La tiranía morenista en el Congreso planea la semana que viene hacer una nueva reforma constitucional que elimine definitivamente los organismos del Estado que gozan de autonomía constitucional. Según se sabe, las funciones de algunos de ellos serán adscritas a secretarías de Estado.

En este contexto, bien vale repasar sucintamente la historia de estos organismos. El lector recordará que tras el fraude electoral de 1988 y la ilegimtidad del presidente Salinas, se inicia un proceso de reformas que buscaban desprender del Ejecutivo federal una serie de competencias para que éstas fuesen la responsabilidad de instituciones que no dependieran del presidente o del Legislativo, sino que contasen con independencia técnica y política.

El primer caso, como he señalado, fue en materia electoral. Con la creación del IFE y el otorgamiento de autonomía constitucional al Banco de México, tiene lugar un proceso que conduciría más tarde, en la segunda década del siglo, a la fundación de organismos como el INEE, COFECE, INAI, IFT, CONEVAL, INEGI, entre otros; cada uno surgido con fines y en tiempos distintos, pero todos con un objetivo compartido: ser independientes de los poderes de la Unión.

En este sentido, no se trata de una ocurrencia ni de un sinsentido que México cuente, a diferencia de otros paises, con esta clase de instituciones, sino que respondió en su momento –y aún lo hace ahora– a una exigencia de la ciudadanía ante el presidencialismo, la opacidad, el oportunismo político y el ocultamiento de información por parte del Ejecutivo.

Desafortunadamente estos organismos, desde su creación, fallaron en su estrategia comunicativa, pues fueron incapaces de transmitir los beneficios de su labor en favor de la transparencia, la evaluación educativa, la medición de la pobreza o la regulación del mercado en materia de telecomunicaciones. Derivado de ello, hoy se han convertido en presas de un régimen que pretende concluir su misión de destruccion de las instituciones del Estado.

La desaparicion de estos organismos representará un retroceso en las materias que son responsabilidad de cada uno. Si bien algunos pecaron en excesos presupuestales, su eliminación no está justificada a la luz de sus resultados. No es más, como he señalado, que una parte de la estrategia del régimen dirigida al acallamiento de las voces disidentes.