”Tal vez ya no le importa mi gemido en el indiferente edén callado
en que el espíritu desencarnado vive como dormido...
Tal vez ni sabe ya cómo he llorado
ni cómo he padecido.
En profundo quietismo,
su alma, que antes me amara de tal modo,
se desliza glacial por ese abismo del eterno mutismo,
olvidada de sí, de mí, de todo...”
AMADO NERVO
‘Una mujer más’, pero a la vez no cualquier mujer. Se sabe: muy poco vale una vida en nuestro país, y menos si se es mujer.
En una soleada mañana de mayo Cecilia Monzón fue acribillada. Fue ultimada el día 21 luego de ser emboscada por civiles armados quienes les dispararon desde un vehículo mientras ella conducía su camioneta en el municipio de San Pedro Cholula.
Su asesinato, a plena luz del día, es muestra fehaciente de la inseguridad que priva en el país y particularmente del abandono en que nos encontramos como mujeres.
Una mujer que conocía la violencia machista mejor que nadie, pues se dedicaba a abogar por las víctimas de esta. Consagró su vida a defender a las mujeres como abogada y como feminista.
Desde 2019 había solicitado la protección del Estado en razón de las diversas amenazas de muerte de las que fue objeto. El año pasado reiteró su petición al denunciar que era víctima de intimidación y de violencia política. En su caso, como en el de tantas otras personas, la protección nunca llegó. Hoy la autoridad promete dará con sus asesinos. Ojalá eso sí lo cumpla.
Cecilia no es ‘una más’ porque su asesinato la convierte precisamente en el tipo de víctima que ella defendía: una mujer que no tiene el apoyo o la seguridad que debería brindarle el gobierno; algo que la pueda poner en igualdad de condiciones de poder/de defensa ante sus victimarios.
Más allá del discurso triunfalista de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, que se ufana de que el delito en México está disminuyendo, las cifras muestran la otra realidad, la de verdad: la curva de feminicidios comienza a aplanarse, pero la tendencia general sigue siendo positiva, ya sea que se le mida desde el 2018, el 2012 o el 2006.
En este sexenio van 36 periodistas asesinados, 11 de ellos en lo que va del año; más de 120,000 homicidios, 4,500 secuestros y 3 mil feminicidios. Tan solo abril fue el segundo mes con mayor número de homicidios y feminicidios en lo que va del año (esto dado a conocer por la propia SSyPC en la mañanera del día de ayer lunes).
El asesinato de Cecilia no es ‘uno más’, aunque así lo quiera hacer ver López Obrador. Y es que si bien lamentó él mismo diciendo que se trataba de un hecho doloroso, también lo calificó como un “ajusticiamiento”. Cuestionable: además de la tragedia en sí misma, el uso de ese término es atroz.
No se puede hablar o dar idea de justicia cuando la vida de una persona es tomada en prenda. Hace suponer que quien fue asesinado “debía” algo, donde los sicarios fueron sobre ella.
¡Nada más falso! Ni ella ni las miles de víctimas en el actual sexenio le debían nada a la delincuencia organizada. No hay justicia ni “pago” producto de sus muertes. El único que les sigue debiendo a ellas y a sus deudos es la autoridad (federal y local) al no encontrar a sus asesinos e impartir justicia. ¡Al no evitar los homicidios! Mal hizo el presidente AMLO en utilizar esas palabras que pronunció.
Y por lo que a decir que se trató de un “ataque directo, dado que los sicarios fueron sobre ella, sin ninguna duda” únicamente reitera el abandono del Estado al haberle negado durante al menos tres años (¡tres años!) la protección que la hoy víctima solicitada.
¿Cuántas mujeres se encuentran en esta situación? O peor, ¿las que ni siquiera tienen manera de pedir algún tipo de asesoría, ya no se diga protección?
Amenazas pendían sobre su persona por defender a las mujeres, por ser una abogada aguerrida, por haber señalado corruptelas, por exigir una pensión para su hijo y por el hecho de ser mujer. Una abogada que en la Fiscalía de Género de su estado, teniendo una carpeta de ingresada, solicitó saber porque llevaba un mes sin judicializarse su investigación y la denuncia que había presentado para su caso particular —y que después de años se había reactivado— a pesar de que existían todos los elementos para hacerlo. Una burla más a menos de 24 horas de su asesinato.
¿De qué carpeta de ingresada? En contra de Eduardo Zacatelco Quintero, ex candidato a alcalde de Cholula, Puebla por falsificación de firmas y violencia de género, derivando en que, en 2018, la registraran en el lugar 6 y no en el 2 para ser regidora por la vía plurinominal. En otras palabras, le quitaron en ese entonces la posibilidad de ser electa regidora.
¿Qué esperamos como país con un asesinato así? ¿La autoridad solo voltea cuando se trata de una reconocida defensora de las mujeres o, mismo eso, esperará al próximo asesinato, a la siguiente desgracia para pasar página?
El asesinato de Cecilia, como de miles de mujeres permanece impune; más allá del discurso vacuo, de las mujeres en oficinas y cargos en el gabinete sin voz ni opinión propia, este régimen muestra fehacientemente su odio hacia las féminas.
Desde las bardas en Palacio cada 8 de marzo, hasta el raquítico presupuesto a combatir la violencia de género; incluyendo la desaparición de programas cuyo fin era empoderar a las mujeres.
Este asesinato, como los que le anteceden, tiene un significado en nuestro país. Habla de la indolencia de las autoridades, del incremento de la violencia y de la proliferación de grupos delictivos. De un gobierno que hace bandera de la causa feminista, solo para menospreciarla y mofarse de ella a la primera oportunidad.
Los feminicidios diarios y las siete desapariciones de mujeres al día son reflejo de la ausencia del Estado de derecho para las mujeres y otros grupos vulnerables. Son el recordatorio que nadie quiere escuchar nada sobre la creciente inseguridad en la cual se encuentra el país. Sea en el campo, carreteras, industrias o cualquier calle de nuestras ciudades.
El feminicidio de Cecilia reitera cómo el cruce entre la violencia hacia las mujeres y la inseguridad se torna en una situación mortal. Diferente modo, pero así el asesinato de Debanhi Escobar, de Yolanda Martínez en Nuevo León o de tantas mujeres de las que solo contamos con estadísticas. Ni pensar en los casos de los que no se tiene conocimiento.
Lo que significa el asesinato de Cecilia Monzón no se circunscribe a Puebla y menos aún a una posible celada de Arturo Rueda, empresario y director del Diario Cambio —conocido en el ‘círculo rojo’ de esa entidad—, para afectar al diputado Jorge Estefan Chidiac, quien lo denunció hace siete años por extorsión (en estas fechas, coincidentemente, Rueda estaría próximo a recibir auto de formal prisión). Tampoco a que este pudiese querer evitar la prisión formal luego de que la UIF de Hacienda lo haya señalado de estar envuelto en un esquema de lavado de dinero junto con el legislador Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
No, más allá de eso, esta muerte es el terrible reflejo de un país que está desapareciendo al asesinar a sus mujeres. Donde las víctimas que piden apoyo al gobierno, porque se saben amenazadas de muerte, no lo reciben (este último solo se concede a ¿los agoreros del régimen? cuando le rompen sus lentes).
El asesinato de Cecilia no es ‘uno más’. Simboliza la ignominia y el olvido, el desprecio y la burla; un México en el que se está matando a las mujeres.