Unos días después del 15 de mayo de este año (día de la maestra y del maestro), Julio Hernández López, “Astillero”, me entrevistó en su programa que transmite a través de redes sociales digitales. Al final de la conversación, que versó sobre mis percepciones acerca de los aumentos salariales al magisterio, me preguntó: “¿Se ha avanzado, se estancó, o sólo ha habido menos ruido y menos problema, pero en el fondo se ha podido avanzar en una auténtica Reforma Educativa?”
Después de dar contexto y precisar algunas ideas sobre la coyuntura en la cual se aprobaron las modificaciones al artículo tercero constitucional (del derecho a la educación) en 2018-2019, mi respuesta fue inmediata y directa: “Veo muy pocos avances”.
Con la finalidad de ampliar la respuesta que le di a Julio en esa ocasión, a continuación expongo algunas reflexiones sobre el tema de la “reforma educativa” y las líneas generales de políticas educativas realizadas por la actual administración federal.
Este sábado 1 de julio se cumplirán 5 años de la jornada constitucional en que se registró el triunfo electoral, y de manera pacífica, de Andrés Manuel López Obrador al contender por la presidencia de la República. Los cambios y las transformaciones anunciadas en materia educativa, es decir, las promesas cumplidas o no, habrán de integrarse al paquete de escrutinios y evaluaciones ciudadanas sobre el trabajo realizado por el gobierno federal encabezado por AMLO, en particular, en todo lo relacionado con la educación pública.
En el plano de las políticas públicas educativas del gobierno de la “4T”, me parece que el discurso de la “reforma educativa” no arraigó en la sociedad ni en las comunidades educativas, porque se trató sólo de un asunto de “retiro de colmillos”, (la cirugía consistió en eliminar los dientes más agresivos de la mal llamada “reforma educativa estructural” de 2013).
Me explico: la llamada “reforma educativa” de la “4T” prácticamente representa un cambio de fachada, una remodelación con respecto a la anterior. Eso es algo a lo que también he llamado “reforma reactiva”. Una reforma que nació de un parto de concertación parlamentaria (2019), puesto que Morena y sus aliados políticos no hubieran podido sacar adelante esas modificaciones sin la participación de la oposición: PRI, PAN, PRD y MC.
La carencia de un proyecto educativo nacional alternativo por parte de la “4T”, desde 2018, puso al descubierto la improvisación y el pragmatismo en la toma de decisiones dentro del contexto de las gestiones política y legislativa.
Hay, por otra parte, muchos rasgos del proceso de aplicación de políticas públicas de la actual administración federal, del ámbito educativo, que constituyen verdaderos retrocesos importantes como son los siguientes:
La distribución de “vouchers” o bonos educativos que se manejaron para atender la educación inicial en el país; el hecho de hacer caso omiso en torno a la gestión “gerencialista” de la educación desde los territorios, es decir, desde las zonas escolares y las escuelas mismas; la creación de una Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que sólo ha servido para violentar los derechos del magisterio y que, en buena medida, sólo ha cumplido la triste tarea contener o filtrar los aumentos salariales de las/los trabajadores de la educación; un sistema de universidades “Benito Juárez” que no termina de despegar y que no ha representado un cambio significativo en el subsistema de educación superior nacional; la continuidad de un lenguaje tecnocrático-gerencialista en la educación básica y media superior, como parte de la narrativa de las políticas públicas educativas del período neoliberal (mejora continua, excelencia, calidad, máximo logro de aprendizajes, etc.), entre otros aspectos.
Mientras tanto y pese a esas lamentables inercias, avanza el proyecto de transformación curricular para la educación básica, con un enfoque aparentemente crítico y que busca apartarse de la noción dominante del desarrollo de competencias (SEP, 2022); cambio anunciado durante los primeros meses del 2022. Vinculado con lo anterior, se han registrado cambios en el perfil de los personajes que ocupan puestos de decisión en la SEP (me refiero específicamente relevo en la Dirección General de Desarrollo Curricular).
A través de la SEP, el gobierno del presidente López Obrador inició en 2021 la actualización de algunos libros de texto gratuitos para la educación primaria. Esa es una buena noticia, sin embargo, la propia dependencia observó el problema de que la modificación de dichos libros de texto no tendría sentido si la estructura curricular (en sus lógicas y fundamentación interna y externa), así como los contenidos y métodos educativos se conservaban sin cambios.
Sin una modificación sustantiva y de fondo en las atribuciones principales de la Unidad del Sistema para la Carrera de la Maestras y los Maestros (USICAMM), sobre todo de su marco normativo (Ley del SICAMM), debido a su carácter excluyente y a las arbitrariedades cometidas en contra de docentes y directivos escolares de educación básica y media superior durante los procesos de promoción, la llamada “revalorización” del magisterio será un asunto pendiente en la agenda de la gestión educativa federal “cuatroteísta”. (Para profundizar en este análisis, sugiero que lean mi texto: “SEP: Cuatro años de gestión educativa”, SDP Noticias, octubre 28, 2022).
Sólo le resta un año y dos meses a la administración del presidente López Obrador, tiempo en el cual es difícil que se modifiquen las principales líneas de trabajo trazadas y realizadas con la finalidad de operar las políticas públicas educativas, con o sin una narrativa reformista. Por ello pregunto: ¿qué se podrá rescatar y en qué se podrá avanzar en este contexto y en estas condiciones institucionales y sociales? Ciertamente, muy poco.
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