TENGO OTROS DATOS
El rescate bancario que hizo el gobierno federal en 1998 dejó una gran deuda a varias generaciones de mexicanos, al convertir perdidas de Bancos privados en adeudos públicos. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene contemplado en el presupuesto del 2022 asignar tan solo para el pago de los intereses derivados de lo que se conoció como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), 38 mil 683 millones de pesos.
El Fobaproa fue creado en 1990 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después, en 1994 llega la crisis económica más grave de la historia moderna de México, se disparan las tasas de interés y el tipo de cambio y la mayoría de los créditos se hicieron impagables. Esto puso en riesgo la liquidez de los bancos y es cuando el expresidente de México Ernesto Zedillo, decidió activar este fondo en 1995. Para marzo de 1998, Zedillo Ponce de León notificó al Congreso de la Unión la existencia de un pasivo por 552 mil millones de pesos resultado del rescate bancario, y propuso convertirlo en deuda pública.
En 1999 entra en vigor la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y se crea el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que es el organismo que desde esa fecha administra los pasivos derivados de los apoyos que en su momento otorgó el Gobierno Federal al sistema bancario.
El IPAB asumió la deuda derivada de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal al sistema bancario. Al 31 de diciembre de 1999, dicha deuda ya sumaba 688 mil millones de pesos que equivalían al 11.29% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
El rescate bancario estuvo plagado de corrupción al descubrirse que algunos de los bancos que se verían beneficiados por el Fobaproa estaban involucrados en casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas bancarias por parte de algunos empresarios. Los casos más sonados fueron los de Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi y Banco Unión; el fallecido Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía y Ángel Rodríguez “El Divino”, propietario de Banpaís.
Los 552 mil millones de pesos que costó originalmente el Fobaproa fue cinco veces más que la ganancia que había obtenido el gobierno de privatizar a 18 bancos apenas unos años antes. La deuda total terminó costándole al pueblo de México el 14.5% de su PIB. Y esto no termina aquí. La deuda todavía no se liquida por completo, y sigue generando intereses que hay que pagar. Hasta la fecha, se han pagado más de 2 billones de pesos, y todavía debemos 901 mil 700 millones de pesos. En 1999, se estimó que la deuda se pagaría en 30 años, pero en 2006 un pronóstico de algunos economistas reveló que serían 70 años si México crecía a tasas del 4% anual.
Para julio de este año, el saldo de los pasivos del IPAB, sumaron 975 mil 892 millones de pesos, a esta suma hay que añadir 45 mil 579 millones de pesos para el programa de apoyo a deudores.
El IPAB recibió 51 mil 300 millones en 2019 y 43 mil 300 millones de pesos el año pasado para cumplir con los compromisos que adquirió el Estado hace más de dos décadas para el rescate de los bancos.
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario, se le asignó por parte del Congreso Federal en el Presupuesto de Egresos de este año, 11 mil 330 millones de pesos. Estos recursos son para la operación del IPAB y el pago de los intereses de la deuda del Fobaproa. Este presupuesto es 75.2% menor al del año pasado.
La baja en las tasas de referencia y los movimientos en la inflación respecto del año pasado incidieron en que cayera el costo financiero de la deuda entre enero y abril de 2021, al reducirse la tasa real a la que se pagan los intereses del IPAB y al dar margen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar algunos refinanciamientos.
Para el próximo año la Secretaría de Hacienda. contempla para el pago de intereses de la deuda del Fobaproa y los gastos administrativos del Instituto de Protección al Ahorro 38 mil 683 millones de pesos.
El IPAB cobra cuotas a las instituciones de Banca Múltiple pero estos recursos son solamente para cubrir los adeudos por insolvencia de un intermediario financiero privado con sus ahorradores.
El Fobaproa continua siendo un problema para el Gobierno de la Cuarta Transformación y es una deuda que tendremos que seguir pagando por mucho tiempo los mexicanos. Tenemos que acabar con el lema neoliberal “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.