Hasta el 4 de octubre de 2014 estuvieron vivos al menos 4 de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Nadie los buscó a pesar de que la demanda “vivos se los llevaron, vivos los queremos” ardía en las calles. No sólo hubo acciones que constituyen crímenes de Estado, también hubo omisiones que demuestran la peor cara del ejército y la policía: incorruptibles no son.
¿Dimensionamos correctamente lo que significa la renuncia de Omar Gómez Trejo? ¿El encubrimiento presidencial hacia la Fiscalía General de la República en múltiples momentos de mala actuación? ¿El apoyo de AMLO a la cancelación de órdenes de aprehensión contra militares involucrados en Ayotzinapa? ¿Estamos de acuerdo con que se administre la impunidad?
Si la nueva “moral de la vida pública” implica estar satisfechos porque han matado a activistas y defensores “pero no ha sido el Estado”, como sugiere el presidente, ¿Vamos a tomarlo por válido? Ya no ético, ya no moral… ¿La impunidad la tomaremos por legal?
Alejandro Encinas cumplió a su misión cuestionado por la falta de comunicación final con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El episodio negro encuentra un lugar cercano en la historia de las fuerzas armadas, a un costado de la matanza del 68, del halconazo del 71 o Matanza del Jueves de Corpus Christi, cerca de las mujeres estudiantes presas políticas de la “Okupa Cuba-CNDH”, puedo seguir con el historial de abusos.
Ahora, parece que los crímenes contra periodistas, activistas, defensores y medio ambientalistas no son relevantes porque ni aun probándose que fue el Ejército, el presidente está dispuesto a incomodar a su principal aliado.
Un sistema caprichoso que por voluntad política cancela órdenes de aprehensión, con un poder judicial sumiso e inoperante, rebasado, hambriento, temeroso que cumple con las peticiones de un oscuro personaje como Gertz Manero, con la renuncia de los que lo intentaron todo, no impartirá nunca justicia.
¿Estamos dispuestos a tolerar que sean las víctimas una herramienta política, usada, capitalizada, abandonada y que se omitan los vínculos probados entre narco-estado solo para proteger al ejército?
Hay de omisiones a omisiones
El próximo martes se votará la reforma constitucional que amplía el periodo de mando por parte de la SEDENA a la Guardia Nacional hasta 2028 en el Senado de la República. Probablemente no sea necesaria la consulta militar que busca efectuar el señor Presidente o probablemente la pregunta cambie y el apoyo lo pida para que el Ejército tenga tareas de seguridad pública de manera indefinida.
La del martes, anunciada por el senador Ricardo Monreal, seguramente ya cuenta con el apoyo suficiente y el cabildeo de los Secretarios, tanto de Gobernación como de la Defensa Nacional, haya surtido efectos. Legalizarán lo que ya sucede.
La consulta, si se hace, marcará precedente y será emblema de la poca memoria, una ofensa a tantas víctimas, una amenaza a tantos activistas y periodistas.
Vaya cómodo lugar: cuando no hay cuerpos, no hay homicidios y por tanto, la estadística del Secretariado es un " logro en seguridad”, mientras las desapariciones han disparado los números y las calles con madres y niños deambulando con palas; cuando asesinan a algún activista, defensor o periodista, no pasa nada porque no fue el Estado, aunque sus otrora compañeros del crimen organizado hayan estado involucrados.