Poco transparente se ha convertido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); ha servido, por el contrario, para ocultar información de organismos autónomos y, en ocasiones, como ariete político para golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En días pasados, el INAI instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) buscar y dar a conocer los resultados de las evaluaciones de control de confianza de su titular, Rosa Icela Rodríguez, y de la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, información que la dependencia dijo, no cuenta con esos datos, ya que ambas funcionarias llegaron al cargo por designación directa del Presidente.
Una persona solicitó a la SSPC los resultados de los exámenes de control de confianza de la funcionaria; la dependencia de seguridad le informó que no podía responder a su petición porque los datos solicitados no existen.
Desde luego la persona solicitante no debe ser cualquier ciudadano preocupado porque la titular de la SSPC esté bien capacitada para encabezar la dependencia. Son otros los objetivos, y seguramente son políticos, uno de estos, es para descalificar ahora que está ubicada para ser la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la capital del país.
El comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez justificó que dar a conocer el resultado de las evaluaciones de control de confianza que consisten en la aplicación de cinco exámenes de tipo médico, toxicológico, psicológico, poligráfico, así como de entorno social y situación patrimonial, posibilitará a la sociedad obtener información para formar sus opiniones y poder evaluar las capacidades de las personas servidoras públicas.
Llama la atención que el comisionado, afirme que la solicitud es para “conocer si las personas servidoras públicas se encuentran capacitadas o no y (si) son aptas […] para el desempeño de sus funciones”. Efectivamente como señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo personal de confianza -incluidos los titulares de las dependencias- deben someterse a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
La Ley de Seguridad Nacional señala en sus artículos 62, 63, 64 y 65, que “ninguna persona estará obligada a proporcionar información a los servidores públicos adscritos al Centro”. (…). “Los datos personales de los sujetos que proporcionen información, serán confidenciales” (…). “En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales”.
Incluso, ni el propio Jefe del Ejecutivo puede dar esa información por protección de datos personales, y si fuera así, se sentaría un precedente peligroso para la seguridad nacional y para la vida e integridad física de los servidores y de la seguridad pública.
Sólo el mismo sujeto obligado, es decir, en este caso la secretaria y/o por una orden judicial, es como se pueden entregar los resultados de los exámenes de confianza, pero no para hacerlos públicos.
Adrián Alcalá Méndez se ha destacado como un opositor al gobierno morenista, y al interior del INAI, se ha convertido en un artefacto de la derecha. Como integrante del pleno del organismo votó a favor para designar a la politóloga Maite Azuela y al académico Sergio López Ayllón como parte del Comité Técnico de Evaluación encargado de analizar los perfiles de los eventuales candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) desde donde se fraguó la campaña “Al INE no se toca”, como publicó la revista Contralínea en diciembre pasado.
Incluso habría que recordar que el INAI había ordenado entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal que realizaba tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la FGR. Para su desventura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esa resolución.
La Corte destacó en su determinación que, si se validaba la orden del INAI, “la información requerida, podría comprometer el ejercicio de las facultades constitucionales y, con ello, la seguridad pública del país, en virtud de que la información podría ser aprovechada por los grupos criminales para conocer la capacidad de reacción de la FGR”.
Invalidó también la resolución respecto de la entrega de los nombres y cargos del personal administrativo adscrito a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada.
Es de suponer que bajo los mismos argumentos con los que la SCJN en mayo de 2022 invalidó la resolución del INAI con la que ordenaba entregar a un particular el nombre y cargo de todo el personal que realiza tareas sustantivas de investigación y persecución de delitos, adscrito a diversas subprocuradurías de la FGR, se debe anular la orden del INAI a la SSPC, para entregar los resultados de control y confianza de Rosa Icela Rodríguez.
Punto Cero
Autoridades de la Universidad del Conde se reunieron con el senador Ricardo Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política, para solicitarle apoyo en contra de los embates y los abusos que emite el secretario de Educación del de Veracruz, Zenyazen Escobar. Sucede que hay una investigación en su contra luego de que se ha evidenciado que le mintió al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y al presidente López Obrador al entregarle informes falsos para proteger a diversas asociaciones que buscan tener un monopolio de las especialidades médicas en México, por ello, el senador Monreal Ávila se comprometió a revisar este grave asunto.
Periodista | @JoseVictor_Rdz