Si la guerra jurídica es una guerra por el poder, la SEP del gobierno del presidente López Obrador perdió una batalla más. La declaración de esta semana por parte de la titular de la SEP, en el sentido de suspender la prueba piloto del cambio curricular (2022) para la educación básica, da cuenta de ello. El jefe del Ejecutivo federal y la secretaria de educación pública, Leticia Ramírez Amaya, saben que la guerra está declarada.
El frente de batalla educativo se abrió desde hace algunos años, a partir de 2018-2019, luego de que la guerra de judicialización de la política (lawfare) atravesó también por el campo de lucha legal en los sectores públicos de comunicaciones y transportes, y de turismo, como sucedió con la construcción del Tren Maya o tras la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco, etcétera. (Para ver más sobre el lawfare, sugiero leer mi texto: Educación y Judicialización de la Política).
¿Quiénes son los protagonistas de esta guerra jurídica con efectos políticos? De un lado el gobierno democráticamente electo y del otro los poderes fácticos, es decir, asociaciones apéndices de cúpulas empresariales y de las fuerzas vivas de la mal llamada “sociedad civil”, que tienen fuerte presencia en medios de comunicación, y que cuentan con la simpatía de las cúpulas eclesiásticas, así como una estrategia deliberada de judicialización para incidir en la orientación de políticas públicas educativas.
Se trata de un conjunto de agrupaciones diversas y plurales entre las cuales se encuentran grupos conservadores y claramente de ideología política de derecha (aunque su vinculación directa con partidos políticos no es clara), y que tienen el apoyo de grupos opositores diversos al movimiento y gobierno encabezado por López Obrador.
Según el sitio en internet de “Educación con rumbo” (ECR), (https://educacionconrumbo.org/) en esta agrupación o alianza de grupos de la “sociedad civil” participan Grupo Educación, Suma por la Educación, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Seamos Héroes y el Instituto de Análisis de Política Familiar (al pie del sitio aparecen sus logos institucionales).
Cabe recordar que la UNPF es una organización que, en el pasado, se ha opuesto a la introducción de contenidos sobre educación sexual en los libros de texto gratuitos del nivel de primaria.
Una nota del periódico Reforma registra algunos nombres, así como la agenda e ideas educativas centrales que propone “Educación con rumbo” con respecto a la actualización de contenidos de los libros de texto gratuitos para la educación primaria:
“Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, señaló que es necesario que se transparenten los contenidos y que haya un compromiso de autoridades para aceptar el apoyo de la sociedad y sus mejoras.”
“Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), al leer el pronunciamiento de la organización solicitó que los libros de texto no sean vehículo para beneficios políticos.”…”Estamos aquí representados padres de familia, maestros y comunidad educativa para exigirle al gobierno federal que deje de manipular la conciencia de nuestros hijos y deje de violar nuestro derecho fundamental de educarlos de acuerdo a las convenciones de cada familia”, expuso. (Reforma, 21 de octubre, 2021. Nota firmada por Iris Velázquez).
Reforma
Autodefinición:
Dentro del sitio de referencia “Educación con rumbo” (ECR) se autodefine así: “Somos un movimiento nacional enfocado a fomentar la participación ciudadana para mejorar la calidad educativa y el derecho a la educación de excelencia que todos los mexicanos merecen. Lo conformamos padres de familia, docentes y organizaciones de la sociedad civil, empresarios de la educación y especialistas en educación.”
ECR opera no sólo en el ámbito de la judicialización de la política, para lo cual contrata, o cuenta entre sus filas, a un equipo de abogados para dar inicio y seguimiento a las demandas de amparo (contra actos de autoridad), sino que también desarrolla actividades en otros ámbitos de la vida pública con la finalidad de incidir en la orientación de las políticas públicas educativas.
En una sección especialmente redactada con sentido político opositor, ECR declara lo siguiente: “En respuesta a la postura del presidente de la República en torno a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación frente al nuevo Modelo Educativo, “Educación con Rumbo” responde que el movimiento lo integran asociaciones de padres de familia, expertos en materia de educación y maestros que desean participar en el diseño de políticas educativas, como lo establece la Ley General de Educación emitida por esta Administración, sin que exista fin político alguno más que la defensa del interés superior de los niños, niñas y jóvenes del país a su derecho a una educación de calidad.”
“Si el Poder Ejecutivo desea conocer el alcance y las opiniones particulares de la sociedad en torno al modelo educativo, el foro debe ser el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación que la SEP debe instalar en cumplimiento al artículo 135 de la Ley General de Educación… Lo anterior permitirá que la sociedad participe de manera corresponsable en el diseño de un modelo educativo que garantice una educación universal, inclusiva, científica y de calidad como lo establece la Constitución, por lo cual Educación con Rumbo reitera la necesidad de una mesa de diálogo inmediata con la Secretaría de Educación Pública.”
También se puede leer en el mismo sitio el siguiente comunicado donde ECR confirma su vocación opositora: “Inoportuno que la SEP convoque a un análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos”, (comunicado del 14 de febrero, 2022).
Cuatro aspectos se destacan en el comunicado de referencia a manera de argumentos para señalar la inoportunidad de la convocatoria que hizo la SEP a analizar plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos: Pertinencia, metodología, implementación e impacto.
Pertinencia:
“Pensamos que está alejada de la realidad, ya que en estos momentos aqueja al Sistema Educativo el innegable empobrecimiento de los aprendizajes de los estudiantes, por lo que nos parece poco oportuno distraer recursos y tiempo para pensar en nuevos Planes y Programas de Estudio y mucho menos nuevos materiales educativos. Los inconclusos y empobrecidos aprendizajes que reportan los maestros, nos debería llevar a atender primero esta urgencia.”
Método:
“Un cambio del plan y programas de estudio debe estar antecedida de un diagnóstico que avise de la urgencia de reorganizar los contenidos de aprendizaje. La última reforma educativa se empezó a implementar en 2017, con tres años que antecedieron a una fina construcción de la malla curricular. El ejercicio que hoy observamos parece ser que avanza con procesos paralelos, por un lado, se presenta una propuesta de asignaturas (sic) para cada nivel educativo, y de forma paralela el levantamiento de opiniones en las asambleas y simultáneamente esto alimentará la elaboración de los libros de texto.”
La agenda
“¿Quién dice que un cambio de plan de estudio, o de programas o de libros de texto garantice el cambio de las prácticas de aula de los profesores?; nos hubiera gustado ver políticas educativas que enriquecieran el trabajo de los maestros, políticas que ayudaran al equipamiento de las escuelas, políticas que generaran materiales diferenciados para los diversos contextos del país para atacar los retrasos de aprendizaje de los estudiantes, políticas que redujeran las brechas que se abren cada vez más, incluso en alumnos de las mismas escuelas, políticas de actualización permanente de los maestros, políticas que integraran todos los espacios de formación inicial de profesores a la actualización permanente de los que ya están frente a grupo, políticas que visibilicen lo que se está haciendo bien en las aulas mexicanas, etc., etc. Los actores educativos seguimos esperando eso, esto sí cambia y transforma las escuelas.”
La narrativa de la agrupación ECR la muestra de cuerpo entero. Parte de la falsa premisa de que las reformas a la educación pública deben estar en posición ideológica neutra y propone que el país debe transitar hacia políticas de ampliación de la oferta de la educación privada (ver la apología que hace esta organización, en su sitio web, a través del documento denominado “Radiografía sobre la escuela particular”).
Las ideas y operaciones jurídicas que abandera la agrupación “Educación con rumbo” (ECR), que ha interpuesto demandas o acciones de amparos indirectos, ante las autoridades judiciales, en contra de las políticas públicas educativas puestas en marcha por parte de la SEP del gobierno de López Obrador constituyen acciones interesadas en frenar, postergar o cambiar la orientación de tales políticas. Pero eso en sí mismo no es un problema. El problema es que esta agrupación no dice ni reconoce abiertamente sus intenciones.
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