Un proceso de captura del Estado como lo refieren los teóricos establece cuatro requisitos de concreción: I) un grupo potencialmente criminal o fáctico con amplias relaciones y posiciones dentro del aparato del Estado, en sus instituciones, y con poderosos intereses corporativos que se integran o amplían hacia la esfera privada, nacional y/transnacional; II) la disposición activa del personaje (hombre o mujer) ubicado en el vértice del poder del Estado para participar de los intereses sociales que han estructurado al grupo potencialmente criminal, a partir del control de aquellos que puede incorporar ahora y en el futuro, además de los bienes y activos públicos (patrimonio del Estado), con lo cual enriquece inmensamente las capacidades delictivas y de apropiación de riqueza privada-pública del grupo criminal; III) la conformación para estos efectos de una red criminal que se extienda por las instituciones del Estado, de la Federación, de los Poderes de la República, hacia las corporaciones empresariales y no de carácter privado, y en su caso, allende las fronteras; y IV) lo fundamental, la capacidad del vértice del poder y centro estratégico de la red (nodo principal) de proveer impunidad al conjunto de los integrantes de la red criminal (incluyendo los ubicados allende las fronteras nacionales) por el tiempo más largo posible.
Durante todo ese lapso el Estado funciona en sus partes fundamentales (su funcionamiento y estructuración real es heterogénea) como un mega ente público capturado, sometido a los intereses sociales corporativos de la red criminal, los cuales predominan abierta o encubiertamente en su funcionamiento más general. Esto es resumidamente el proceso enunciado.
Por ello, no cualquier funcionario público o instancia de poder privada puede estructurar una red criminal porque no puede asegurar la impunidad indispensable. Sin ello, su debilidad y riesgo sería extremo. Debe ser el sujeto ubicado en el vértice del poder, quien controla las riendas de los mecanismos de acción y reacción en las instituciones públicas. Obviamente esto es imposible en un régimen plenamente democrático, pero muy frecuente en los regímenes autoritarios, de corte civil o militar.
En México el crimen organizado (CO) ha penetrado (no es lo mismo que capturado) espacios concretos del aparato del Estado en sus instancias federales, o de la República (de algún espacio de sus tres poderes) desde hace muchas décadas: las casas clandestinas de apuestas vinculadas a los gobiernos estatales y/o locales, los plantíos de marihuana y adormidera en Sinaloa, Sonora y Baja California, luego en los años 30 en Jalisco, con líderes identificados como Rodolfo Valdés “el Gitano” en Sinaloa vinculado en el negocio con el gobernador de Sinaloa Rodolfo T. Loaiza, al que luego asesinó, y otros diversos casos en la forma que lo plantean autores como Luis Astorga y Diego Osorno, por ejemplo. Y en el caso de la cocaína traída a México por el grupo de Lucky Luciano (jefe de la Cosa Nostra en Nueva York, mediante Virginia Hill y Bugsy Siegel, que abrieron el mercado de cocaína en México y lograron penetrar el primer círculo de poder del Presidente Miguel Alemán, y algunos miembros del ejército mexicano (años 50). Así que esas redes limitadas de criminalidad público-privadas no es nueva como hecho histórico, sí en su amplitud y profundidad, lo que provocó un cambio de calidad en la realidad criminal de México.
Esta penetración fue ampliándose en segmentos diversos del Estado: prosiguió en los sexenios de 1988-2000, son muchos los ejemplos que no hay espacio para referir. Están disponibles para cualquier lector, desde los hechos del aeropuerto de “Agualeguas” y las acciones relativas al hermano del expresidente, aeropuerto llamado también “de los Salinas”, proceso confirmado por Miguel de la Madrid en entrevista con Carmen Aristegui, hasta la nómina de Amado Carrillo Fuentes con funcionarios y militares del gobierno del Dr. Ernesto Zedillo, de los que habló ampliamente la prensa mexicana.
Fue durante el periodo del trisexenio de 2000-2018 cuando se posicionó el Crimen Trasnacional Organizado, el articulado en torno al trasiego multinacional de estupefacientes y el lavado de dinero como base de sus organizaciones criminales, y la vertiente criminal imbricada en función de la explotación y/o apropiación de los activos patrimoniales del Estado, cuando paulatinamente pero con amplitud y solidez logró este Cartel Transexenal la captura del Estado en los términos arriba descritos.
Por ello, los pactos de impunidad durante cada sexenio y los pactos de impunidad transexenal, que incluyeron a los sujetos integrantes de las redes delictivas públicas-privadas fueron sustentados desde el vértice del poder. En ello pasa a segundo o tercer plano las filiaciones partidistas y seudo ideológicas, lo fundamental es el control del Estado desde las Presidencias de la República para preservar el proceso de captura, para renovarlo con viejos y nuevos actores, incluyendo los extranjeros.
Se estructuró así en estos años mencionados un Cartel Transexenal de Crimen Organizado, corrupción de Estado e Impunidad. Esto es un hecho histórico consumado en nuestro país.
El proceso judicial contra Genaro García Luna en la Corte del Este de Nueva York condensa históricamente este proceso mexicano. ¿Por qué? Porque la captura del Estado en México afectó intereses nacionales de los EUA, a pesar de que los Presidentes y funcionarios mexicanos y empresarios privados y miembros de cuerpos armados que pudieron participar en tales redes de impunidad criminal, poseían nodos de apoyo en funcionarios importantes de los gobiernos de EUA. No les alcanzó.
Porque en el contexto nacional mexicano de un gobierno de ruptura de la continuidad sexenal (el de AMLO), han perdido casi todos los apoyos logrados, porque trastocaron los propios intereses vitales del Estado de la Unión Americana y uno de sus poderes, el Judicial (la Corte), decidió actuar en contra de uno de los dos líderes de las redes criminales mexicanas de impunidad, la del secretario de Seguridad Pública (2006-2012), debido a la altísima sensibilidad que hay en dicho Poder Judicial y en la sociedad estadounidense al tema del crimen transnacional organizado y el trasiego de drogas prohibidas hacia EUA. No fue un error es que la lógica de la red de impunidad criminal incluyó los poderosos intereses de los grupos organizados de la criminalidad trasfronteriza dedicados a los enervantes prohibidos y el blanqueo de capital. Se golpeó con fuerza los intereses vitales del Estado americano. Por ello reaccionaron.
El cartel transexenal incluyó también el ejercicio de los mismos principios de doctrina económica-social, la afectación de empresas del Estado con contratos leoninos para explotación de recursos y bienes públicos favorables en extremos a empresas privadas, compras de empresas del sector privado a sobreprecio afectando profundamente el patrimonio público. Lo contratos de servicios profesionales, de explotación, y la modificación del marco constitucional para hacerlos posibles, fueron impulsados por la alianza política (PRI-PAN) del Cartel Transexenal, lo que permitió la preservación de las redes de impunidad. Por ello, incluso intercambiaban (pero con la misma doctrina económica y financiera) o mantenían algunos altos funcionarios públicos filiales al Cartel Político Transexenal, instituciones como Hacienda, Banco de México, Secretaría de Economía, Sistema de Administración Tributaria. Y también con las mismas grandes empresas privadas nacionales y extranjeras integradas al Cártel.
Continuaremos en la próxima entrega.