No resulta sorprendente para nadie que AMLO y su régimen hayan emprendido una nueva campaña de desprestigio contra Carlos Loret de Mola, Brozo, Lorenzo Córdova, Jesús Silva Herzog y Denisse Dresser con motivo de su trabajo en Latinus, léase, el principal medio de oposición al lopezobradorismo.
El jefe del Estado mexicano, sin el menor miramiento a su estatura como presidente de todos, ha recientemente dirigido a la UIF, a cargo del insufrible Pablo Gómez, para investigar los ingresos, percepciones, egresos y todo lo relacionado con las finanzas de Latinus. Como he señalado, no es sorprendente, especialmente en un régimen que desdeña abiertamente los principios de la democracia liberal.
Si bien Gómez aseguró ayer que solamente Latinus estaba bajo investigación, y no así sus colaboradores, ha quedado bien claro la profunda animadversión de AMLO hacia Carlos Loret de Mola. El lector sin duda recordará cómo el presidente exhibió el año pasado el desglose de los ingresos del periodista.
Se trata de una estrategia bien conocida. Así como lo hizo AMLO con María Amparo Casar, estima que “ventilando” los ingresos de sus opositores alcanzará su objetivo: desacreditarles públicamente para que sus opiniones, análisis y reportajes queden sin credibilidad. En la lógica del tabasqueño: “desacredito a Loret, desestimo sus investigaciones”.
¿Y cómo no podría AMLO considerar a Loret su enemigo número uno cuando éste, mediante su trabajo en Latinus, expuso la supuesta red de corrupción en la asignación de contratos del gobierno federal con personas cercanas a los hijos del presidente? ¿o la casa gris del hijo mayor?
Si, si. AMLO ha refutado las investigaciones de Loret y ha buscado lavarse la cara. Y lo ha hecho muy bien. Apoyado en su extraordinario genio comunicativo y su maravilloso talento político, el tabasqueño ha sorteado los embates de Loret. Hay que reconocerlo, aunque duela. AMLO les ha batido.
A reserva de que algún día se abra una carpeta de investigación contra los hijos de AMLO o contra alguno de los tantos opositores que el presidente llama corruptos, la realidad es que el jefe del Estado mexicano, cuyos días en el poder están contados (oficialmente en Palacio Nacional) utiliza el omnímodo poder presidencial para destruir a los medios críticos, en una vulgar contravención de la ley y en una clara violación de los fundamentos de la democracia liberal.