En Veracruz se reporta que hay más de 1,200 personas detenidas por un delito que instauró el Congreso de Veracruz el año pasado, a iniciativa del gobernador Cuitláhuac García: el delito de “ultrajes a la autoridad”.
Por “ultraje”, los diccionarios refieren que se trata de un “hecho o insulto que ofende a una persona” o una “injuria”. Así, el artículo 331 del Código Penal de Veracruz da de seis meses a dos años de cárcel a quien “amenace” a un servidor público veracruzano. Y bajo algunos supuestos, también subjetivos, la pena aumenta a siete años de prisión.
Con esta disposición penal cientos de personas han ido a la cárcel: desde adversarios políticos, a ciudadanos que han sido maltratados y/o robados por autoridades, e incluso cualquiera que se queja por alguna arbitrariedad de un servidor público.
Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una recomendación y los diputados de oposición, en el Congreso Veracruzano, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sabiendo que antier, lunes, el gobernador perdería su principal instrumento de censura y ‘control’ político, echó a andar una operación de estado para darle la vuelta a la Suprema Corte. Primero, hizo que su mayoría de legisladores morenistas sesionaran de manera extraordinaria y en fast-track el domingo por la tarde, para cambiar algunas partes del cuestionado artículo, aunque dejando los temas medulares de “ultrajes”. En dos horas habían acabado la discusión.
Segundo, con una velocidad inusitada, ya en la madrugada del lunes 28 de febrero, el día que sesionaba la Corte, se publicó en la gaceta oficial del estado de Veracruz el articulo reformado. Y para las 8:25 am del mismo lunes, ya había dos escritos presentados ante la Suprema Corte en los que la Secretaría de Gobierno veracruzana pedía a ésta dejar de llevar a cabo el juicio, toda vez que “la norma impugnada ha sido reformada o sustituida por otra”.
Pero la Corte no cayó en la trampa y el lunes falló en contra del esfuerzo que mete a la cárcel a los veracruzanos por ofender a sus funcionarios y lo declaró inconstitucional. El gobernador montó en cólera y declaró, según reporta Milenio, que reinstaurará el delito y que “seguirá con otro nombre”.
Así, es de llamar la atención el enorme interés del gobernador y sus legisladores por mantener un artículo inconstitucional y que se viene usando para abusar de los veracruzanos. Ojalá que con el mismo ahínco combatieran en Veracruz a la delincuencia organizada. Pero no, se combate al ciudadano que injuria u ofende a la autoridad. ¡Qué delicados nos salieron nuestros funcionarios jarochos!
Pero también muy grave la forma en que se trató de usar la maquinaria estatal para engañar a la Suprema Corte y evitar un juicio sobre un artículo que es usado para violentar Derechos Humanos. Y, desde luego, grave que las autoridades federales hayan guardado silencio en un caso ominoso: la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca impugnó; la Secretaría de Gobernación, responsable ahora de los Derechos Humanos, guardó silencio; y en la mañanera, en la que se habla tanto y de todo, el tema no mereció ningún comentario relevante. Parecería que en los hechos avalan la forma de conducirse del gobernador veracruzano.
Es una pena que cualquier gobernador, en el México del Siglo XXI, se pretenda erigir como un dictador. Más en un estado tan libertario y que ha luchado históricamente contra las imposiciones y arbitrariedades nacionales y extranjeras.
Ojalá alguien haga rectificar al gobernador de Veracruz. De lo contrario, me temo que este tipo de conductas y de delitos inventados para acotar las libertades de los mexicanos se propagarán por todo el país. Afortunadamente el lunes pasado hubo 10 ministros en la Suprema Corte que han marcado la línea que los jueces federales deberán seguir para con los nuevos actos arbitrarios que han anunciado vendrán de nuevo.
Bien por el Pleno de la Suprema Corte y muy mal por el gobierno de Veracruz. Quedan enormes interrogantes sobre un gobierno federal de “izquierda” ante su inacción en el tema. Un silencio que podría ser hasta cómplice.
Javier Tejado Dondé en Twitter: @JTejado