Los decretos presidenciales no son por sí mismos ilegales ni ilegítimos. Sin embargo, en las discusiones sobre ciencia política, los analistas se suelen referir a estas figuras como sinónimos de tiranía y autoritarismo. Esto no es el caso obligatoriamente. Por el contrario, los decretos (u órdenes ejecutivas como son conocidas en algunos países como los Estados Unidos) son actos de política pública que buscan ejercer el poder presidencial a través de sus respectivos ministerios, a la luz de las competencias contenidas en el marco de la Constitución y de las leyes.
El decreto que expidió el presidente AMLO publicado en el DOF el pasado 22 de noviembre en relación con las obras prioritarias del gobierno y la agilización de permisos sí que levanta cuestionamientos. En opinión de José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, el decreto es claramente inconstitucional pues atenta -así lo expresó- contra varios principios constitucionales tales como el de la legalidad pues viola la letra y espíritu de las leyes.
En adición, otros constitucionalistas han advertido que la declaración de interés público y de seguridad nacional a cualquier obra o proyecto conlleva el riesgo de blindar cualquier información relacionada con ellos ante la posible -y legal- injerencia de organismos ajenas al Poder Ejecutivo que pretendiesen exigir la rendición de cuentas por parte de las secretarías del ramo. En otras palabras, puede atentar contra los principios de transparencia exigidos por la sociedad mexicana y contenidos en nuestro marco legal.
El presidente AMLO, por su parte, defendió el pasado lunes la legitimidad del decreto mediante el argumento de la urgencia de dar celeridad de los proyectos, por lo que se justifica, a juicio del jefe del Ejecutivo, cualquier acción dirigida a avanzar lo más rápidamente posible hacia la conclusión de las obras. En palabras del propio presidente, resulta necesario “empujar al elefante” en alusión a los trámites y procedimientos (exigidos por las leyes) que ralentizan el avance de los magno proyectos.
Sea como fuera, y a reserva de conocer eventualmente acciones de inconstitucionalidad presentadas por instituciones del Estado mexicano competentes para hacerlo, el decreto presidencial sí que ha levantado serias interrogantes en torno a su legalidad, y aun más acuciante, sobre las intenciones que yacen detrás del actuar del mandatario.
Veremos las querellas en las cortes y, desde luego, las voces de la oposición que ya se han hecho escuchar. Y mientras ello ocurre, el presidente continúa gozando de una popularidad envidiable para cualquier mandatario en el mundo al inicio de su tercer año de gobierno.
José Miguel Calderón en Twitter: @JosMiguelCalde4