TENGO OTROS DATOS
Los hospitales que se construyeron bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), que inicialmente surgieron con la finalidad de ampliar la oferta hospitalaria en sexenios anteriores, no han tenido el éxito deseado, por lo que la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha optado por este tipo de proyectos.
La mayoría de los hospitales son construidos como proyectos APP están sub utilizados, son una carga muy grande para el erario y un gran negocio para poderosos corporativos nacionales y extranjeros, algunos de ellos han presentado sobrecostos dúrate su edificación o no se han terminado por conflictos legales, como es el caso del Hospital de Ticul, en Yucatán.
Las APP son esquemas de inversión de largo plazo, que tienen por objeto prestar servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado. Este tipo de proyectos está regido en México por la “Ley de Asociaciones Público Privadas y el Manual de Asociaciones Público – privadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El antecedente inmediato de centros de salud bajo el modelo de participación de empresas privada se remonta al final de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, donde se habían adjudicado 8 contratos a 25 años para construir hospitales en diferentes partes del país. Según el modelo de APP establecido, las empresas seleccionadas también se encargarían de dotar de equipos y gestionar servicios no sanitarios en las instalaciones.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encargó cuatro de estos hospitales con la participación de inversionistas privados, mientras que los otros fueron a petición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La administración peñista alegaban que llevar a cabo los hospitales bajo el modelo de APP era la mejor manera de construir infraestructura pública crítica en medio de problemas financieros y restricciones presupuestarias, pero esto no sucedió y por el contrario esto no ha solucionado los problemas para el erario.
De los cuatro proyectos de nosocomios APP propuestos por el IMSS en el sexenio pasado solo dos se llevaron a cabo siendo uno de ellos el hospital en Tapachula, municipio del estado de Chiapas. El contrato se adjudicó en junio de 2017 a Concesionaria Hospital Tapachula, consorcio compuesto por las locales Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex) Infraestructura y Salud del empresario Olegario Vázquez Aldair y un bufete de abogados de origen español.
La construcción y habilitación del centro de salud del estado de Chiapas, no estuvo exento de problemas, atrasos en la construcción y sobrecostos. Los concesionarios privados contaron para su proyecto con un crédito del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
El otro hospital que no fue cancelado es el que se construye para el IMSS en el municipio de Bahía de Bandera en el estado de Nayarit. El consorcio para la APP del hospital Bahía de Banderas, está integrado también por el corporativo de Vázquez Aldair, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura y Salud, fue el adjudicatario del contrato. Este proyecto hospitalario también cuenta con un crédito de Banobras.
Según un informe que la auditoría Superior de la Federación (ASF) que publicó en 2018 tres de los contratos hospitalarios que encargó IMSS en 207 habían sido adjudicados con inversiones que excedían los montos máximos descritos en el programa de infraestructura Plan Nacional de Infraestructura para 2013-2018, al tiempo que proponían una mayor capacidad para las instalaciones que la contemplada en el programa.
En octubre de 2018 había siete hospitales construidos y que ya operan bajo el esquema de Asociación Público-Privada en México y le costaban al erario como si operaran al máximo de su capacidad, cuando en realidad casi la mitad de sus camas no se estaban utilizadas, lo que generó un desperdicio de recursos cercano a los 656 millones de pesos anuales.
Los contratos que se entregaron a los proyectos de hospitales público-privados fueron aumentando los costos para el erario sobre todo en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Esto debido a que en los nuevos contratos que les fue otorgando a las empresas privadas incluían más servicios y mayor alcance en las condiciones del equipamiento.
El primer hospital construido bajo la modalidad APP fue el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío ubicado a las afueras de León, Guanajuato durante la presidencia de Vicente Fox. El nosocomio fue concesionado a la empresa española Acciona S.A. para operar hasta 2030 y tuvo un costo de mil 147 millones de pesos.
En tanto, el contrato firmado en febrero de 2017, del Hospital regional de Tapachula Chiapas del IMSS tuvo un valor de más de 11 mil 143 millones de pesos, es decir casi diez veces más costoso que el hospital APP construido en Guanajuato. Y no hay forma de reducir esos costos, pues todos los contratos que ya están operando vencerán dentro de no menos de 12 años.
En 2009, se concesionó la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca en el Estado de México bajo el esquema APP, contando el proyecto con créditos de Banobras. El nosocomio fue concesionado a las empresas GIA+A, Assignia y Eductrade, cabe destacar que la empresa ganadora es presidida por Hipólito Gerard Rivero quien es además cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Gerard Rivero ganó una concesión más en 2016 y construyo un hospital del ISSSTE en Mérida, Yucatán y aquí también el empresario conto con recursos del Banca Nacional de Obras y Servicios Públicos.
El periódico digital Animal Político publicó en octubre del 2018 una investigación sobre los hospitales APP y constato que “Cada año la Secretaría de Salud Federal pagaba 457 millones 800 mil pesos por la operación de los hospitales a las empresas operadoras. Este monto es prácticamente fijo y considera un 80% de capacidad ocupada, aunque en la realidad puede llegar a ser menor al 50%. El único hospital que supera la ocupación instalada es el de Oaxaca con 88.3% de las camas ocupadas”.
“De las 524 camas con las que contaban en el 2018 estos hospitales federales (el resto son estatales), únicamente se utilizan 340. El segundo número es que se utiliza para medir si los hospitales alcanzaron su meta o no, fijadas en la Matriz de Indicadores de Resultados de la Secretaría de Salud. La Secretaría argumenta la subutilización de las camas a la falta de personal pues la SHCP no asignaba los recursos suficientes para contratar al personal faltante”.
Los hospitales bajo el esquema de Asociación Público-Privada representa un negocio muy lucrativo para empresas que ganan las licitaciones, pero en general no es una solución para la atención hospitalaria de un gran número de mexicanos y hay un despilfarro de recursos de los contribuyentes.
Las compañías concesionarias que ganan las licitaciones para la construcción de nosocomios bajo el esquema de APP son muy pocas y no solo se dedican a la construcción y proveeduría de hospitales, como Prodemex de Vázquez Aldair que lo mismo construye penitenciarias bajo el esquema APP, edita el periódico Excelsior, tiene la concesión de televisión de Grupo Imagen.
Esta también Grupo Marhnos de la familia Servitje que lo mismo tienen la concesiones APP de los Hospitales de Alta Especialidad de Tlanepantla y Ciudad Victoria, Tamaulipas además del Hospital de Ticul, Yucatán que se quedo a medio construir por una disputa legal; pero este corporativo también tiene el monopolio del pan de caja a través de la empresa Bimbo.
Se tiene que revisar los proyectos APP de hospitales, porque parece un mal negocio para el país.