La mejor política criminal es una excelente política social, dicen criminólogos destacados al subrayar la indisputable concatenación de ambos fenómenos.
En nuestra entrega anterior además de rescatar el concepto de un profesor inglés de talla internacional como Thomas Humphrey Marshall de incluir a la seguridad, o como dice él, “el tratamiento del crimen” (1972) dentro de los temas de los derechos que integran una concepción del bienestar social, a saber, los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales, como integrantes de los derechos plenos de ciudadanía, afirmamos también que el logro de una seguridad democrática que conjunte estos preceptos integralmente, son incompatibles con el neoliberalismo debido a que esta ideología, teoría y doctrina, enfoca ambas problemáticas como compartimentos separados y sujetos a determinantes que los contraponen, como la libertad económica y de mercados, la abstinencia del Estado en las áreas sociales de la pobreza, la educación, etc., y al considerar que la seguridad pública y nacional, son un tema de las fuerzas coercitivas del Estado.
La política social en su más amplio despliegue no ha sido un espacio eficaz de la acción del Estado para oponerse al poder fáctico y efectivo que expresa el crimen transnacional, específicamente en México, no ha sido explorado en toda su valía e importancia (son muy pocos los trabajos con ese enfoque) como un macro factor coadyuvante para combatir las bases sociales que poseen las organizaciones criminales, que son amplias y de muchos años atrás, y dotar a la población más vulnerable que hoy es espacio de maniobra de la criminalidad para el reclutamiento, apoyo y roles específicos, de mecanismos de movilidad y promoción social. En otros términos, ofrecer expectativas de desarrollo personal, familiar y social, mediante las instituciones específicas, no principalmente con programas de asistencia pública. Pero mientras las cosas no puedan empezar a revertirse y la masividad de los fenómenos de pobreza comprenda a decenas de millones de personas, el asistencialismo es necesario. Incluso este en su forma más directa y sencilla no puede ser sustituido por el ejercicio de la fuerza legítima del Estado. Son rutas distintas separadas por mediaciones institucionales que no poseen la misma lógica.
Mucho menos la libertad económica y la libertad de mercado pueden sustituir a dichas intervenciones del Estado o la creación de mecanismos de asistencia social. Pero aquí es fundamental la forma en que se conciba al Estado: como concentración de las relaciones sociales que representa para su desarrollo justo y equitativo o como entidad garante de la libertad de los individuos, de su igualdad ante la ley y de su seguridad básica.
Al referirse a las políticas neoliberales en Brasil y México el siguiente autor analiza así sus orígenes y consecuencias:
“El crecimiento brasileño y mexicano no estaban siendo acompañados de una mejora generalizada de los indicadores sociales y que, en ambos países, la urbanización desgobernada, el envilecimiento progresivo de las condiciones de supervivencia, la miseria ominosa, el desempleo crónico, el bajo nivel de educación, el consumo y el tráfico de drogas, la lentitud en la impartición de la justicia, el colapso del sistema penitenciario y la impunidad dominante coadyuvaban en el incremento del crimen”. Luego: “no hay una solución mágica para la violencia (…) su contención no se hace sólo a través de medidas represivas, sino también mediante políticas públicas preventivas, de inclusión social, reformas de la legislación penal, procesal penal y de ejecución de la pena, así como el fortalecimiento de las defensorías, de los ministerios públicos y del poder judicial. (Oliveira, 2015.)
Es decir, con una política de prevención e inclusión social y política de reforma judicial, articuladas orgánicamente dentro de una misma concepción de política criminal no represiva por la vía de los cuerpos armados del Estado. Desde nuestra perspectiva no es todavía un enfoque completo, pero sí mucho más avanzado que la política reactiva de represión armada ensayada por los gobiernos anteriores en México. Aquí la política de prevención es el refuerzo de las políticas sociales que transcurren por otros conductos institucionales.
Dicha relación (política social, política de prevención del delito, y política de justicia criminal) son también un campo poco abordado desde la investigación académica y de la dinámica política bajo esos lineamientos, se han ocupado del tema bajo otros términos de la política social y de la política judicial-criminal, no como en su articulación virtuosa como macro factor coadyuvante en la lucha contra la criminalidad transnacional.
Y ello se debe en buena medida a que el paradigma neoliberal hasta poco antes vigente en México centró sus energías sociales, intelectuales y públicas en combatir al crimen transnacional particularmente con los medios coercitivos que posee el Estado, y ello fue considerado, no como un paradigma susceptible de sustituirse al tiempo de su agotamiento como tal, sino como un dogma, o axioma, inamovible, inmutable bajo gran influencia externa.
Ello paralizó parcialmente la investigación académica y política en el sentido supra indicado y se centró en la crítica a otros aspectos inherentes a los programas sociales y a la política social en general: la debilidad de las políticas asistencialistas, la necesidad de abrir los mercados para generar empleo estructural, la no intervención en el mercado para desarrollar la libertad económica, la necesidad del equilibrio fiscal a toda costa. Al no resultar exitoso todo ello, quedaron sus secuelas: el abatimiento de los ingresos de las mayorías populares, el crecimiento exponencial de la miseria, la pobreza y extrema pobreza, la fragilidad de las instituciones de apoyo social del Estado galopante como tema de Estado (educación, salud y otras) en paralelo a una montaña de muertos, desaparecidos y desplazados, encarcelados y de una corrupción galopante y extendida convertida en problema de Estado.
Nunca el crecimiento de las carencias sociales (a pesar de ciertos esfuerzos pero que no tomaban en cuenta la contradicción de fondo entre los términos comentados de una teoría y doctrina liberal) fue tan grande. Llegar a la segunda década del siglo XXI con 80 millones de pobres en una población de 120 millones de habitantes fue una devastación monstruosa, y con una distribución de la riqueza producto del terror económico, en donde una elite ha tenido secuestrada la inmensa mayoría de la renta nacional.
En consecuencia, la Sra. ingeniera Xóchitl Gálvez debe pensar mucho en todo lo anterior antes de andar declarando que regresaría a una política de “guerra contra las drogas” como la de Felipe Calderón en donde el Estado fue capturado por el crimen transnacional organizado, y que rehabilitará a personajes como el exgobernador Cabeza de Vaca al frente de tales políticas, teniendo expedientes abiertos en México y EUA por presuntos lazos con la criminalidad trasnacional.
El camino es el reformismo social lo más estructural que sea posible. Históricamente, la primera política pública de este tipo surge del economista alemán Gustav Schmollër como una forma estatal de intervención en la economía (“moralización” le llamaba) regulando las formas de asistencia y protección del trabajador contratado, por ello, su disertación y propuesta iba ligada al mundo en el derecho del trabajo y de las relaciones laborales, durante la acelerada industrialización y urbanización de Alemania, el tránsito del Estado prusiano al Estado alemán de los siglos XIX-XX. No obstante, rechazaba la economía clásica.
Considerado primero que nada como un reformista social, la influencia de su pensamiento se extendió a lo largo de Europa y hasta la Progresive Era en los EUA (se conoce así al movimiento reformista en lo social y político ocurrido durante las décadas de 1890-1920; muchos de los cambios planteados se concretaron durante el New Deal de F.D. Roosevelt). Luego el reformismo judicial y de la concepción de la justicia para ligarla indisociablemente al bienestar social integral. Es el camino.
Pero por fortuna, otras fuerzas sociales y político-ideológicas están ya preparando su arribo al timonel del Estado con amplísimo apoyo social para aplicarlas. Sin duda será el programa de la Dra. Claudia Sheinbaum y su equipo.