En el juicio ya abierto que inicia hoy en Nueva York contra Genaro García Luna, éste con toda la culpabilidad posible que pueden fincarle, tiene un as bajo la manga: denunciar a los grandes corruptos de EUA. Veremos.
En realidad, el juicio de Vicente Zambada el “Vicentillo” (el primero), el del Chapo Guzmán (el segundo) y el de Genaro García Luna (el tercero) son un mismo proceso judicial: el tercero derivó del segundo, y el primero influyó definitivamente en la realización del segundo (una vez capturado y extraditado el Chapo Guzmán), pero además los actores centrales, imputado y con acuerdo judicial el primero (15 años de sentencia, y luego, “testigo protegido”), acusado y sentenciado el segundo (cadena perpetua al Chapo Guzmán), e imputado y en juicio el tercero, están íntimamente relacionados. Son los tres, personajes protagónicos de una misma trama criminal. Si hay otros juicios que se deriven de este tercero (el de García Luna), se estará conformado un macro proceso judicial mafioso a la gran criminalidad transnacional mexicana, aunque en una corte extranjera, por la fuerte gravitación, es decir, por la jerarquía delictiva de los involucrados.
En la entrega anterior documentamos el proceso histórico de penetración y luego captura del Estado mexicano: el primero durante el largo trayecto del siglo XX (desde su tercera década) y el segundo durante los tres sexenios que corren entre los años 2000-2018.
La captura del Estado se desarrolló mediante cuatro componentes: el grupo criminal que logra hacerse del poder y controla lo fundamental, de los mecanismos en la administración pública federal, el Congreso de la Unión (con mayorías legislativas sólidas junto a los aliados) y provoca la neutralización del Poder Judicial o su escasa respuesta, integran una sola doctrina económica y política a través de la cual realizan los más diversos actos y procesos desde el gobierno, integran una red de actores delictivos, nacionales y extranjeros, privados y públicos con poderosos intereses corporativos, que actúan como inmenso poder fáctico o semi-legal, el centro estratégico de esta red es el nodo principal, el vértice de poder en el Estado, el Presidente de la República, que dota a la red de impunidad completa.
Para que los integrantes de un poder sexenal mantuvieran la impunidad y dotaran de la misma a los nuevos integrantes, era necesario darle proyección transexenal, ampliando y profundizando la red criminal, estructurada en torno al tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, y en torno a la explotación y apropiación del patrimonio del Estado, el conjunto de sus activos.
Así se formó en México el Cartel Político Transexenal del periodo 2000- 2018. Logró la captura del Estado con lo que Jürgen Rooth llamó una “Mafia de Estado”. El triunfo de AMLO generó los términos de ruptura de la continuidad. Y comenzó una nueva historia. Hechos del Cártel Transexenal:
Genaro García Luna condensa, porque fue puntal, uno de los cuatro liderazgos principales de la red transexenal (más los tres ex Presidentes de ese periodo), actuó desde el CISEN y luego la AFI (2001, integró a la Policía Judicial Federal, que no sólo fue agencia de investigación, sino cuerpo policial civil) con Vicente Fox; llegó a la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad con FECAL (en 2006 unificó la Policía Federal Preventiva y la AFI, surgió la PF. Luego eliminaron a la AFI y surgió la Policía Federal Ministerial), después tuvo una actuación colateral en algunas coyunturas y asuntos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Gran personaje GGL que fue abandonado por sus anteriores aliados en gobiernos de EUA, porque la afectación de los intereses vitales del Estado americano hacía indispensable actuar en su contra, ha sido una acción de ruptura de las alianzas habidas. A García Luna en Nueva York lo conocen como Mexico’s top cop o “el J. Edgar Hovver mexicano”.
I. La vertiente criminal de explotación o apropiación de los activos del patrimonio público.
La concesión del mineral ubicado en San Juan de Sabinas Coahuila fue otorgada por Vicente Fox a una minera extranjera en 2003. La concesionó por 50 años (2053). Recientemente hubo una inmensa tragedia de mineros atrapados en una explosión. (revistaelpolitico.com, 2023). La mina de Pasta de Conchos en el mismo municipio perteneciente a la empresa Grupo México, del empresario German Larrea habría registrado varias fallas de seguridad desde el año 2000. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en la última inspección realizada el 12 de julio de 2004, se asentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas y muchas de ellas de extrema urgencia. No hubo autoridad pública que obligara al grupo empresarial a cumplir las condiciones de ley para su explotación y contratación de trabajo. Para este grupo empresarial no existió la legislación laboral. (El Universal, 2022).
El precio de venta de la mina de Cananea fue “un obsequio”: el valor en el que el gobierno federal aceptó la venta fue de $475 millones de dólares, cantidad que era la mitad de lo invertido por NAFINSA en la modernización de sus instalaciones. Eso sin considerar que NAFINSA misma a principios de 1989 había cotizado la mina en $2,000 millones de dólares. Las finanzas públicas perdieron más de $500 millones de USD en este “brillante negocio”. Se actuó criminalmente con una transferencia neta de activos financieros desde lo público a lo privado sin consentimiento de ningún otro poder.
La venta dejó sin prestaciones laborales y con despidos masivos a los trabajadores. Tampoco hubo leyes laborales que respetar. Fue un regalo a manos privadas el precio de remate. (notasdesonora.blogspot.com/) Lo empezó Zedillo al declararla en quiebra y lo concluyeron Fox-Calderón en 2007, limpiando la operación por completo. Entre Fox y Calderón entregaron en concesiones mineras a empresarios nacionales y extranjeros 8.3 millones de hectáreas tan solo en Michoacán, la sexta parte del total del territorio. Los territorios controlados por mineras en ese Estado pasaron de 6.0% a 19% (entre 2004-2011). Las empresas beneficiarias son originarias de Estados Unidos, Canadá, India, China, Australia y Argentina-Italia.
Durante el gobierno de Vicente Fox se firmaron 15,753 contratos de concesión minera a precios de regalo: el costo por hectárea para apropiarse del terreno era de $5.0 pesos el m2, además con exención de impuestos, la tasa de impuesto sobre el derecho de explotación minera fue de 1.2% el valor de la producción, durante el periodo de 2005-2010, condiciones bajo las cuales se explotaron 24.9 millones de hectáreas, teniendo la opción legal de refrendar las concesiones obtenidas por otros 50 años. (Cruz, Francisco: 132, 2020). Sólo un gobierno capturado accede a cuasi-regalar la tierra y la riqueza minera contenida en el subsuelo.
Lo insólito llegó cuando los cárteles del narcotráfico que ejercía control de amplios territorios con yacimientos minerales, se apropiaron de ellos y comenzaron a explotarlos y mediante empresas propias o expropiadas o asociadas, comenzaron a explotarlos e incluso a exportar al extranjero la producción. El caso más conocido fue el de la Familia Michoacana y luego los Caballeros Templarios que a partir del control del Puerto de Lázaro Cárdenas, se apropiaron de una riqueza minera inmensa.
Pero también los Zetas (este modelo de extorsión era el “cobro de derecho de piso”, entre 150,000 y 500,000 pesos mensuales) en el norte de México. La Policía Federal dirigida por Genero García Luna y las autoridades laborales a cargo del secretario del Trabajo Javier Lozano, protegieron o permitieron por vacío de autoridad, toda esta expoliación de la riqueza nacional, la “legal” (la criminalidad transnacional extorsionaba a 300 empresas mineras sin protección de autoridades federales) y la ilegal, ante la resistencia de los mineros agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, que eran reprimidos. Igualmente, sólo un gobierno con compromisos fuertes con las organizaciones criminales, capturado puede permitir sin resistir esta barbaridad económica-social. Los grupos criminales formaban parte de la red de impunidad transexenal sostenida por el funcionario más alto en la escala de poder. Pero la lista es grande.
Continuamos en próxima entrega.