiento en todos los plazos y para todos los sujetos de crédito; atender con recursos de inversión, crediticios y de investigación y desarrollo a los sectores y a las regiones con mayores rezagos económicos; crear y ampliar infraestructura física y canalizar recursos para el desarrollo humano y la protección del medio ambiente; incorporar tecnología moderna; alcanzar estándares de calidad y productividad a niveles internacionales; contar con suficientes canales de distribución de productos y de abasto de insumos, entre otros.
En este contexto, la Banca de desarrollo debe constituirse en una promotora del desarrollo económico y social del país y es el gran reto del flamante nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).